"Siempre hubo problemas con las licencias médicas y esto no es nuevo, ahora se nota más"
Mateo Rodríguez, — Dirigente profesores normalistas.
"La restricción de la propaganda ha jugado en contra del conocimiento (de los candidatos)"
Alejandro Navarro, — Senador de la República.
Según datos de la Subsecretaría del Trabajo, la mano de obra especializada en el rubro forestal, han hecho que empresas como Arauco, hayan hecho realidad el plan que pretende brindar capacitación y asegurar un puesto laboral a quienes participen en el nuevo Centro de Capacitación y Formación de Trabajadores Forestales.
La venta de viviendas en Chillán y Chillán Viejo registró una caída de un 17,32% según lo indicado por la Cámara de la Construcción ( CChC) en Chillán. Lo anterior se debe a varios factores de acuerdo a lo explicado por el Vicepresidente de esta entidad chillaneja, Ricardo Salman, entre ellos a la
desaceleración económica.
Es en el dictamen Nº78.351 que emitió Contraloría Regional, el pasado 2 de octubre, en el que se establece que Lorena Jardúa, alcaldesa de San Fabián, y el concejal Juan Carlos Parada, deberían ser suspendidos de su derecho a sufragio y al ejercicio de sus cargos, hasta que se aclare la causa penal por el fraude electoral que se les imputa.
La educación municipal en Chillán lleva años perdiendo matrículas y debiendo hacer frente a un déficit de recursos que cada año deben ser aportados por las arcas de cada consistorio para hacer frente a los costos que implica el sistema. De acuerdo al Plan Anual de Educación Municipal (Padem) de Chillán, para el año 2017 el municipio deberá entregar cerca de $2.500 millones para asegurar su operatividad.
No obstante, de acuerdo a cifras obtenidas vía Transparencia por Diario Crónica Chillán, un porcentaje importante de los gastos asociados al funcionamiento de los establecimientos educacionales tiene su origen en el alto número de licencias médicas de funcionarios administrativos y docentes que dependen del Departamento de Educación Municipal (Daem). Si bien, desde esta repartición bajan el perfil al problema, asegurando que no afecta a la calidad de la enseñanza que se imparte en los recintos municipalizados, lo concreto es que durante ocho meses de este año 2016 el Daem ha debido prácticamente duplicar los recursos destinado al pago de remuneraciones a raíz de las 2.762 licencias presentadas en el periodo. Esto implica el pago de los sueldos de los funcionarios en reposo médico más el reemplazo de dicho docente o administrativo durante el tiempo que establece el documento médico.
En total, en Chillán, este ítem suma 50 mil 329 días de licencias médicas entre los funcionarios que las han requerido, con un promedio de 18 días de duración. Sin conocer el motivo que explicaría las bajas, sólo la cantidad de licencias prácticamente iguala a la cantidad de funcionarios, que sólo entre asistentes de la educación y docentes en Chillán llegan a los 3.578 (son contar a los funcionarios del propio Daem). En voz de los concejales, detrás de esta problemática existiría un presunto abuso que debiese ser investigado por parte de las autoridades competentes y establecer si corresponden a licencias correctamente emitidas por los profesionales idóneos. Llama profundamente la atención que tanto desde la Dirección Provincial de Educación como del propio Colegio de Profesores no observen una dificultad mayor en esta situación, por cuanto cambiar a un docente implica un cambio en la metodología de enseñanza que reciben los alumnos, que sin duda impacta en el resultado.
Si a esto se suma que parte del déficit que exhibe hoy la educación municipal de Chillán es que pese a la baja en las matrículas, la cantidad de docentes contratados se mantenido prácticamente inalterable, entonces se va produciendo un círculo vicioso que tarde o temprano tendrá un impacto mayúsculo en la calidad y que en parte podría explicar el éxodo de escolares hacia el sistema subvencionado.
La vergonzosa actuación del Sename, que ha reconocido que más de 200 menores han fallecido en una década, junto a una mala administración de los centros de atención para niños y niñas de Chile, debería hacernos reconocer el profundo fracaso del Estado para responder a esta urgente realidad.
Sorprende que el gobierno esté constantemente recordando principios de derechos humanos y que no haya puesto más atención al respeto de los derechos del niño. Parece que cuando los tratados internacionales nos condicionan a seguir los pasos de otras naciones, bajo el argumento de no quedarnos atrás, la atención se centra más en los grupos que hacen ruido pero olvidan a los que no pueden levantar su voz para defenderse o denunciar. Así se está dando con el proyecto de ley que promueve el aborto y la falta de atención a los signos claros que, desde hace más de una década, se constatan en centros del Sename, donde los maltratos y abusos son tan graves que han conducido a la muerte a 210 niños en la última década.
El tema trasciende a un gobierno en particular y debería ser objeto de atención de todos los chilenos, la indolencia ante la realidad que existe embarga a toda la sociedad y requiere de una renovada toma de conciencia de que es necesario diseñar políticas públicas integrales de atención a los menores. Los anuncios realizados por el ejecutivo, para mejorar las condiciones de vida de los hogares y niños, no pueden quedarse en medidas para atender lo inmediato pues lo que se necesita ahora son políticas claras que se proyecten al futuro, independientemente de los gobiernos que vendrán en los próximos años. No bastará con los $ 2.500 millones, destinados principalmente a la infraestructura e inmobiliario, hay que corregir los problemas de fondo y cambiar el rumbo que se lleva para humanizar la atención a los menores.
Sin abordar los problemas de la infancia, nada se saca con forzar reformas, ofrecer gratuidad, promover el aborto, o impulsar políticas cargadas de ideologías foráneas a la identidad nacional. Hay que humanizar y aprender de la experiencia de años de tantas instituciones que, principalmente desde la Iglesia Católica, han sido nido de acogida para tantos niños y niñas, que hoy sirven a la sociedad con una clara intención de trabajar para que los derechos de la infancia sean respetados.
Carlos Pellegrin Barrera Obispo de Chillán.