Consultado ayer por la situación que vive por estos días nuestro país, en relación al hasta ahora incomprensible error cometido con el padrón electoral que afecta a más de 463 mil chilenos que fueron cambiados de su domicilio de votación, el abogado penquista Fernando Saenger reconocía en entrevista a Radio Bío Bío que se trata de una situación sin precedentes en la historia democrática del país. Saenger, en este sentido, es voz autorizada en materia electoral, pues ha participado como observador en otros procesos similares en países como Colombia.
Y en efecto, en sectores políticos no trepidan en tildar como un verdadero bochorno lo que hoy está ocurriendo con el proceso de elecciones municipales en Chile, a tal punto que expertos como Saenger opinan que los comicios debiesen suspenderse.
Lejos de considerar -hasta el momento- esta posibilidad, desde el gobierno decidieron bajar la tramitación de la ley exprés que buscaba resolver el problema con la habilitación de una tercera urna, por no contar con el respaldo político necesario para llevar a cabo esta modificación legal.
El escenario entonces será el más vergonzoso, los 463 mil 442 electores que sufrieron el cambio unilateral de su domicilio electoral por parte del Servel deberán decidir si sufragan en las nuevas comunas o, por el contrario, se abstienen de participar en una elección que es por lo demás voluntaria, generando una abstención que sólo en el caso de estos electores representa el 3,2% del padrón nacional. A esto se podría sumar la cantidad de impugnaciones judiciales que podrían surgir en virtud de los resultados de los comicios de este domingo y generar inclusive el riesgo comprensible de que se cuestione todo el proceso eleccionario.
En este sentido, si bien el gobierno no ha querido adelantar responsabilidades concretas en espera del resultado del sumario iniciado en el Registro Civil, lo que ya se ha generado es un desprestigio público -tanto nacional como internacional- de dos instituciones que son pilares del Estado, tanto el Registro Civil como el Servel, el que pese a su autonomía, no se escapa de los cuestionamientos inclusive desde la propia Secretaría General de la Presidencia, que alertó con antelación del problema que se vislumbraba.
El panorama, en definitiva, es hoy incierto. Tan sólo en la Provincia de Ñuble hay más de 10 mil electores que fueron cambiados arbitraria y unilateralmente, quienes no podrán ejercer su derecho Constitucional en la comuna donde residen y esto está generando un precedente nefasto para la ya alicaída credibilidad del aparataje estatal público.