Durante su reciente visita a la Provincia de Ñuble para inaugurar las obras del nuevo Puente Confluencia, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC), alabó abiertamente el modelo de concesiones que han implementado los últimos gobiernos desde la Concertación a la Nueva Mayoría para desarrollar proyectos complejos de infraestructura para el país.

Entre marzo de 2015 y marzo de 2016, el gobierno cumplió con su meta de concesionar proyectos por $1.500 millones de dólares llegando a generar contratos por $1.582 millones, incluido el Embalse Punilla, en la comuna de San Fabián de Alico. No obstante ello, el ministro se mostró más bien dubitativo cuando se le consultó acerca del porqué entonces el gobierno declinó seguir con el mismo sistema para la construcción de hospitales, como el de Chillán, respecto del cual Contraloría General de la República recién se encuentra en la etapa de toma de razón de la adjudicación del proyecto de construcción por $161 mil millones al grupo Astaldi SpA.

El secretario de Estado reconoció que en el seno del gobierno de la Presidenta Bachelet existe una discusión abierta en cuanto a emplear este mecanismo en la ampliación de la infraestructura hospitalaria.

Como se recordará, al término del gobierno anterior, del Presidente Sebastián Piñera, estaba en proceso de licitación internacional la construcción del nuevo recinto chillanejo, el cual fue bajado una vez asumido el mandato de Michelle Bachelet, para iniciar un nuevo proceso para financiarlo vía fondos sectoriales. Hoy el cronograma de construcción y la disponibilidad de recursos es incierta, pues en el Presupuesto del 2017 sólo están incluidos $4 mil millones para iniciar la etapa de diseño.

Hace exactamente dos años, la entonces ministra de Salud, Helia Molina, de visita en Ñuble, afirmaba a los medios de comunicación -sobre el hospital de Chillán- que "al término del mandato de Bachelet, debería superar el 50% de su edificación". La realidad sin embargo es muy distinta, pues para las elecciones del próximo año no estará puesta ni siquiera la primera piedra del hospital y si bien no existe un cronograma detallado que se haya hecho público por el Minsal, resulta poco creíble que al 2022 las obras estén finalizadas como se previó en las fechas que se dieron a conocer el año 2015 al Congreso. Sin duda que ante tantos traspiés, cronogramas que no se cumplen, recursos disponibles que ni siquiera cubren el 10% de la totalidad de la obra, todo enmarcado en una situación económica desacelerada, la opción de haber concesionado el proyecto de Chillán parece hoy más que nunca que era la decisión más acertada.

Hace 3 años | 21 de Noviembre 2013

Carabinero chillanejo herido en emboscada

Hasta ayer, el Ministerio Público no recibía el aviso formal por el ataque del que fue víctima un grupo de carabineros en el sector del cruce San Ramón, en Tirúa, en donde uno de ellos resultó con una herida en una pierna. El hecho se suscitó alrededor de las 20.30 horas del martes, cuando personal regresaba de una patrulla.

Hace 2 años | 21 de Noviembre 2014

Hospital llegará al 50% de avance al final del gobierno

La ministra de Salud,Helia Molina, aprovechó su visita a la comuna de Bulnes para anunciar que al término del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet el nuevo hospital San Juan de Dios de Chillán será entregado con más del 50% de avance en sus obras. La titular del Minsal visitó ayer por primera vez la provincia desde que asumió.

Hace 1 año | 21 de Noviembre 2015

Escándalo por préstamos de ANFP salpica a Ñublense

Si bien en un principio se habló de que eran tres los clubes (Deportes Concepción, Unión Calera y Everton) que habrían recibido préstamos sin respaldo de la mesa directiva presidida por el ex timonel de la Anfp, Sergio Jadue, durante las últimas horas a ese listado se sumaron Antofagasta, La Serena, San Luis y también Ñublense.

La Presidenta de la República ha afirmado que habría un mal uso de los derechos de agua, por lo que anunció que se reconocerá constitucionalmente al agua como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas. Se aduce que debemos asegurar el agua para la bebida de la población y el saneamiento, en circunstancias que ello demanda tan sólo el 5% del total del agua aprovechada y el 1% del recurso disponible. Así, se exagera el riesgo y, de paso, encubren las crónicas falencias de infraestructura general y la responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas en el mal diseño de los pozos para el agua potable rural, al no prever la contingencia de la sequía.

El Código entrega más que suficientes herramientas al Estado para atender estas contingencias, sin necesidad de atentar masivamente contra los derechos ciudadanos, pudiendo incluso, focalizadamente, expropiar derechos, con las debidas compensaciones para asegurar la operación de los servicios de agua potable rural afectados.

En materia ambiental se propone establecer caudales ecológicos mínimos y diferenciados de al menos un 20% del caudal medio de la fuente de origen, con cargo a derechos vigentes, sin medir sus consecuencias para el sostén de las actuales explotaciones; se discrimina ilegalmente entre actores y se desentiende de que el problema hay que resolverlo con nueva infraestructura de regulación que permita aprovechar los cuantiosos recursos disponibles (80%) que, por falta de visión de largo plazo, se dejan correr al mar sin uso productivo. De acuerdo con nuestra tradición y legislación vigente, las aguas son bienes nacionales de uso público, aunque no lo consagre la Constitución. No son propiedad del Estado, sino que su dominio y su uso pertenecen a todos. Sin embargo, por tratarse de un bien escaso y altamente demandado, es necesario establecer un método de asignación para los usos particulares y que sean aprovechados productiva y eficientemente.

El Código de Aguas optó por la fórmula de constituir derechos de aprovechamiento que den seguridad jurídica y sean transables, de modo que el mercado los asigne según demanda y precio. Estos derechos están expresamente cubiertos por la garantía de la propiedad consagrada en la Constitución, y no pueden ser expropiados sin indemnización, precisamente para dar seguridad jurídica al inversionista, pues al ser el agua un insumo esencial, si no hay garantía de su disponibilidad, los proyectos se vuelven inciertos. Consagrar el agua como bien nacional de uso público en la Constitución es factible y no supondría ningún cambio en la situación actual, y como cualquier legislación podría ser sujeta a ciertos perfeccionamientos. Pero algo muy distinto sería cambiar el estatuto de los derechos de aprovechamiento. Transformarlos en meras concesiones revocables, sujetas a la discrecionalidad estatal, tendría efectos negativos en la seguridad jurídica de una variada índole de proyectos y, consiguientemente, en la inversión. Nuestros agricultores están disponibles para apoyar la adecuación del Código de Aguas a las exigencias de la hora presente, y estamos ciertos de que ello es posible de lograr sin tener que menoscabar sus derechos.

Frank Sauerbaum Ex Diputado por Ñuble, Ingeniero Comercial-MBA.