El tema de la inmigración en Chile se tomó la agenda de la última semana en el país y la Encuesta N°151 de Plaza Pública Cadem reflejó que no existe un consenso mayoritario en la ciudadanía acerca del tema, mientras que desde La Moneda se ha hecho un llamado a abordar la contingencia con altura de miras y no "construir muros simbólicos", tal como expresó la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez.
El sondeo de Cadem constató que un 41% de los chilenos considera buena la llegada de inmigrantes mientras que un 45% lo califica de malo. A su vez, sólo un 24% cree que Chile debe mantener una política de puertas abiertas, mientras que un 75% señala que se deben poner restricciones. Precisamente fue este antecedente el que obligó al gobierno a abordar una vez más el tema de la inmigración, frente a lo que es ya un debate instalado en la ciudadanía, para precisar que por una parte este fenómeno es de carácter global.
Según un anuario estadístico encargado por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, actualmente viven 410.988 extranjeros en Chile -y no los 470.553 que proyectó el Censo de 2002-, población que representa un 2,3% del total nacional, cifra que ha crecido un 123% desde la última medición de 2002. El mismo informe registra que el 60% de los extranjeros residentes tienen su domicilio en la Región Metropolitana y el 40% restante en regiones.
Lo anterior tiene lógicamente repercusiones sociales, con impacto en el empleo, las atenciones de salud y el acceso a la educación, por nombrar algunos, pero que no ha sido abordado a conciencia por los últimos gobiernos que inclusive han aportado escasos recursos para planes de integración y asistencia.
Hace más de tres años, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera envío un proyecto de ley sobre extranjería que fue postergado por la actual administración. Sólo una vez que el debate volvió a tomar fuerza se anunció un nuevo proyecto, cuyo texto se desconoce, para actualizar la normativa. Tampoco han existido los incentivos suficientes para atraer al país extranjeros que puedan aportar en los más diversos ámbitos académicos o productivos, incluso en ciencia y tecnología donde ha faltado ese aporte.
Es importante sumar al debate la necesidad de que exista un servicio público de mayor jerarquía que cuente con un programa para refugiados, establezca el debido control y apoye su inserción. Está claro que cerrar las puertas a la inmigración no es la solución, pero Chile debe estar mejor preparado para enfrentarla.