Danny Fuentes Espinoza

"En acuerdo", y pronto a resolver, se encuentra el recurso de protección que interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Chillán las familias de los dos escolares de enseñanza media que fueron expulsados del Colegio Concepción, tras ser vinculados a un supuesto microtráfico de marihuana.

La causa entre familia y colegio, ya judicializada, suma a otro actor gravitante, que es la Superintendencia de Educación del Bío Bío. De hecho, los jueces de la Corte solicitaron a esta última entidad que entregara un informe sobre sus resoluciones, siendo esta una "medida para mejor resolver".

En respuesta al oficio de los ministros, el director regional de la Superintendencia de Educación, Dalton Campos, comentó que la denuncia la ingresaron durante la segunda mitad de noviembre de 2016, y el 7 de diciembre, se envió el oficio 697, "sugiriendo al establecimiento reconsiderar la medida aplicada, dado que luego del análisis de los antecedentes, se han encontrado hallazgos suficientes para una presunta infracción a la normativa educacional, al no otorgar garantías suficientes y vulnerando su derecho a un justo y debido proceso", según da cuenta el informe de la entidad fiscalizadora.

A partir de entonces, según el mismo documento, el 19 de diciembre se recepcionó la respuesta del Colegio Concepción, "donde informa que la medida de expulsión se mantiene para el alumno en referencia", en alusión a ambos casos, de un menor de primero medio y otra adolescente de tercero medio.

Con estos antecedentes, el director regional de la Superintendencia de Educación declaró "no ajustado a la normativa educacional el procedimiento de cancelación de matrícula aplicado por el establecimiento Educacional Colegio Concepción de Chillán y ordena remitir a fiscalización". Esto último, podría decantar en una sanción monetaria al recinto.

Oposición

El abogado del Colegio Concepción, Eduardo Peñafiel, planteó ante los jueces su disconformidad porque la superintendencia envió su resolución, sin los descargos que hizo el establecimiento educacional para defender la sanción disciplinaria.

Es por ello que el abogado envió el recurso de reposición donde exponían que el Comité de Convivencia Escolar, después de varios interrogatorios a los alumnos involucrados, y la recepción de pantallazos de las conversaciones a través de Facebook que habrían sostenido, estimaron "que se trataba de una infracción gravísima al reglamento interno".

Además, aclaran que "la aplicación del procedimiento de investigación realizado por el establecimiento educacional fue mediante la activación del protocolo de agresión entre pares, generando una serie de acciones tendientes a indagar y resolver los hechos denunciados". Además, defendieron su reglamentación, ya que "no es necesario un procedimiento especial pues ya existe uno que es perfectamente aplicable y que contiene un justo y racional procedimiento".

Pese a que el mismo Mauricio Careaga, Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Salud en el Bío Bío, estampó el sello de cierre en el Centro Clínico Estético del doctor Cristián del Mauro, ubicado en calle Vega de Saldías; este supuestamente fue retirado por sus dependientes.

Es por ello que durante la mañana de ayer, la delegada provincial (s) de Salud de Ñuble, Paola Blasco Dávila, presentó una denuncia por el delito de "rotura de Sellos", ante la Fiscalía Local de Chillán.

La facultativa explicó que al haber reabierto el local, que contaba con la infracción, es constitutivo de delito, al infringirse el artículo 270 del Código Penal, que establece que "los que hubiesen roto intencionalmente los sellos puestos por orden de la autoridad pública, serán castigados con reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez sueldos vitales, en lo principal".

La denuncia nace a raíz del acta de inspección Nº 188018, que constató que los rótulos que señalaban "prohibición de funcionamiento" se encontraban destruidos, en el patio de dicho establecimiento.

Sobre el punto anterior, la autoridad señaló que a fin de esclarecer la situación y sin perjuicio de las diligencias del Ministerio Público, la Seremi de Salud realizó la denuncia para la investigación de los hechos y así determinar participación de responsables.

Infracción

El pasado 2 de diciembre, cuando se realizó la fiscalización del recinto, se detectaron múltiples faltas. Una de ellas era que el baño del personal era utilizado como cocina y guardarropa; que los extintores se encontraban en el piso y sin señalética; además, no se realizaba segregación de origen de las diferentes categorías de residuos.

"Se evidenció que la sala de esterilización no se encontraba con autorización sanitaria y el personal no contaba con certificado de autoclave ni pruebas reglamentaria", comentaron desde la Seremi de Salud.

Tres sujetos fueron detenidos a eso de las 20 horas del lunes en las afueras del cuartel de la PDI ubicado en la avenida O`Higgins de Chillán, ya que fueron sorprendidos por los detectives mientras se encontraban realizando grafitis en el frontis de la unidad policial.

Según comentó el comisario Manuel Quijada, jefe (s) de la Brigada Investigadora de Robos (que tiene asiento en dicho cuartel), los dos jóvenes y un adolescente no se percataron de la presencia de las cámaras de vigilancia que están apostadas en el exterior del cuartel, por lo que fueron rápidamente detenidos por personal policial que los capturó con prontitud.

Según explicó el comisario Manuel Quijada, al ser ingresados a la unidad policial, se contactaron con el fiscal de turno, quien instruyó que dos de ellos fueran dejados en libertad.

El tercero eso sí, que fue quien realizó el rayado en cuestión, pasó a control de detención en el tribunal de Garantía de Chillán, ya que habría incurrido en el delito de daño, con la calificante de tratarse de un edificio estatal y policial.

Además, al constatar los antecedentes del hombre, se constató que mantenía una orden pendiente por el delito de hurto. Por su parte, los otros dos sujetos que quedaron libres serán citados a declarar ante fiscalía.