Diversas críticas ha recibido en las últimas semanas el gobierno a raíz de su actuación en la emergencia ocasionada por los incendios forestales que se desataron en tres regiones del país: O'Higgins, Maule y Biobío, dejando tras de sí un saldo -sólo en nuestra región- de 115 mil hectáreas afectadas de bosques, cultivos agrícolas, viviendas y hasta vidas humanas.
Los cuestionamientos apuntan a la lentitud con que actuaron las instituciones más ejecutivas para obtener pronta ayuda que permitiera controlar el avance de los distintos focos de incendio y más aún, la nula capacidad de actuar preventivamente frente a un fenómeno que se sabía que sería complejo en zonas particularmente afectadas con la escasez hídrica. Ya lo reconocía en diciembre el intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, que el denominado factor 30-30-30 (altas temperaturas, presencia de viento y baja humedad) incidiría en una propagación más rápida de los siniestros en zonas con alta vegetación.
Una de las opiniones más experimentadas es la de Susana Fuentes, promotora de Ciudades Resilientes de la Organización de las Naciones Unidas e incendios forestales, quien además será una de las asesoras que aportará en la próxima discusión para crear la futura institucionalidad del Servicio Nacional Forestal, que a partir de marzo discutirá el Congreso.
La experimentada profesional, en entrevista aparecida en su edición dominical de Diario El Sur de Concepción, ha reconocido que la lentitud en el actual del gobierno ante la magnitud de la tragedia se debe más bien a una cultura reactiva de nuestro país más que preventiva. Asimismo, ha puesto énfasis en la necesidad de contar con una ley de gestión del riesgo, como existe en países como Costa Rica y Colombia, que anticipan estas dificultades con planes que se desarrollan anualmente.
En concreto, las autoridades nacionales tenían a la mano los antecedentes de una sequía preocupante en las regiones afectadas por los incendios, podían prever las condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego, y sin embargo, no hubo una anticipación a la emergencia.
Lo anterior refuerza una vez más la importancia de pensar en una institucionalidad más ejecutiva para las emergencias, con calidad de Ministerio, atendiendo a que en menos de una década nuestro país ha debido enfrentar catástrofes como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y ahora los mega incendios. Tanto Onemi, como Sernageomin o el SHOA de la Armada, Ejército o Defensa Civil, debieran actuar coordinados por un ente ejecutivo, como asimismo las Gobernaciones y los Municipios debiesen contar con encargados técnicos y preparados para actuar en casos de emergencias, y no ser éste un cargo político.
