Cuando miramos atrás y vemos el trabajo que se ha hecho en las últimas décadas en materia de prevención del delito, inevitablemente llegamos a una importante conclusión: no podemos seguir implementando políticas de seguridad desde el gobierno central, sin considerar el rol clave que juegan en esta materia los municipios y las autoridades locales. Esta es la gran idea que sostiene la Ley 20.965 que crea los Consejos Comunales y los Planes Comunales de Seguridad Pública, que tras un importante esfuerzo legislativo fue promulgada y publicada el pasado 9 de noviembre. Con la nueva norma, todos los municipios del país contarán con una institucionalidad específica para enfrentar sus problemas de inseguridad, de la que formarán parte los principales organismos que intervienen en la comuna.
En cada una de las comunas, el alcalde será el encargado de liderar y coordinar los consejos, para lo que dispondrá del apoyo del Intendente Regional, así como de representantes de la sociedad civil y miembros del Concejo Municipal. Es clave, además, el papel que jugarán las diferentes instituciones públicas y las policías. De ahí que cada consejo contará con un representante local de Carabineros, la PDI, Senda, Sename, Gendarmería y la fiscalía. Esta nueva institucionalidad permitirá que, por primera vez, estos organismos trabajen de manera coordinada para desarrollar, anualmente, un plan de seguridad pública para la comuna. Dicho de otro modo, una estrategia que aborde las prioridades de la comuna en materia de prevención del delito y proponga acciones concretas para enfrentarlas.
Es importante destacar que estos acuerdos y compromisos tendrán carácter de instrumento público, con metas y objetivos conocidos por toda la ciudadanía y que se ponen al mismo nivel de otros mecanismos de gestión, como el presupuesto municipal, el PLADECO o los planos reguladores. Esto quiere decir que el propio consejo tendrá la obligación de evaluarlos periódicamente y rendir cuentas a la comunidad acerca de su cumplimiento.
La principal novedad de este proceso es que se generará una política pública de seguridad que se adapte a las necesidades de las personas y a las particularidades de cada territorio de nuestro país. Es evidente que el diagnóstico no son necesariamente los mismos que se presentan en el Norte Grande o en la Zona Central, por ejemplo. Por lo mismo, cualquier política pública debe tener en cuenta la diversidad geográfica, económica y cultural de nuestro país, más cuando se trata de un tema tan relevante como es la seguridad pública. Son los municipios y las autoridades que intervienen directamente en el territorio quienes conviven más de cerca con las personas y, por lo mismo, mejor conocen los problemas de seguridad que enfrentan cotidianamente. Como Gobierno tenemos el deber de entregarles todos los recursos y herramientas necesarias para estos sean capaces de generar respuestas concretas, visibles y que efectivamente mejoren la calidad de vida de todos los chilenos.
Por Oscar Carrasco C. Subsecretario de Prevención del Delito.
