A la Corte Suprema llegó la contienda de competencia que hoy sostiene el Juzgado de Aviación (de Santiago) y el Tribunal de Garantía de Chillán, que se declararon aptos para conocer los antecedentes del accidente protagonizado por un soldado de la Fuerza Aérea (FACh) que en mayo de 2016, en la previa de la conmemoración del natalicio del comodoro Arturo Merino Benítez, ocasionó un accidente de tránsito en el centro de Chillán, dejando a cuatro personas con lesiones graves.
La polémica judicial nació en junio del año pasado, cuando se presentó en el tribunal de Garantía de Chillán una querella a nombre de Javier Acuña y Daniela Plaza. Ambos plantearon que se desplazaban en una motocicleta cerca de las 22 horas del 16 de mayo del año pasado, cuando fueron impactados por un camión de la Fuerza Aérea, justo cuando cruzaban por la intersección de las calles Constitución e Isabel Riquelme. Además, por la proyección del impacto, chocaron con dos peatones (Carlos Reyes y Paola Vera) que también sufrieron fracturas.
Hasta entonces, desde Carabineros informaron que se investigaba si el camión había cruzado la luz roja; no obstante, lo que no esperaban los heridos es que además se estableciera en la indagatoria que el conductor del camión fiscal, identificado como Axel Riquelme, era un sargento segundo que se encontraba supuestamente bajo la influencia del alcohol al momento del accidente.
Por ello, el tribunal declaró admisible la querella. Sin embargo, el 24 de agosto el fiscal de aviación Fernando Meza dio cuenta que ya había una causa abierta, y fue el juez Lorenzo Villalón quien en noviembre pidió al tribunal de Garantía local que se inhibiera de seguir conociendo la causa, aunque la respuesta fue negativa.
El 27 de diciembre, el fiscal de Aviación notificó con la declaración del inculpado que "se encuentra establecido que el mencionado sargento segundo Axel Riquelme viajó a la ciudad de Chillán conduciendo un vehículo fiscal de la Fuerza Aérea de Chile, en comisión de servicio, para cumplir con labores encomendadas propias de su especialidad (conducción de vehículos motorizados) y en momentos en que se trasladaba material de la institución, siendo escoltado por otro vehículo fiscal, impactó a la motocicleta que circulaba por la calle Isabel Riquelme, provocando la lesión de sus ocupantes y de algunos peatones que se encontraban cerca, todo lo cual nos lleva a concluir inequívocamente que nos encontramos ante un acto del servicio".
Además, se adjuntó el auto de procesamiento contra Riquelme por "delito de manejo bajo los efectos del alcohol con resultado de lesiones graves", considerando testimonios y peritajes de la Siat y del SML.
Hoy la causa está vigente en la Corte Suprema. El 27 de marzo, el fiscal judicial (s) Jorge Sáez entregó su informe a los ministros, opinando que "es competente para conocer de estos antecedentes el juzgado de Garantía de Chillán, al cual deberán remitirse todos los antecedentes, derivándolos al Ministerio Público".
Esto, basándose en que la modificación de la Ley 20.477 del 1 de noviembre de 2016 establece que los delitos cometidos por militares deben ser conocidos por tribunales ordinarios si la víctima es un menor o un civil.
Costosa recuperación de motociclistas
Javier Acuña, quien conducía la motocicleta que fue impactada por el camión de la FACh, señaló que junto a su pareja han invertido más de $15 millones en la recuperación. "Tuve fractura expuesta de rodilla y más de 12 fracturas en el pie, además de otra en el peroné. Por eso tuve que estar hospitalizado más de 3 meses", comentó. Su pareja también sufrió varias fracturas, tanto en la pierna como en la clavícula. "Tuve un 90% de posibilidades de perder la pierna, pero gracias al médico me pude salvar", agregó Acuña. Junto a Daniela Plaza, adelantaron que presentarán una demanda indemnizatoria.