Danny Fuentes Espinoza
"Todos los condenados tienen derecho a morir con dignidad", fue la frase que a fines de marzo pronunció el ministro de Justicia, Jaime Campos, ante el debate que ha generado la posibilidad de entregar beneficios carcelarios para aquellos reos, independiente de la razón de su sentencia, que padecen enfermedades terminales.
Coincidiendo con el planteamiento del ministro Campos, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, señaló que adelantó que se está gestionando un nuevo reglamento intrapenitenciario, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad con avanzada edad, ya sean de Punta Peuco o del resto de las cárceles del país.
Uno de los adherentes a esta causa es el diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Sabag, quien recordó que en enero de este año ingresó un proyecto al parlamento, junto al diputado de Renovación Nacional Cristian Monckeberg, que tiene como objeto conmutar la privación de libertad en la cárcel, al arresto domiciliario total, a aquellos que atraviesen por una enfermedad terminal.
"Lo que pretende es humanizar nuestro sistema penal y que las personas que están en la fase final de su vida puedan estar con su familia", dijo el diputado Sabag, quien lamentó que con posterioridad el proyecto se mal interpretara.
"Estaba en boga Punta Peuco y se creyó que este proyecto se confundía con un indulto, pero esto es simplemente dejar que muera tranquilo, sin considerar si es que la persona había sido condenado por violación o por causas de Derechos Humanos", acotó el parlamentario de la DC.
Asimismo, Víctor Volante, coronel en retiro de la Fuerza Aérea, también defendió la posibilidad de que uniformados que fueron condenados por delitos de lesa humanidad hagan valer su derecho a morir con dignidad.
"A través del Círculo de Coroneles en retiro creemos que este es un gobierno de venganza, porque en cualquier parte del mundo envían a su casa a una persona que se está muriendo y está privada de libertad", comentó Víctor Volante.
Se oponen
Rosario Peña es desde hace varios años la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chillán, y planteó que el proyecto del gobierno en torno a mejorar las condiciones en que viven las personas que están privadas de libertad y tienen avanzada edad "es igual a generar un indulto".
Además, dijo que liberar a presos de Punta Peuco "siempre va a ser una encrucijada. La polémica es que la forma de asesinar a miles de personas se hizo sin considerar a las familias que hay detrás. Nosotros buscamos justicia y de eso que se encarguen los tribunales, pero muchos de nosotros vamos a morir con el sufrimiento de no saber la verdad, ¿es eso digno?", se preguntó.