Cuando ya se cumplen casi siete meses desde que Chillán Casino Resort (Boldt Peralada) interpuso un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, buscando en el mejor de los casos que la Corte de Apelaciones de Santiago suspenda la adjudicación de la construcción a Marina del Sol, durante la mañana de ayer se realizaron en más de una hora y media los alegatos de las partes involucradas.

El abogado José Ignacio Arteaga, representante de Boldt Peralada, fue el primero en alegar frente a los nueve ministros, ante la ausencia de Iván Aróstica. En su exposición, resumió que esta acción judicial ante el Tribunal Constitucional responde a un reclamo de legalidad que interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de septiembre de 2016, ya que a comienzos de ese mes el Consejo Resolutivo se inclinó por el proyecto de Marina del Sol, a construir en el acceso norte de Chillán.

En aquella acción judicial, pidieron al tribunal de alzada que decretara la orden de no innovar, y por ende postergaran la decisión del Consejo Resolutivo. Sin embargo, desde la Corte capitalina no acogieron la solicitud de Boldt Peralada, atendido que la Ley 20.856, publicada en agosto de 2015, y que vino a modificar la Ley 19.995 que prorroga el funcionamiento de los casinos municipales, establece en el inciso tercero del artículo 27 bis que la Corte no puede paralizar el proceso de adjudicación de construcción de un casino.

"El efecto que se pretende a través de la posibilidad que la Corte de Apelaciones otorgue la suspensión del procedimiento mediante una orden de no innovar es resguardar eficazmente el resultado de la acción del recurso de ilegalidad, toda vez que si no fuera así, tendría una resolución inocua", planteó ayer José Ignacio Arteaga, quien señaló además que "la posibilidad de suspender este proceso no sólo beneficia a mi parte, sino también a la parte contraria". De hecho, sobre este último punto, el jurista manifestó que "en caso de suspender, no va a correr el plazo de los dos años, distinto a las quejas que plantea Marina del Sol", dijo.

Contraparte

El abogado penquista Mario Rojas también acudió al Tribunal Constitucional para representar a Marina del Sol.

En su alegato, pidió desestimar el requerimiento de inaplicabilidad ya que la decisión del Consejo Resolutivo es una cuestión ya resuelta y ejecutoriada. Asimismo, dijo que no se encuentra razonablemente fundado el recurso, que catalogó como una intención en abstracto respecto a la posibilidad de que se dé una orden de no innovar, aunque sin hacer una referencia a la inconstitucionalidad.

"Es absurdo sostener que esta acción incida en un efecto anulatorio, porque el legislador establece que no se suspenden los efectos del acto administrativo reclamado. Hay un plazo de dos años y se echa a andar el proyecto. De hecho, a la fecha ya se han invertido $4 mil millones".

Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado también se hizo parte defendiendo a la Superintendencia de Casinos de Juegos. La abogada Rosario Merino se sumó a lo expresado por Mario Rojas y dijo que la "orden de no innovar es una medida accidental dentro del proceso general, que no tiene autonomía".

En el centro de la polémica se encuentra el artículo clave de la 'Ley Emilia', que establece la prisión obligatoria por al menos un año al conductor que, en estado de ebriedad, cause un accidente de tránsito con resultado de lesiones graves gravísimas o la muerte. Esto, ya que son 11 los requerimientos en el país que se han interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando paralizar la aplicación de esta norma, siendo uno de estos favorable.

En Ñuble se presentó el primer requerimiento el jueves pasado. Se trata del caso de Esteban Urriaga, de 23 años, quien conducía el auto que chocó contra un árbol, en calle Diagonal Las Termas, la mañana del 2 de diciembre de 2016.

Cuando ocurrió el accidente, Esteban Urriaga iba acompañado por su grupo de amigos, entre los que estaba Koraima López, quien luego de tres días falleció a raíz de las graves lesiones que sufrió con el choque.

No obstante, el joven se encuentra en libertad, ya que al momento del choque, la ocupante estaba grave en el hospital y la fiscal Patricia Suazo sólo lo formalizó por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves. De esa forma, se eximió en primer término de la sanción que aplica la Ley Emilia, en torno a decretar su prisión preventiva.

No obstante, avanzado el proceso, la fiscalía solicitó al tribunal fijar día y hora para la reformalización, quedando agendada para el 10 de mayo, instancia en la que se podría solicitar la cautelar más gravosa; sin embargo, el nuevo elemento de juicio es el requerimiento del abogado Rodrigo Vera Lama, que podría paralizar el procedimiento.

Según dijo el jurista, la norma de la Ley Emilia "resulta desproporcionado, ineficaz, discriminatorio, contrario a los fines de la pena y, en definitiva, inconstitucional", al tratarse de un joven sin antecedentes penales.