En fallo unánime, la segunda sala penal de la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad en contra de una sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán que condenó a tres personas por el delito de tráfico de marihuana, por infracción en una orden de entrada y registro.

"No resulta admisible que los juzgadores desechen la defensa afincada en la demostración de una omisión en el cumplimiento del deber de registro que recaía sobre el tribunal respectivo, sosteniendo por una parte que ha debido acreditarse no sólo la inexistencia de la resolución que dio la orden de entrada y registro al domicilio del acusado, como efectivamente se hizo, sino también los términos de la solicitud que motivó la certificación correlativa del Ministro de Fe correspondiente, toda vez que ella no resulta pertinente para los fines debatidos", indica la resolución, que permite que se haga un nuevo juicio, en el cual la fiscalía no tendrá pruebas.

Ante esto, el jefe de la fiscalía local de Chillán, Pablo Fritz, indicó que "la decisión de la Corte Suprema sanciona al tribunal de una orden que había sido dada, y elevó esta formalidad a un rango que nunca antes habíamos conocido, lo que nos sorprende, y en este caso específico nos hace analizar si es que con la prueba que queda, hacer un juicio o pedir un sobreseimiento definitivo".

El día miércoles, de hecho, se revisó la prisión preventiva de uno de los acusados, y el abogado Cristóbal Bocaz, quien presentó el recurso ante la Corte Suprema, obtuvo la libertad.

"Esta Corte no puede dejar de observar el evidente olvido de los juzgadores de la posición institucional que les ha sido encomendada al valorar como prueba un antecedente que no tiene ese carácter y que no ha podido ser tenido en cuenta al momento del resolver", agregó la resolución de los jueces de la Suprema.

Danny Fuentes Espinoza

Entre 15 años y un día, a presidio perpetuo simple, es la pena que se espera que dicte el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, que ayer emitió veredicto condenatorio por el delito de parricidio en contra de Juan Luis Cartes Quezada, de 45 años, quien degolló y luego enterró a su pareja, Miguel Ángel Melgarejo, de 20 años.

El condenado confesó el 6 de agosto del 2016 que él había hecho desaparecer a quien había sido su pareja, Miguel Ángel Melgarejo (20), después de degollarlo en el sector de Quilmo, al sur de Chillán Viejo. Tras darle muerte, regresó a su casa; sin embargo después volvió en bicicleta con una frazada y una pala al lugar del crimen, para enterrar a la víctima.

El fiscal Pablo Fritz y el abogado querellante Guillermo Valdés, del Centro de Apoyo a Víctimas, solicitaron el presidio perpetuo calificado para Juan Luis Cartes; no obstante, ayer le reconocieron la atenuante de colaboración sustancial con la investigación.

"Hay que recordar que es el acusado quien nos dice la ubicación del cuerpo, por lo tanto apuntamos hoy a una pena distinta a la solicitada inicialmente", afirmó el fiscal.

Precedente

"Estamos conformes con este veredicto. Constituye un paso hoy día respecto a igualdad ante la ley, que ha sido reforzado. Es un precedente y no nos cabe duda que en el futuro, el hecho que dos personas del mismo sexo convivan va a estar protegido por el delito de parricidio", afirmó el fiscal Pablo Fritz.

Sin embargo, el defensor local jefe de Chillán, Antonio Guerra, anunció que recurrirán a la corte de Apelaciones con un recurso de nulidad.

"La corte de Valparaíso anuló un fallo del tribunal oral de San Antonio, en el cual se había condenado por parricidio a una persona del mismo sexo. La jurisprudencia es que no se puede dar lugar a la existencia de parricidio entre personas del mismo sexo, entre otras cosas porque importaría una infracción al principio de legalidad", dijo Guerra.

De paso por la provincia de Ñuble, el coordinador nacional del Programa 'Denuncia Seguro', César Valenzuela, capacitó a los encargados de los Planes de Seguridad Pública de esta región y también del Maule y La Araucanía, en una reunión sostenida ayer en el edificio de la Gobernación.

La idea fue concretada en 2010 y tiene como finalidad que los vecinos entreguen sus denuncias por diversos ilícitos de manera anónima.

"La central no tiene visor de llamados, no se piden antecedentes del denunciante, y la denuncia finalmente es derivada a la fiscalía por parte de un abogado; por ende, no existe posibilidad de que el vecino sea delatado", planteó César Valenzuela.

"Si uno compara los llamados recibidos este año, con igual periodo de 2016, la región experimenta un 13% de aumento en las llamadas, eso es positivo, pero si eso lo llevamos a la provincia de Ñuble, se trata de un incremento del 32%", señaló el encargado nacional del programa.

Sobre esta cifra, señaló que "es importante esta por eso hablamos con la comunidad, porque queremos fomentar el uso de este servicio, porque los resultados son positivos. Ha permitido la detención de 188 personas, la incautación de más de 250 mil dosis de pasta base, 110 mil de marihuana, 5 armas de fuego". Cabe destacar que el 80% de los llamados es por delitos de drogas.