Matías Troncoso Carrasco
El pasado 13 de junio la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado discutió puntos centrales del proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas vigente. En la ocasión, el órgano resolvió modificar el artículo 6 que dice relación con el derecho perpetuo -heredable- del recurso hídrico.
El Gobierno ha defendido las 35 indicaciones que contiene la reforma ingresada durante el primer año de mandato de la Presidenta Bachelet. Del mismo modo, la presidenta de la comisión, la senadora PPD Adriana Muñoz, ha reiterado en más de una oportunidad que la iniciativa busca resguardar un bien que, jurídicamente, es de todos los chilenos.
Sin embargo, actores del mundo privado, empresarios y medianos y pequeños agricultores de zonas de tradición agrícola como la Provincia de Ñuble, han desacreditado los fundamentos de gran parte de las indicaciones por atentar contra sus intereses sectoriales. Acusan, en algunos casos, una maniobra ideológica y abogan por una "cultura de la agricultura" que, según su visión, se vería amenazada con la nueva normativa.
En lo concreto, por tres votos contra uno, se aprobó modificar el primer inciso presente en el artículo 6 del Código de Aguas, que estipula derechos perpetuos de uso del recurso. Ahora, en cambio, se establece el real aprovechamiento de éste y con carácter temporal.
En teoría, los nuevos derechos van a ser entregados de manera temporal por un máximo de 30 años, y el Estado se dotara de canales de fiscalización, mediante la Dirección General de Agua (DGA).
El agricultor local, Álvaro Gatica, dice estar "totalmente en desacuerdo" con este punto en específico y critica la forma en que se ha llevado adelante la discusión. "No entregar los derechos a perpetuidad como existen hoy día, y limitarlos solamente a 30 años, que es un periodo muy corto, sobre todo cuando hay un tema de inversiones grandes, particularmente en frutales. Uno no puede correr el riesgo de hacer una plantación con inversiones muy grande si luego de ese tiempo le quitamos el riego".
Dga
La Reforma al Código de Aguas se sostiene sobre cinco pilares fundamentales: priorización para el consumo humano, fortalecer la administración, fortalecer la administración de los recursos hídricos, uso eficiente, seguridad jurídica y protección medioambiental.
La Dirección General de Agua pasará a ser el ente estatal que tendrá por misión resguardar y fiscalizar el correcto funcionamiento de la nueva institucionalidad. Ejecutivo ha comprometido dotación técnica y recursos económicos para robustecer esta unidad. De perseverar sin inconvenientes, la próxima legislación le dará un nuevo estatus jurídico a la actual institucionalidad.
Desde la Junta de Vigilancia del Río Ñuble su presidente, Martín Arrau, señala que "hemos visto que en esta discusión han primado los intereses político por sobre los criterios técnicos, ha primado la teoría sobre la realidad, y vemos como en cada indicación que se aprueba van generando nuevas fuentes de incertidumbre".
Reforma
En 2011 un grupo de parlamentarios presentó una moción concerniente a modificar el Código de Aguas. Sin embargo, no fue hasta octubre de 2014- luego de que el Ejecutivo ingresara una serie de modificaciones al proyecto presentado por los diputados- que la reforma comenzó a discutirse en el Congreso. En mayo de este año la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, integrada por Adriana Muñoz, Isabel Allende, Víctor Pérez, Francisco Chahuán y Jorge Pizarro aprobó la idea de legislar, El análisis en particular del proyecto proseguirá el 20 de junio.
Código de Aguas 1981