Una tensa situación se vivió ayer en la intersección de 5 de Abril con El Roble, lugar donde resultó atropellada una mujer. Según dijo el comandante Gustavo De La Fuente, la mujer era atendida por Samu y al momento de inmovilizarla, carabineros se lo impidió. El oficial bomberil recalca que la norma establece que "el bombero que va a cargo se tiene que bajar del carro y dirigirse al Samu, no a Carabineros; si llegó el Samu antes que nosotros, ellos son los que deciden si Bomberos presta el apoyo o no, en este caso no fue así". La mujer fue llevada al hospital.

Con un recurso de nulidad, la fiscalía local de Chillán busca que se haga un nuevo juicio en contra de una pareja de Chillán Viejo que fue acusada por tráfico en pequeñas cantidades de droga.

Resulta que el 2 de junio, los jueces del tribunal Oral en Lo Penal de Chillán decidieron absolver a los acusados, argumentando que desde que se inició la investigación y fueron detenidas las dos personas, no existía una constancia escrita respecto a la autorización judicial que permitió la entrada y registro de su vivienda.

De esta forma, el juicio marcó un segundo y negativo antecedente para el Ministerio Público, ya que los jueces de primera instancia actuaron basándose en un fallo de la Corte Suprema, del 16 de mayo, que ordenó un nuevo juicio para un hombre que fue condenado sin que hubiese existido constancia de una orden de allanamiento. "De esta forma, sin este documento, se entendió que todo el resto de la prueba fue obtenida de manera ilícita", comentó el jefe de la Defensoría Penal Pública en Chillán, Antonio Guerra.

Frente al recurso de nulidad que presentó la fiscalía el 14 de junio, Antonio Guerra pidió a la Corte de Apelaciones declararlo inadmisible.

"El Ministerio Público quiere que se haga un nuevo juicio con distintos jueces, donde se plantee que no habría problema con la falta de constancia, invocando varias causales", dijo Antonio Guerra, detallando que tendría "como principal causal, según la fiscalía, la errónea aplicación del Derecho en cuanto a las normas que establecen el deber de registro por parte del tribunal de Garantía, y eso es una cuestión que no la decimos nosotros, sino que la Corte Suprema, haciendo valer las normas del Código Procesal Penal". Además, el abogado dijo que "la Corte debe analizar las normas, no los hechos materia de juicio".

Danny Fuentes Espinoza

"Es un proyecto único en Chile y pretende reunir en la Gobernación Provincial la mayoría de los trámites vinculados con extranjería", fue el anuncio del gobernador de Ñuble, Álvaro Miguieles, en el marco de la celebración del 84° aniversario de la Policía de Investigaciones.

En efecto, la policía civil tiene un rol activo en este proyecto que -según dijo Miguieles- se implementará a partir de septiembre, en el tercer piso del edificio de la Gobernación, ubicado en avenida Libertad.

Si bien el Departamento de Extranjería de la Prefectura de la PDI en Ñuble tiene asiento en el cuartel de Vega de Saldías, la idea de las autoridades es que sean reubicados en el edificio gubernamental.

"Debido a la creciente demanda de la población inmigrante, podrán tener acceso a los documentos que se obtienen a través del Ministerio del Interior, y también del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI en un mismo piso, entregando un servicio más cómodo a los usuarios", comentó Álvaro Miguieles.

La primera autoridad provincial aprovechó la cuenta pública del prefecto Marcelo Mendoza, jefe de la Prefectura Ñuble, quien ayer entregó un balance de la gestión policial durante el 2016 y parte del presente año.

"Existe hoy una creciente cantidad de extranjeros que quieren venir a trabajar a nuestro país, y el tercer piso de la Gobernación, luego de una remodelación que será licitada en las próximas semanas, podrá operar -esperamos- a partir de septiembre", comentó el gobernador de Ñuble.

Por su parte, el prefecto Marcelo Mendoza manifestó su entera disposición para colaborar con el Gobierno. "Este un plan que se está trabajando hace un tiempo y estamos conformes, ya que hay luz verde para hacer esta implementación que irá en beneficio directa de los usuarios, tal como lo viene haciendo el mando regional con el Gobierno", dijo Mendoza.

Según informaron desde la Gobernación, el proceso de licitación para la remodelación fue cerrado anoche, y en esta jornada se conocerán las empresas interesadas, para luego, en los próximos días, realizar la apertura económica del proyecto, que contempla una inversión de $34 millones para la habilitación de los espacios. En ese sentido, el prefecto Mendoza señaló que "debe cumplir con requisitos acorde a una infraestructura policial".

Menos de una hora duró la tercera audiencia por el juicio del crimen ocurrido el 5 de enero de 2016, en que el ex carabinero Sebastián Fuentealba (23) mató a su colega de armas, el cabo segundo Daniel Aravena (27).

Ya el día lunes la fiscalía cerró su parte probatoria, exhibiendo distintos testimonios de testigos, incluyendo a los padres y la tía de la víctima, como también detectives y peritos balísticos y médicos legistas que dieron cuenta de los nueve disparos que recibió Daniel Aravena el día en que fue abordado por Sebastián Fuentealba, quien sin mediar aviso, y por la espalda, propinó disparos que se extendieron una vez que estuvo sobre él, rematándolo mientras estaba en el suelo.

Durante la jornada de ayer, el abogado defensor Gumercindo Quezada hizo presente una perito psiquiátrico, quien habría dado cuenta de la falta de razonamiento que enfrentó el acusado, después de haber sabido que su pareja supuestamente le había sido infiel, y además mantenía contacto con él.

En contraposición, la fiscalía también expuso ante los jueces del tribunal su peritaje psiquiátrico, llevado a cabo por Carmen Martínez, quien concluyó que el acusado "presenta un trastorno de adaptación, tiene rasgos de personalidad narcisista y una inteligencia normal. No tiene sicosis ni demencia. Por el trastorno de adaptación requiere controles y tratamiento con siquiatra por el tiempo que el siquiatra estime conveniente", estimando así que es imputable.

Para mañana jueves quedaron fijados los alegatos de clausura de fiscalía, querellante y defensa, misma jornada en que los jueces podrían entregar su veredicto, respecto a si es homicidio simple u homicidio calificado. Fiscalía pide 20 años de cárcel.