La Brigada de Investigación de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones, después de varios meses de búsqueda, logró la detención de Jean Torres Briones, de 33 años, quien estaba prófugo de la justicia debido a que en septiembre de 2016, junto a otros cuatro sujetos, participó en el robo frustrado al supermercado Gangas de la capital provincial.

El delincuente, con amplio prontuario penal, ya ha estado en la cárcel. De hecho, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 fue uno de los que se fugó desde el centro penitenciario de Chillán.

Respecto a este caso, el jefe de la Biro de Chillán, comisario Jorge Aguillón, dijo que cuando ocurrió el robo en el supermercado, "carabineros detuvo a dos sujetos en flagrancia. Posteriormente personal de esta brigada se constituye en el lugar y logra la individualización de los otros tres sujetos, que en forma paulatina fueron siendo capturados por esta brigada", señaló el comisario Jorge Aguillón.

Desde entonces, Torres estaba prófugo, y de hecho se le acusa también de haber participado junto a una banda delictual chillaneja en un robo a un local comercial en la ciudad de Vallenar. "En esa oportunidad el sujeto quedó detenido, pagó una fianza y posteriormente a eso salió la condena de este sujeto por el robo al supermercado Gangas", comentó el comisario Aguillón.

Según detalló el oficial de la PDI, "el antisocial dentro de la banda criminal chillaneja tenía a cargo el oxicorte y en Vallenar era el observador o el 'loro', que es el que se queda fuera del establecimiento y le indica a sus compañeros que sucede en el entorno del lugar".

Sin embargo, el día miércoles fue capturado cerca de las 17.50 horas por la PDI. Ayer el tribunal lo hizo entrar a la cárcel, a cumplir 301 días de condena.

Un nuevo hito sumó la polémica surgida en el municipio de Chillán Viejo, donde la firma a cargo de la gestión computacional de todos los trámites cesó sus funciones, obligando a los funcionarios a entregar escritos en papel.

Lo anterior, porque la empresa Sistemas Modulares de Computación Limitada arremetió contra la casa edilicia e interpuso una demanda en el Primer Juzgado Civil de Chillán para que se cumpla el contrato y, además, obtener una indemnización de perjuicios, ya que acusaron que no se les pagaron los últimos seis meses de funcionamiento.

Según planteó en su demanda, la empresa firmó la relación contractual con el municipio chillanvejano en abril de 2014, estipulando que el contrato se extendería hasta el 30 de noviembre de 2016. No obstante, por acuerdo mutuo, se extendió el servicio a prestar por la firma en un plazo de seis meses, el cual se venció el 31 de mayo de 2017.

Cabe destacar que el servicio, durante esos meses, ascendería a 314 Unidades de Fomento (UF), lo que se traduce en cerca de $9,8 millones. Además, se estipuló una boleta de garantía de 85 UF (poco más de $2,2 millones).

Sin embargo, según plantean desde la empresa, el municipio no les pagó en estos últimos seis meses, y de hecho por buena fe continuaron prestando servicios hasta el 28 de junio, día en que -aseguran- escribieron una misiva al alcalde Felipe Aylwin, quien no les dio respuesta. De hecho, luego se encontraron con la sorpresa de que no les devolvieron la boleta de garantía.

Desde el municipio de Chillán Viejo dijeron que aún no han sido notificados de la acción judicial en su contra. Agregaron que están realizando trámites con normalidad (en papel) e insistieron que todas las facturas presentadas están pagadas.

Danny Fuentes Espinoza

En la primera sala de la Corte de Apelaciones de Chillán se realizaron los alegatos por el recurso de protección que presentó María Navarrete, dueña de tres locales de juegos electrónicos, conocidos como 'casinos populares', en contra del alcalde Sergio Zarzar, que decidió clausurarlos de acuerdo a una ordenanza municipal.

La acción judicial fue presentada el 20 de junio, una semana después que inspectores municipales, auxiliados por carabineros, cerraran las puertas de los tres recintos ubicados en calle Maipón. En el recurso, el abogado representante, Héctor Mella, planteó que el municipio incurrió en una actitud arbitraria y discriminatoria al clausurar los locales.

Sin embargo, el día miércoles, cuando se desarrollaron los alegatos, no concurrió el abogado Mella, por lo que en los 27 minutos que duró la audiencia sólo expuso el abogado Marcelo Campos, en representación de la casa edilicia.

Piden rechazar recurso

El abogado Marcelo Campos dijo que María Navarrete, al momento de solicitar patente comercial, propuso iniciar actividad comercial con "salas de billar, bowling, pool y juegos electrónicos, sólo pelucheras y mesas de aires, lo cual no respetó".

Según dijo Campos, "los funcionarios del departamento de inspección constataron máquinas de juegos que no estaban provistas en los términos que se solicitó, alterando el giro inicial. Por ello, no tenían patente y correspondía su clausura".

De esta forma, Campos señaló que la actitud del abogado Héctor Mella sería grosera con las autoridades cuando dice que se le cerró arbitrariamente su local. "Es falsa, grosera, burda y calumniosa la acusación de que funcionarios municipales hayan amenazado con incautaciones de máquinas o con una persecución y sanción permanente", expresó.

El abogado del municipio enfatizó en el hecho que "en este caso nadie discute si se trata de máquinas de azar o no. El 14 de junio se procedió a la clausura por infracción a la ordenanza municipal que regula la autorización y explotación comercial de máquinas de habilidad o destreza y además, por vulnerar la Ley de Rentas".

De esta forma, el abogado del municipio dijo que la clausura se debió a que no tiene patente que ampare la actividad comercial de Marcela Navarrete, y bajo esos términos pidió que se rechace el recurso de protección.