Danny Fuentes Espinoza
A principio de semana, la notificación de embargo de tres autos y un terreno del senador Alejandro Navarro, por adeudar $19 millones a los cuatro absueltos en el denominado "Caso Acarreo", fue comentado a nivel nacional. No obstante, los otros dos querellantes de aquella causa también enfrentan un escenario judicial similar.
Se trata del ex alcalde de San Fabián de Alico y ex gobernador de Ñuble, Cristian Fernández, además de la dirigente vecinal de San Carlos, Eulalia Salinas, quienes también se hicieron parte del proceso penal en contra de la ex alcaldesa Lorena Jardua, su esposo Ariel Torres, la funcionaria municipal Marcia Ortiz y el concejal Juan Carlos Parada.
La fiscalía no pudo demostrar que estos últimos hayan acarreado votantes de San Carlos a San Fabián de Alico y el juez los condenó a pagar las costas del proceso judicial, por lo que la abogada penquista, Paula Villalobos, inició las acciones civiles para exigir el pago en enero de este año, aunque hasta ahora no ha sido un proceso fructuoso.
Respecto a Cristian Fernández, la abogada Villalobos dijo que "su causa está en el mismo estado que del senador Alejandro Navarro, con la diferencia que no hemos podido encontrar bienes, porque se hicieron transferencias de un bien raíz que era de su propiedad en el tiempo en que fue condenado al pago de las costas", comentó la abogada Paula Villalobos.
Cabe recordar que el ex gobernador de Ñuble (quien duró en el cargo 10 días) se querelló contra Jardua y los otros tres acusados, aunque abandonó el proceso en agosto de 2015, seis meses antes del juicio oral.
Los absueltos de todas formas solicitaron que Fernández pagara las costas y finalmente, el 5 de octubre de 2016, el tribunal Garantía de San Carlos lo condenó a pagar $4,5 millones a cada uno. Sin embargo, y según consta en el expediente judicial civil, 20 días después se deshizo de un bien raíz. "Hasta ahora sólo se le ha podido embargar un vehículo", dijo Paula Villalobos.
A Eulalia Salinas también se le demandó en enero de este año. "En su caso, hizo transferencias cuando vio que iba a ser condenada en costas, y mientras éstas se regulaban, comenzó a transferir los bienes que estaban inscritos a su nombre", explicó Villalobos.
De esta forma, las causas civiles se encuentran paralizadas, y Paula Villalobos se reservó las acciones judiciales que se podrían realizar para reactivar la ofensiva y exigir el pago.
Ministerio Público ya pagó las costas
Tras haber sido en condenado en costas por el juicio, después por incidentar las costas y también por recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones, el Ministerio Público debió desembolsar, en total, $23 millones para los cuatro acusados, que posteriormente fueron absueltos, en el bullado Caso Acarreo. No obstante, por tratarse de una entidad fiscal, se notificó de la situación judicial al Ministerio de Justicia, desde donde se procedió a entregar el dinero pocos meses después de la resolución del tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán.