Desde que se planteó en contar con una nueva infraestructura hospitalaria para Chillán ya han pasado dos periodos de gobierno. Fue durante la administración de Sebastián Piñera que se inició el proyecto, el cual se haría inicialmente vía concesión, planteamiento que cambió una vez que asumió la Presidenta Michelle Bachelet.
Hace cuatro años se estimaba que a esta fecha las obras estarían en ejecución, pero durante el primer llamado a licitación se amplió el plazo del concurso de las bases y posterior a eso Contraloría no tomó razón de la adjudicación.
Hoy nuevamente se paralizó el proyecto de salud, pero a través de una demanda de la empresa Astaldi ante el Tribunal de Contratación Pública, situación que algunas autoridades catalogaron como un nuevo traspié, pero que para el director del Servicio de Salud Ñuble, Iván Paul, es una instancia que se contempla en un estado de derecho "para que las personas, organismos y partes interesadas en general puedan plantear sus reclamos o requerimientos cuando no están de acuerdo con las decisiones de la autoridad en la administración pública. Eso es lo que está ocurriendo en este caso", agregó Paul.
Los plazos que se informaron, una vez que el SSÑ oficializó la adjudicación a la empresa italiana Inso Chile, detallaban que la etapa de elaboración de diseño del centro de salud pública era de 275 días con un costo estimativo de $5.700 millones, pero en esta misma fase se sumaban 170 días más, los que se contemplaban para que el SSÑ pudiera revisar el diseño del proyecto. Con estas cifras se entendía que la primera quincena de noviembre del 2018 estaría concluida. Hoy, ya se proyecta para el 2019.
"No hay costos económicos involucrados. Eso si, lamentamos el costo en tiempo para avanzar en la concreción del proyecto", aseguró Iván Paul.
Revertir la suspensión
Uno de los argumentos usados por el Servicio de Salud en relación a la demanda presentada por uno de los 8 oferentes de la licitación, es que la toma de razón de Contraloría demostró que la adjudicación del diseño y construcción del hospital se ajustó a las normas legales que regularon el proceso.
"El mayor y mejor respaldo al trabajo en este proyecto es la toma de razón de la adjudicación que realizó Contraloría, tras comprobar la legalidad de este acto administrativo", sostuvo el director del Servicio de Salud de Ñuble.
Si bien el Tribunal en una primera instancia había dictaminado una suspensión de 15 días, que expiraban hoy, este jueves se conoció que tras los argumentos presentados por las dos partes, se requería extenderlo en 30 días más. Ante esto, desde el SSÑ aseguraron que tomarán las acciones que correspondan para que el tribunal levante la suspensión o no la prorrogue.
"Hemos trabajado y presentado los argumentos de respaldo, por lo que sólo esperamos que el Tribunal de Contratación concuerde finalmente con el dictamen del órgano contralor sobre la legalidad de este acto administrativo. La toma de razón de Contraloría nos mostró que la adjudicación del diseño y construcción del hospital se ajusta a las normas legales que regulan este proceso, las que a su vez contemplan la posibilidad de recurrir al Tribunal de Contratación Pública", cerró Iván Paul.
Demanda de Astaldi
El 9 de agosto la empresa italiana presentó su demanda ante el Tribunal de Contratación Pública, invocando la supuesta vulneración de la Ley de Compras Públicas y la Ley General de Administración del Estado, ya que pese a que las bases de licitación indicaban que solo se debía entregar un determinado certificado de experiencia para el ingeniero calculista del proyecto, el Servicio de Salud Ñuble solicitó otros documentos adicionales para garantizar dicha capacidad, los cuales -según el grupo extranjero- no estaban incluidos en los requisitos del mencionado concurso público.