El presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), dijo ayer que la negativa de la Cámara Alta a entregar antecedentes de sus asesorías parlamentarias al Ministerio Público se debe a que la Fiscalía pidió los datos "poniendo en duda" la actuación de los 38 senadores.
El senador explicó en radio Cooperativa que "la forma para proceder es que se nos indique, y así lo establecen las normativas constitucionales y la ley, qué hechos quiere investigar y qué requiere, qué elementos, qué informes requiere, pero no puede pedirse al voleo todo lo que ha hecho el Senado durante seis u ocho años".
Para el legislador de la Falange, "lo que he dicho al fiscal (Manuel Guerra) es que estamos disponibles, el Senado está disponible a entregar todos los antecedentes siempre que se pidan de conformidad a la ley y a la Constitución y esperamos que así se haga. Pero no puede ser que se pida y se haga ante el país como que todo el Senado está bajo sospecha (...) Eso no es posible".
La pugna
El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, investiga las asesorías que han sido contratadas por los parlamentarios de la Cámara Baja y del Senado, luego que se cuestionaran los informes pagados -con asignaciones parlamentarias- por el senador y candidato presidencial independiente Alejandro Guillier.
Según Zaldívar, el oficio que se mandó al Senado "se envió por mail, ni siquiera se cumplió con una notificación por papel".
Respecto del caso del senador Guillier, el presidente de la Cámara Alta comentó que "él ha pedido que los auditores le revisen totalmente sus actuaciones. La ley determina que en ese momento los antecedentes se pasan a la Comisión de Ética si acaso hay cualquier observación. Y hay obligación de denunciarlo en caso que haya cualquier elemento constitutivo de delito".
"Estoy de acuerdo en todo lo que sea la transparencia y estamos dispuestos a toda la transparencia que sea necesaria, pero no se puede prejuzgar que todos los senadores están sujetos a una investigación", aseguró al respecto.
"me hago cargo"
La diputada Camila Vallejo (PC) afirmó que el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschut (ICAL) "me falló", luego de que el portal CIPER revelara que esa entidad realizó ocho asesorías -por $ 6,2 millones- que resultaron ser textos plagiados y que fueron pagados con fondos públicos de la Cámara.
En conversación con radio Sonar, la parlamentaria afirmó que "me hago cargo y decidí terminar el contrato" con ICAL". Consultada sobre qué pasará con el dinero público gastado en los informes plagiados, dijo que está disponible para reponerlo de su dieta, aunque el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, le sugirió esperar la auditoría para analizar los pasos a seguir. El informe reveló que la diputada Claudia Nogueira (UDI) cuenta con dos de ocho informes totalmente plagiados.
Por todo el material pagó $ 7,2 millones.
MEO: reacción es "inaceptable"
De gira en Colombia, el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, calificó de "inaceptables" las declaraciones de los senadores, "que han decidido actuar como corporación ante las denuncias gravísimas acerca de posibles asesorías truchas". El candidato agregó que "este comportamiento mafioso requiere de sanciones. No es posible que una vez electo un parlamentario, sea totalmente impune a irregularidades". La carta presidencial del PRO sostuvo que "propusimos hace años la revocabilidad de los mandatos. Es decir, poder echar a los parlamentarios. Hoy, más que nunca, se hace urgente legislar".
diputados pagaron por informes plagiados entre 2014 y 2016, según una investigación de Ciper. 40