Afectados por caída del muro de la cárcel recibirán $699 millones
JUDICIAL. Suprema confirmó fallo que obliga al fisco a indemnizar a cuatro de las familias afectadas por fuga masiva de reos, después del terremoto de 2010.
El daño emergente que provocó el haber perdido su casa, y también el daño moral, a raíz del trauma de haber visto cómo reos de la cárcel de Chillán incendiaban todo a su paso, fueron los elementos reconocidos por la Corte Suprema, que evacuó un fallo que obliga al Estado de Chile a indemnizar con más de $699 millones a cuatro familias de la calle 5 de Abril, afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Luego de tres años de litigio civil, el máximo tribunal de la República respaldó el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, que justamente hace un año revocaba el fallo de primera instancia, y establecía que las ocho personas fueron víctimas de la falta de servicio por parte de Gendarmería, al no mantener en buen estado su muralla perimetral, y que a la postre fue la clave para que los reos escaparan durante la madrugada en que ocurrió el movimiento telúrico de 8,8 grados Richter.
El primer grupo familiar está compuesto por María Teresa, Manuel y Claudio Contreras Parraguez, quienes recibirán $50 millones cada uno por daño moral, en tanto, $64,8 millones por el daño emergente.
El segundo grupo familiar es de Maritza Aravena, además de Mario y Lorena Bravo Orellana. Al igual que los anteriores, cada uno recibe $50 millones por el daño moral, en tanto el haber perdido su casa les significa ahora $64,3 millones.
En tercer lugar, Aurelio Quijada recibirá $80 millones por daño emergente, otros $50 millones por daño moral y, además, es el único de los indemnizados que recibirá $3 millones por lucro cesante, ya que con el ataque a su domicilio dejó de percibir dinero por el cual lo arrendaba.
En último lugar está María Arteaga, quien recibirá $86 millones por daño emergente y otros $50 millones por el daño moral.
Conformidad
El abogado Francisco Hurtado fue quien representó a las cuatro familias que recurrieron a la Justicia.
"En esta situación habían aspectos que había que analizar y que por un lado era la situación del muro, que se colapsaba y generaba la salida intempestiva de las personas internas, causando daños y perjuicios. Pero por otra parte había falta de servicio en cuanto también a la gestión que le correspondía a Gendarmería", dijo Francisco Hurtado, quien rescató además que el fallo estipula el pago de las costas.
El abogado enfatizó en que "la estructura no estaba bien conservada y ahí ya se divisaba un primer aspecto que nosotros alegamos, y que reforzó la Corte Suprema, en cuanto a que ahí está la relación de causalidad y, por otra parte, el hecho de que Gendarmería, teniendo el deber de controlar a los internos, tampoco lo satisfizo con el nivel adecuado de un buen servicio".
El profesional coincidió con el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, que ya en 2016 fijó las sumas indemnizatorias para las ocho personas que representó. "Hay un daño emergente que es la pérdida patrimonial de las personas que son dueñas del título de dominio de cada casa, pero además con todo lo tristemente acontecido esa noche representa un daño moral", dijo Hurtado.
Segundo grupo de afectados espera fallo
Fueron dos causas judiciales paralelas las que se iniciaron a raíz de la caída del muro de la cárcel, que afectó a los vecinos de la calle 5 de abril, entre Vega de Saldías y Gamero. La causa que falló la Corte Suprema quedó en acuerdo el 16 de enero, en tanto el segundo litigio civil, que representa al matrimonio entre Claudio Tapia y Gloria Rebolledo, además de sus tres hijos, tuvo nota de acuerdo el 6 de febrero. Respecto a este último caso, la Corte de Apelaciones resolvió a este año indemnizarlos por daño material y daño moral, sumando en total $345 millones. Afectados esperan fallo de la Suprema.
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