Los vecinos de Rucapequén, en particular los 44 miembros del comité de vivienda "Renacer", dicen estar aún muy sentidos con el municipio de Chillán Viejo, ante la nula respuesta por la falla que presenta la planta elevadora de tratamiento de aguas servidas.

Fue por ello que los vecinos presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Chillán, en que plantearon que el municipio ha vulnerado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, "al derramar diariamente en el predio aguas servidas con materias fecales".

En efecto, la planta de tratamiento presentó un desperfecto que obligó al municipio a intervenirlo; no obstante, se optó por usar motobombas que desvían los residuos hasta el terreno que hoy es un sitio eriazo.

"Este terreno es de propiedad del comité de vivienda Renacer de Rucapequén hace más de 20 años, pero el municipio construyó esta planta elevadora sin nuestra autorización, y por ello hoy tenemos una causa judicial vigente en el tribunal civil que busca reivindicar la propiedad, ya que actualmente están ocupando un terreno con una obra construida ilegalmente", planteó Macarena Vallejos, presidenta del comité de vecinos.

En efecto, "se desvían diariamente las aguas servidas sobre este terreno que se le facilitaba a jóvenes para que jugaran a la pelota; y además, en septiembre, normalmente servía para que las familias encumbraran volantines. Ahora está todo inundado", dijo Macarena Vallejos, quien dijo que funcionarios del Servicio de Salud fueron el día martes al predio para verificar si hay contaminación y malos olores.

En el municipio responderán por la vía formal; esto es, dentro de los 8 días que les dio la Corte para que contesten a la acción judicial.

La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó ayer el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, y confirmó la sentencia que condenó al funcionario de Gendarmería, Alexis Manuel Castro Monsalve, a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, más el pago de una multa de $3,2 millones y la inhabilitación para cargos u oficios públicos por el lapso de 3 años y un día como autor de tres delitos de cohecho. Fiscalía acreditó que el condenado entregó beneficios intrapenitenciarios a internos de la cárcel de Chillán a cambio de dinero.

Danny Fuentes Espinoza

A las 10 horas de ayer llegaron a la Gobernación de Ñuble los representantes de las oficinas de seguridad de los municipios de Yungay, Chillán y Coihueco, comunas donde en los últimos días han impactado los crímenes de cuatro personas. El objetivo: debatir acerca de posibles medidas para abordar el fenómeno delictual.

"Hubo hechos de alta connotación social, que condenamos, pero que también significan una oportunidad para que la institucionalidad implementada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, a través de los planes de Seguridad Pública iniciados durante el 2017, funcionen y sean una respuesta que permita canalizar las distintas instituciones del Estado que están al amparo del liderazgo de cada comuna, que es el alcalde", explicó el gobernador

Álvaro Miguieles destacó que una "forma efectiva de combatir la inseguridad y la delincuencia es la comunidad organizada y esa tiene un canal de expresión que son los Planes Comunales de Seguridad Pública y en Ñuble vamos a hacer que la institucionalidad funcione por el bien del pueblo, de las personas , los ciudadanos, vecinos y vecinas de nuestras comunas y ciudades".

Respuestas

En representación del municipio de Coihueco asistió Juan Burgos, secretario ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad Pública, quien indicó que efectivamente el homicidio de José Marcial (49), hallado degollado el miércoles, los impactó.

"Fue en el sector El Puente, al lado del río Coihueco, en una parte muy central de la ciudad, y el alcalde estuvo en el lugar. La gente está muy impactada por la violencia del hecho", dijo Juan Burgos.

Por otra parte, el alcalde de Yungay, Rafael Cifuentes, fue más cauto con los efectos de la solicitud del gobernador. "En el consejo de seguridad no creo que solucionemos el tema, porque se trató de un caso puntual, ajeno a la voluntad nuestra", dijo el edil, respecto al crimen de dos hombres que cuidaban un predio agrícola en sector El Cardal.

Desde el municipio chillanejo, en tanto, el encargado de la Oficina Municipal de Seguridad, Renán Cabezas, valoró el llamado de la Gobernación. "La medida que adoptamos es adelantar para el 19 de octubre el Consejo de Seguridad", planteó Cabezas, quien indicó que en esa instancia se centrarán en la situación de Lomas de Oriente, población donde murió apuñalado un hombre de 38 años.

Con un recurso de amparo, el abogado Gumercindo Quezada busca revertir la decisión del director regional de Gendarmería, que estableció que Sebastián Fuentealba Toro, condenado en junio por el crimen de Rucapequén, debería ser trasladado desde la cárcel de Bulnes hasta el penal Bío Bío, en Concepción.

Cabe recordar que Fuentealba Toro es un carabinero dado de baja el 5 de enero de 2016, día en que mató con nueve balazos al cabo segundo Daniel Aravena, por un problema de índole sentimental.

Desde entonces, el hombre estuvo en prisión preventiva hasta que en junio de este año, el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán lo condenó a 20 años de cárcel por el homicidio calificado, ya que se acreditó que hubo alevosía en el ataque, perpetrado por la espalda de la víctima, quien se negó a conversar respecto a una relación que habría tenido de manera paralela con la pareja del ahora condenado.

Fue el 27 de agosto que el director regional de Gendarmería, Christian Alveal, resolvió trasladar hasta la cárcel penquista a Sebastián Fuentealba Toro, argumentando que en el penal de Bulnes no existen las condiciones de seguridad necesarias.

Ante esto, Gumercindo Quezada recurrió a la Corte de Apelaciones planteando que se trató de una decisión arbitraria. "Ha privado a mi representado de mantener el vínculo que mantenía con su familia y con su pequeña hija, quienes por la distancia que existe hoy se verán imposibilitados de mantener el vínculo afectivo", dijo el abogado.

Además, señaló que el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío tampoco ofrece garantías y amenaza su integridad física, dado que es ex uniformado. El recurso de amparo ingresó el miércoles y aún no es declarado admisible.