Danny Fuentes Espinoza

La jueza Claudia Montero dio el golpe de martillo a las 9.26 horas de ayer, marcando el inicio del juicio oral en contra de la mujer que está acusada de haber ocasionado dos incendios forestales en el sector El Roble, de Yungay, en enero de este año, en medio del estado de catástrofe en que se encontraba el país.

El fiscal Mario Lobos pide una pena de 10 años de cárcel para la mujer de 25 años, quien supuestamente habría iniciado dos focos de incendio durante la mañana del 27 de enero.

"Primero, la acusada llegó al predio de la forestal Arauco, juntó un poco de leña seca y le prendió fuego con su encendedor rosado. Luego, huyó hacia su domicilio, instancia en la que es vista por un testigo caminando y comenzó a gritar diciendo que había fuego en la chancadora", dijo en su alegato de apertura el fiscal Lobos, agregando que en un principio la mujer usó como coartada "que un hombre vestido de negro, moreno, había estado en el lugar donde comenzó el fuego".

El riesgo, según dijo el abogado persecutor, estuvo dado porque El Roble "es una zona rural donde vive gente modesta, rodeada por predios forestales. Fueron necesarios bomberos, vecinos y brigadistas para controlar el fuego. De haberse propagado, habría consumido miles de hectáreas". Lo cierto es que ese siniestro consumió 400 metros cuadrados.

En el segundo hecho, según dijo el fiscal Lobos, la acusada "fue a un potrero frente a su casa y prendió fuego al pasto seco. Luego regresa a su casa. Así afectó dos predios particulares, debiendo actuar vecinos y bomberos para evitar una tragedia". De esta forma, se consumieron 1.050 hectáreas de bosque y arbustos.

En la parte querellante del caso está la Intendencia del Bío Bío, representada por la abogada Francisca Souper, quien enfatizó la extensión del mal causado. "No podemos olvidar que se trata de una zona forestal con ganado. De no mediar bomberos, vecinos y brigadistas, estaríamos hablando de otro Santa Olga", dijo la jurista.

Dado que la forestal Arauco también fue afectada por el primer incendio, se sumaron al proceso judicial con una querella. "Hay elementos suficientes para condenar este caso, ocurrido en medio de un mes complejo en que hubo días que se volvieron noche con la capa de humo", señaló el abogado de la empresa Jaime Carrasco.

El abogado Antonio Guerra adelantó en su alegato de apertura que irá por la absolución de la acusada por falta de pruebas. Además, criticó que se pida una pena de 10 años de cárcel para la mujer, aun cuando no tiene antecedentes penales y el área afectada llegó a los 1.450 metros cuadrados.

Ayer declaró una residente de El Roble, quien aseguró que los vecinos ya sospechaban de la acusada por incendios de días anteriores, que se detuvieron con su detención. Aún faltan más de 30 testigos, por lo que podría haber veredicto el día viernes.

De "El Viejo" a "El Viejo Zorro" pasó a ser llamado Marco Antonio Escobar Gaete, quien -según el OS7 de Carabineros- es miembro de una banda transnacional dedicada al tráfico de drogas y sobre el cual pesa una orden de detención después de haberse fugado a vista y paciencia de abogados y gendarmes desde el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, aprovechando las debilidades de la institucionalidad.

Esta causa comenzó el 7 de agosto de 2016, cuando el OS7 detuvo a Escobar con casi 4 kilos 923 gramos de pasta base, por lo que quedó en prisión preventiva hasta el 21 de julio de este año, cuando se desarrolló el juicio oral.

El fiscal Álex Montesinos sufrió, en ese entonces, el traspié más grande en persecución penal de este año, ya que la defensa cuestionó que no existiera una constancia de la orden de registro que habría emanado el tribunal de Garantía, lo que significó que, a la postre, Escobar fuera absuelto de todos los cargos.

Sin embargo, el fiscal recurrió a la Corte y anuló la primera sentencia, ordenando un nuevo juicio que se llevó a cabo el 10 de noviembre. Ese día, poco antes de las 9 horas, "El Viejo" se presentó junto a su abogada Carolina López Behar y entraron a la sala de audiencia. En una conversación informal, esperando la entrada de los jueces, Montesinos planteó que no podría rebajar su pretensión de pena (15 años de cárcel) y que, además, pediría su prisión preventiva una vez condenado.

Al escuchar esto, Marco Escobar pidió permiso para "ir a buscar algo", se paró y se fue, sin que exista conocimiento de su paradero actual.

"El tribunal decretó orden de detención y además la prisión preventiva anticipada", confirmó el fiscal Montesinos, quien trabajará con OS7 para que lo capturen de nuevo.

Las críticas hacia la Sociedad Protectora de Animales ubicada en el Parque Lantaño no cesan, y un grupo de animalistas pedirá que una denuncia realizada ante la fiscalía local de Chillán se desarchive, y que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud también tome cartas en el asunto.

Los defensores de los perros acusan malas condiciones de habitabilidad para los cerca de 50 canes que habitan en la sociedad, creada en 1989, y que según miembros de su directorio opera sin fines de lucro y sin financiamiento externo, salvo el de sus socios.

Gary Parra es uno de los críticos más activos del caso. "Este caso había sido denunciado el 6 de abril de 2015, pero la fiscalía no ordenó diligencias para acreditar que ahí hay maltrato animal, pese a que en los medios de comunicación se publicaron las imágenes con lo que ocurre en el lugar, y tampoco fue considerado", señaló.

Según cifras obtenidas por Ley de Transparencia, y entregadas al grupo de animalistas, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 se denunciaron 134 casos de maltrato animal, pero sólo cuatro llegaron a traducirse en investigaciones formalizadas. "Eso habla de la falta de sensibilidad y especialización de los fiscales", acusó Parra, quien pedirá que con imágenes tomadas en la Sociedad Protectora de Animales, el 17 de noviembre, en que se ven perros con garrapatas, desnutridos y en condiciones de insalubridad, se desarchive la causa.

Paralelo a ello, conversarán con el Seremi de Salud, Mauricio Careaga, el 28 de noviembre, para plantearle que el informe favorable a "la perrera de la muerte", emitido por un profesional veterinario, no se condice con la realidad que se vive en el lugar.