Danny Fuentes Espinoza
Los anticipos del Fondo Común Municipal e Impuesto territorial de Pinto son los dos ítems que los profesores colegiados de Pinto piden que se embarguen para que se les reembolse por la deuda del Bono de Subvención Adicional Especial (SAE).
De acuerdo a la sentencia, ya firme y ejecutoriada, son 72 los profesores a los que se les adeuda el dinero desde junio de 2016, cuando el juzgado de Letras de Chillán se pronunció y entregó los antecedentes al tribunal de Cobranza, donde se encuentra trabado el proceso.
Lo anterior, porque el abogado Gorky Díaz, en representación del Magisterio, pidió que se le embargaran $136 millones correspondientes a anticipos del Fondo Común Municipal, y otros $28 millones por concepto de anticipos de Impuesto Territorial y Aseo.
"Nos ofrecieron una propuesta de pago que fue rechazada porque era muy baja la suma que se entregaba en un plazo de tiempo muy amplio, entonces los docentes adoptaron esta decisión y eso es lo que está hoy en vigor", señaló Gorky Díaz.
El abogado se refiere a que el 8 de noviembre solicitó el embargo, a lo que el tribunal respondió de manera positiva para ellos: "Como se pide, ha lugar la medida cautelar solicitada de retención de dinero", dice el escrito evacuado al día siguiente.
La orden quedaría en pie; sin embargo, el 11 de noviembre el abogado del municipio, Esteban San Martín, pidió que se dejara sin efecto la medida, argumentando que "la retención o embargo respecto de bienes que por disposición de la ley están destinados al funcionamiento de los servicios municipales, no deben ser retenidos o embargados, debiendo enmendarse la resolución".
El abogado San Martín busca evitar que el tribunal retenga el dinero, "a fin de evitar la paralización de los servicios municipales y con ello afectar a miles de vecinos de la comuna de Pinto y a cientos de funcionarios o trabajadores".
Asimismo, San Martín planteó que el municipio "ha tratado por todos los medios de cumplir la sentencia de pago decretada en la presente causa, para lo cual formalmente se han despachado correos electrónicos al abogado de la parte demandante con la finalidad de dar solución a este problema, a estas alturas social económico y político". No obstante, se precisó también que "si no se ha dictado el decreto de pago es por la sencilla razón que actualmente el municipio de Pinto no cuenta con los recursos para pagar en una sola cuota lo adeudado".
Fue de esta forma que el 23 de noviembre la acción judicial llegó hasta la Corte de Apelaciones de Chillán, donde se declaró admisible la causa y están pendientes los alegatos.
Gorky Díaz rechazó la postura del municipio. "Bajo el pretexto de tener ya destinados los dineros dejarían incumplida la sentencia del tribunal, y eso llevaría al desacato, y queremos evitar aquello que provoque impacto en la comunidad, como lo sería pedir el arresto del alcalde, si es que no se proponen pagos razonables ni dicta órdenes de pago", dijo el abogado, agregando que las propuestas del municipio no los satisfacen para llegar a acuerdo.
Embargaron $297 millones en Bulnes
El municipio de Pinto es el segundo en Ñuble que enfrenta un escenario judicial más adverso. Peor es el caso de Bulnes, donde el jueves pasado se decretó el embargo de $297 millones que estaban estipulados para otros fines dentro de la casa edilicia. De hecho, cabe recordar que a principios de agosto, el alcalde bulnensino Jorge Hidalgo fue arrestado ante la millonaria deuda. Según explicó el abogado de los profesores, Gorky Díaz, eventualmente ocurrirá lo mismo en Pinto si es que no hay solución. En Bulnes aún no solucionan pagos.