Danny Fuentes Espinoza
Una serie de formalidades jurídicas impidieron que la audiencia de formalización por el emblemático "Caso Desfalco" en el municipio de Chillán Viejo se llevara a cabo ayer, y fuera reagendada para el 31 de enero a las 8.30 horas.
Así lo determinó la jueza Claudia Madsen, quien dirigió la audiencia que ayer se inició a las 9.24 horas, en el tercer piso del tribunal de Garantía de Chillán. Desde su punto de vista, para una causa de esta envergadura, y con diez imputados, era mejor llevarla a cabo con la mayoría presente, ya que en este caso había dos ausencias y en otros cinco casos se pidió nueva día y hora para la imputación de cargos, ya que los abogados defensores no han revisado la carpeta investigativa.
Los dos imputados ausentes fueron el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, y Jorge León Sánchez. Este último se desempeñaba como jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) entre 2012 y 2013, periodo en que supuestamente se defraudó al fisco, gastando dinero que posteriormente no fue rendido con sus correspondientes boletas.
A Jorge León Sánchez no se le despachó orden de detención porque, según explicó la jueza Madsen, no fue debidamente notificado de la realización de la audiencia, y de hecho no se le conoce abogado representante. Por ello se le designó por defecto al jefe de la Defensoría Penal Pública en Chillán, Antonio Guerra.
Caso distinto es el de Felipe Aylwin. Su abogado, Julio Díaz de Arcaya, tomó puesto en estrado y desde ahí explicó que el alcalde presenta un problema médico y por eso extendió la licencia médica al fiscal Serrano, quien entendió las razones. A su salida del tribunal, el representante del jefe comunal manifestó que él "está delicado de salud. Es lo que puedo decir y se me autorizó a decir respecto de las razones por las cuales no pudo asistir".
Díaz de Arcaya manifestó que Aylwin estaba con licencia médica, y el 19 de diciembre, "los médicos que lo tratan en Santiago, en el hospital Clínico de la Universidad Católica, le extendieron una segunda licencia médica durante un periodo más o menos largo. Su estado de salud es delicado y prima su salud antes que estas diligencias".
Lo que viene
"Esperamos que la formalización dure gran parte del día, porque son muchos los cargos, muchos los hechos, pero fundamentalmente se radican dos tipos penales: falsificación de instrumento público y fraude al fisco", explicó al término de la audiencia el fiscal Álvaro Serrano, a cargo de la indagatoria.
El abogado persecutor indicó que "esta ha sido una mega investigación. Hay cientos de pericias y declaraciones, con más de 40 archivadores con información, por lo tanto ha sido largo e incluso tedioso; incluso en algunos momentos por la falta de orden que hay en la municipalidad de Chillán Viejo, siendo muy difícil pesquisar toda la documentación".
Según Álvaro Serrano, el plazo de investigación que se fije después de la formalización dependerá de las defensas, en la medida que soliciten diligencias, ya que a él le restan pesquisas "acotadas".
Asumieron nueve de diez defensores
Entre los 10 imputados hay nueve que al momento del supuesto fraude -cercano a los $300 millones- eran funcionarios municipales, y el último (Silvana Ríos) es civil. Ayer asumieron siete abogados defensores particulares, en tanto la Defensoría Penal Pública (DPP) representará a dos de los involucrados: Silvana Fonseca e Ignacio Moreno. El décimo imputado, Jorge León Sánchez (quien enfrenta el escenario más complejo) aún no entrega patrocinio a un abogado y para la audiencia del 31 de enero del próximo año se designó a Antonio Guerra, de la DPP, para que prepare su representación.
Imputados tendrá esta causa, en la que existen nueve funcionarios municipales y un civil. Ayer asistieron 8 de ellos. 10