Ha sido bien recibida la iniciativa planteada en el seno del Concejo Municipal de Chillán por la edil del Partido Socialista Brígida Hormazábal, quien se hizo eco esta semana de una compleja realidad que se vive en toda la intercomuna, el drama de las personas más vulnerables de nuestra comunidad que deben exponerse al frío y a la humedad en los días con episodios críticos de contaminación, al ver impedido el uso de calefactores a leña no certificados.

La concejala Hormazábal planteó al alcalde Sergio Zarzar que el municipio evalúe subsidiar el recambio de calefactores en los casos más complejos, como una manera de acelerar el proceso que en los últimos 3 años no ha superado siquiera el 5% de la meta planteada en el Plan Preventivo de Descontaminación Atmosférica (PDA) que lleva adelante el Ministerio del Medio Ambiente.

Aunque la iniciativa constituiría un decidido aporte para muchas familias de la comuna chillaneja, considerando que el 80% calefacciona sus hogares con artefactos a leña, lo cierto es que con ello el municipio estaría utilizando recursos para cubrir una gestión hasta ahora deficitaria y a la cual el gobierno se ha comprometido formalmente para reducir los niveles de saturación del aire en las regiones más al sur de Santiago. Lo concreto es que el Estado es el que está en deuda con sus ciudadanos y frente a ello es responsabilidad de la administración actual y las futuras cumplir con dicho compromiso de manera cabal; o de lo contrario reformular el programa de tal manera de allegar recursos desde otras fuentes para atacar una problemática que hoy afecta especialmente a estratos sociales vulnerables.

Si bien parte de la gestión de un municipio es la protección y cuidado del Medio Ambiente, no hay que desconocer que es el Ministerio respectivo el encargado de requerir los presupuestos anuales suficientes para cumplir con los planes y programas propuestos, algo que hasta ahora se ha visto perjudicado por la situación económica interna.

Ahora bien, es importante valorar la preocupación de la concejala de Chillán, quien ha puesto sobre la mesa una situación que a medida que se aproxima el invierno, suma nuevos afectados y nuevos casos sociales complejos. No obstante, no debemos perder la perspectiva que hoy el flagelo de la contaminación lo sufre la intercomuna y ya urbes vecinas como Bulnes y San Carlos están dando indicios de complejidades similares. Por tanto, el llamado directo y concreto a la autoridad medioambiental de la Región del Bío Bío es a sincerar el presupuesto y acelerar las gestiones para ir en ayuda de quienes no pueden costear el necesario recambio o las mejoras a su vivienda. "Al César lo que es del César...".

Pocas iniciativas pueden concitar más apoyo ciudadano que la decisión del Gobierno de presentar un proyecto de ley para aumentar las penas en los delitos funcionarios. Entre ellos, el cohecho, cohecho a funcionarios fiscales o extranjeros, malversación de fondos públicos, negociación incompatible y fraude al fisco.

Desde hace años, el delito "de cuello y corbata", como se le conoce, prácticamente se institucionalizó. La opinión pública ha llegado casi a insensibilizarse al conocer, uno tras otros, los ilícitos perpetrados en este campo, sea por particulares, parlamentarios u otras autoridades. Las denuncias se han sucedido, así como las prolongadas investigaciones, que más tarde terminan con una afanosa búsqueda de las tristemente célebres "salidas alternativas" o de las "penas menores", cuando no en impartir charlas sobre probidad o en multas que no significan nada para los implicados.

El soborno, el cohecho, el mal uso de fondos públicos son todos delitos de la mayor gravedad. Quienes los cometen, precisamente por su mayor cultura, deben ser sancionados con penas mayores, que ojalá incluyan prisión. Aplicar sanciones mínimas o no hacerlo es casi burlarse de la ciudadanía.

Durante muchos años, Chile se enorgulleció de ser un país donde imperaba la probidad, aunque la coima, en dinero o servicios, ha existido desde siempre. Pero los escandalosos sucesos de los últimos años, que hasta incluyeron campañas presidenciales y defensas de grupos e intereses empresariales, colmaron a la ciudadanía. Al mismo tiempo, ésta, empoderada a través de los medios de comunicación y las redes sociales, se atrevió a denunciar más y más hechos. Simultáneamente, los medios de comunicación fueron perdiendo el temor al compromiso publicitario y comenzaron a publicar un desaguisado tras otro.

Sin embargo, todas las denuncias últimas parecen haberse perdido en la marea roja judicial, que protege a los victimarios, y no a las víctimas. Amparados por sus enormes recursos, los que cohechan o saquean las arcas fiscales, contratan millonarias defensas y usan decenas de recursos para dilatar sus procesamientos y, desde luego, para ni siquiera golpear las puertas de una prisión.

Ahora, por fin, llegó la premura. El Ejecutivo estableció quince días de plazo para tramitar el proyecto. No lo hizo por capricho. Una misión de la OCDE nos visitará entre el 2 y 6 de julio para revistar el avance de los compromisos. Ojalá sea el comienzo del fin de malas prácticas que tanto daño le han hecho al país y a los chilenos. Los que delinquen, con corbata o sin ella, no merecen trato especial alguno.

Raúl Rojas, Periodista y Académico.

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