"Él fue muy gentil con mi hijita y le pasó una medalla con una cruz que andaba trayendo"
Jamadiel Torres, padre de
Katherinne, sobre la visita del
cantante Augusto Schuster.
"Los territorios carentes de una accesibilidad adecuada no dispondrán de igualdad de oportunidades"
Christian Loyola, académico de la UBB sobre proyecto de investigación.
Nadie puede asombrarse por la destrucción parcial del Liceo Miguel Luis Amunátegui, a causa de una "toma" apoyada por un grupo de estudiantes, entre los cuales había por lo menos dos mayores de edad, bastante alejados del tiempo de vestir uniforme. Era un hecho que se veía venir. Durante años, educandos de numerosos colegios, en lugar de consagrarse en aprender, lo han hecho en ocupar establecimientos, bajo las más increíbles demandas, muchas de ellas de inspiración política. Durante años también ensuciaron salas y destruyeron instalaciones. Al parecer, el alto grado de impunidad que lograron los alentó a ir a más allá.
Lo patético es que, en este tipo de hechos, los protagonistas son siempre unos pocos, que se arrogan la representación de la mayoría. Es más, como en el caso que comentamos, 50 adolescentes no vacilaron en perjudicar a 700 compañeros que realmente iban al colegio a estudiar. Sin duda, ni siquiera pensaron que, si incendiaban instalaciones y quemaban libros de clases, estarían dañando no sólo a sus pares, sino a la sociedad toda. Lo inaceptable es que desataron violencia hasta niveles increíbles, como acelerantes incendiarios, palos, piedras, agresión a la fuerza pública y otros episodios.
Vivimos en un "Chile nuevo". Comienza el año escolar y, simultáneamente, comienza el año de tomas. Un grupo de jóvenes, ignorando que los liceos los financian todos los chilenos, se apodera de recintos de estudio, instala sillas y letreros y se arroga autoridad para impedir o autorizar la entrada. Está sucediendo en numerosos colegios del país. No sólo en Santiago.
De allí la enérgica reacción del alcalde Gustavo Alessandri, quien decretó el cierre del semestre, y luego del año escolar. Desde luego, los padres de alumnos normales protestaron, en uso de su legítimo derecho. Pero hay algo claro: lo que sucedió fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia, no sólo de las autoridades, sino de la sociedad toda. De allí también la decisión de aplicar la antigua medida: "El que rompe, paga".
No se trata de terminar con la educación en Chile, como dirán algunos extremistas, sino de recuperar su verdadero sentido. A miles de kilómetros de distancia, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a un joven a respetarlo y advirtió: "Primero, hay que diplomarse. Después, protestar". Es la versión moderna de una frase de mi padre que ya cité una vez: "Al colegio se va a estudiar. Después, ya tendrá tiempo para otras cosas". Ojalá que lo sucedido en el Liceo Amunátegui sea el principio del fin. Los liceos, universidades e institutos profesionales no son campos de batalla ni escondites de vándalos. Sencillamente, son lugares en que uno debe prepararse para enfrentar la vida.
Raúl Rojas, Periodista y Académico.
Las recientes demandas estudiantiles encabezadas por grupos que se han denominado feministas han permitido que mujeres que han sufrido vulneraciones por causa de su género o situaciones de acoso se atrevan a formalizar las denuncias respectivas ante las instancias educativas pertinentes. En algunas casas de estudio, el movimiento ha permitido que se establezcan protocolos claros y conocidos para que las alumnas puedan canalizar inquietudes o dar cuenta de actos lesivos para su dignidad personal, sin embargo no todas las instituciones han reaccionado de igual manera y es por ello que el gobierno está promoviendo una iniciativa legal que busca uniformar los criterios para responder oportuna y adecuadamente a la gravedad de las situaciones que son informadas a los centros de estudio superior.
Desde que la campaña #Niunamenos irrumpiera con fuerza en la sociedad para generar conciencia de la gran cantidad de femicidios que se producen cada año en Chile -el año pasado se registraron 44 casos consumados y 115 frustrados-, se ha producido al mismo tiempo un empoderamiento femenino frente a las distintas situaciones de vulneración que las afecta en el contexto social. En tal sentido, durante este año el municipio de Las Condes decidió implementar una ordenanza municipal que curse infracciones a los autores de un "piropo" si una mujer se ha sentido denigrada con éste, un tema en el que el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, se ha mostrado en desacuerdo por considerarlo un exceso. Pese a ello, el municipio santiaguino ya cursó la primera multa.
Es importante considerar que, frente a la "cifra negra" que existe en Chile de personas que evitan denunciar hechos de acoso o abuso sexual por temor a no ser escuchadas o porque son objeto de violencia intrafamiliar, económica o psicológica, resulta positivo que las mujeres sientan que verdaderamente pueden ejercer sus derechos en una institucionalidad que las protege en su calidad de víctimas y que al mismo tiempo les ofrece una red de apoyo para superar las secuelas de dicho menoscabo emocional.
Eso sí, todas las denuncias deben asumirse con la máxima responsabilidad, entregando los antecedentes suficientes para que las instancias encargadas de evaluar, ponderar los hechos y determinar la existencia de una falta o ilícito puedan tener los elementos de juicio necesarios para resolver, siempre sobre la base de la presunción de inocencia y un debido proceso que dé garantías de una necesaria defensa. Esperar resoluciones sancionatorias o punitivas sin que las partes puedan exponer sus argumentos en una instancia objetiva e independiente es ir en contra de los derechos humanos inalienables que poseen todas las personas.
Tres querellas por rotura de sellos interpuso ayer en el Juzgado de Garantía de Chillán, el alcalde Sergio Zarzar. Las acciones judiciales, patrocinadas por el Departamento Jurídico del municipio, se dirige contra tres comerciantes que tendrían en sus locales máquinas de azar, violando lo establecido en la ordenanza municipal.
Conforme se manifestó el abogado Rodrigo Vera, defensor del concejal de San Ignacio, Fernando Rodríguez, quien además de ser absuelto por el delito de injurias contra el alcalde de dicha comuna, Wilson Olivares, recibirá además una indemnización, una vez que la Corte de Apelaciones de Chillán lo condenara en costas.
Las autoridades de gobierno y parlamentarias han mostrado su molestia y preocupación frente al actuar de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y el modo con que han enfrentado la situación que aún mantiene sectores de la provincia de Ñuble sin suministro eléctrico desde hace cuatro días, tras el último temporal.