El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, ayer se reunió con su par alemán, Heiko Maas, donde se mostró de acuerdo con establecer "medidas concretas" de reparación a las víctimas de transgresiones a los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad, en la Región del Maule, destacando la "voluntad" del Gobierno de avanzar en el tema.

"Hay que establecer lo antes posible un calendario y medidas concretas con el fin de saber en qué dirección se pueden alcanzar progresos", dijo Ampuero tras la cita, agregando que "lo importante es nuestra voluntad en este sentido, de trabajar, de apoyar y de hacer todo lo posible para que tema de la Colonia Dignidad se considere como una oportunidad de reevaluar el pasado".

Ambos secretarios de Estado intentarán definir una medida reparatoria durante la cita bilateral del 22 de agosto, en Santiago.

Maas, por su parte, afirmó que "la cuestión de la compensación individual es siempre extraordinariamente difícil, (así como) la de la delimitación de los grupos de víctimas, la de la comparación con otros grupos de víctimas".

Identificar a las víctimas

"La posición del Gobierno federal es que en estas cuestiones se debe actuar con mucha cautela", afirmó el ministro alemán, debido a que algunas víctimas no quieren una compensación económica y, según el semanario "Der Spiegel", al interior del Gobierno de Angela Merkel se reconoce que, en este caso, resulta difícil distinguir a víctimas de victimarios.

La publicación indicó que el Ministerio está estudiando un fondo de ayuda para los problemas de salud de las víctimas, como una manera alternativa de reparación.

Hace dos años, el entonces ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, reconoció la "responsabilidad" del país europeo sobre los delitos cometidos por el ex nazi Paul Schäfer, fundador del enclave germano en el Maule, en 1961, quien fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

"Estamos de acuerdo en que el pasado tiene que reevaluarse", coincidieron Ampuero y Maas.

La Justicia germana también solicitó nuevos antecedentes sobre Harmut Hopp, colaborador de Schäfer, quien se encuentra prófugo desde 2011 tras ser condenado en Chile como cómplice de abusos sexuales a niños, mismo cargo por el cual es investigado en Europa.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados ayer discutió el proyecto que moderniza la Ley de Migraciones, con énfasis en el beneficio social del bono marzo, tema que dividió al Gobierno y los parlamentarios de oposición, ya que el Ejecutivo pretendía establecer un tiempo de estadía como mínimo, mientras que los diputados de izquierda defendieron la entrega universal, ganando finalmente esta propuesta.

La comisión parlamentaria, presidida por Daniella Cicardini (PS), acordó no considerar la indicación de La Moneda sobre la entrega de beneficios de seguridad social con cargo fiscal, entre ellos, el Aporte Familiar Permanente conocido como el bono marzo, donde establecía una residencia mínima de dos años en el país.

"Nuevamente se da una decisión desfavorable respecto a la política migratoria del Gobierno. Nosotros consideramos que existen ciertas restricciones iniciales que debieran tener los extranjeros que tiene que ver con su condición de arraigo. Si la persona no está en condición regular o si la persona está con una visa temporal, nosotros creemos que no deben tener acceso a los beneficios sociales tales como el bono marzo", señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

Este cuestionamiento va en línea con los formulados el martes a la misma comisión, que aprobó el requisito de dos años de estadía para acceder a vivienda y gratuidad en la educación superior, junto con, en jornadas anteriores, dar visto bueno al artículo que impide expulsar a los extranjeros.

"Creemos que aquí hay un grupo de parlamentarios que no entiende. Hemos dicho en todos los tonos que queremos que los extranjeros vengan a contribuir. Sí, estamos todos de acuerdo: queremos también un arraigo. Nos damos cuenta que hay un grupo de parlamentarios de oposición que cree en la inmigración como un derecho a todo evento, y también con acceso a beneficios sociales. Nosotros no creemos eso, creemos que tiene que cumplir ciertas condiciones y si no las cumple creemos que el Estado tiene el deber y el derecho a expulsarlo", destacó Ubilla.

Cicardini, por su parte, afirmó que "cuando él señala que los parlamentarios no entendemos, que hemos generado trabas en la tramitación o que no queremos llegar a acuerdos, es totalmente falso. (...) No es justo que hoy un migrante regular, el cual tiene un contrato de trabajo, no pueda acceder a una licencia médica, por ejemplo".

Valeria Barahona

Una niña de ocho años habría sido sacada desde la plaza donde jugaba por otros menores de ocho, nueve y 12 años, para ser abusada. Menos de 24 horas antes, una mujer de 38 años fue violada por dos menores de 13 y 16 años. Ambos casos, perpetrados en la Región Metropolitana, reabrieron el debate sobre modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

"Lo primero, lamentar", dijo ayer la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, ante el conocimiento de los casos cometidos entre la noche del lunes y la tarde del martes. "Empatizar y solidarizar con la familia y, por cierto, con la menor", agregó, junto con señalar que "hoy la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto con la Subsecretaría de la Niñez, están trabajando para poder fortalecer el programa Lazos, abocado a menores inimputables y no a menores imputables en materia de actos delictuales", es decir, para quienes tengan entre diez y 17 años.

La Moneda rechazó este lunes la propuesta de bajar la edad de responsabilidad penal a 12 años -actualmente fijada en 14 -, impulsada desde el propio oficialismo, bajo el argumento de que no es un tema de disminución de edades, sino de la existencia de sanciones efectivas.

"Creemos que tanto la terapia multisistémica como el poder fortalecer las relaciones parentales pueden ser una salida para aquellos menores inimputables que han tenido su primer contacto con la comisión del delito puedan, finalmente, repararse y ser personas que el día de mañana no caigan en un círculo vicioso de la delincuencia", afirmó la ministra Pérez.

Amenazada con un palo

Una menor de ocho años se encontraba jugando en una plaza de Pudahuel cuando, alrededor de las 18:00 del lunes, tres niños de ocho, nueve y 12 años "la tomaron de ambos brazos (...) para intimidarla amenazándola con un palo, que le van a pegar si no accede a bajarse la ropa para cometer el ilícito", dijo la capitán de Carabineros Mirna Campos.

La niña "ya había mantenido un acercamiento, los conoce desde antes", agregó la uniformada, debido a que el abuso "ya se habría originado en una oportunidad, pero no habría sido denunciado".

Los involucrados fueron identificados y "todos son inimputables, pero hay que hacer la salvedad de que van a ser intervenidos y se van a entregar los antecedentes a los organismos pertinentes para que sean intervenidos tanto ellos como sus familias", sostuvo Campos.