En la edición dominical de este matutino, en la sección de columnas de Opinión, el Presbítero Alejandro Cid Marchant, en su calidad de representante del Obispado de Chillán, ponía en duda la necesidad de que las investigaciones previas iniciadas en las distintas diócesis del país fueran ventiladas por los medios de comunicación o medios de prensa, con la lógica y acertada premisa de que no son éstos los llamados a hacer justicia, ni mucho menos es función del periodismo reemplazar la tarea que corresponde según nuestra Constitución y las leyes al Poder Judicial.
Como medio de comunicación inserto hace nueve años en la comunidad de Ñuble, no podríamos estar más de acuerdo con esta afirmación, y en tal contexto se ha obrado en nuestra labor informativa siempre bajo el criterio de la presunción de inocencia que le caben a todos los ciudadanos sometidos a un proceso judicial. No obstante a estar de acuerdo en este punto, es necesario recordar que gran parte de la crisis que hoy vive la Iglesia Católica en nuestro país, y particularmente en Ñuble por los recientes casos que han salido a la luz pública, se origina en parte porque esta institución no estuvo abierta a entregar públicamente a sus fieles o laicos la información de aquellos sacerdotes que, habiendo sido sometidos a una investigación previa, recibieron de parte de la Santa Sede sanciones severas como la separación de por vida del ejercicio ministerial por hechos de notoria gravedad y que además -algunos- serían constitutivos de delitos ya prescritos.
De ahí a que el ocultamiento que reveló el informe de monseñor Scicluna de casos de abusos por parte de clérigos ocurridos en Chile calara tan profundamente en las comunidades cristianas católicas, así como en el propio Papa Francisco.
En los últimos días, algunas víctimas de Chillán reconocieron no haber encontrado respuesta oportuna a sus denuncias en anteriores autoridades religiosas, tampoco información, pese a que en dichos casos se sentenció con una condena canónica. La necesidad imperiosa de dar mayor transparencia a los actos de los representantes de la iglesia llevó a los obispos chilenos a dar este paso tan difícil, pero ciertamente necesario, pues constituye una señal de no aceptar que este tipo de acciones sigan causando una mancha y un alejamiento de los creyentes de las parroquias y templos.
Por su parte, los medios mantenemos un rol de mayor responsabilidad frente a la sociedad. Dar cuenta de las investigaciones de manera precisa, pero sobre todo de sus avances y conclusiones, de tal modo que quienes resulten inocentes de las denuncias tengan la posibilidad de reivindicación de su honra. Al mismo tiempo, no podemos evadirnos de nuestra responsabilidad de ser fiscalizadores de quienes ostentan el poder o la autoridad, en la búsqueda de que dicha función se ejerza con la responsabilidad que demandan los propios ciudadanos informados.