Andrés Mass Olate
Fue el propio Jefe Territorial del MOP, José Luis Uriarte, quien viajó a Chillán para explicar cómo se ha estado llevando a cabo el proceso del emblemático embalse Punilla, tras la resolución del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que ordenó la paralización de los desalojos y de las obras que no den cumplimiento a las medidas de mitigación, reparación y/o compensación contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto (RCA).
De acuerdo al cronograma inicial, las faenas de construcción del emblemático proyecto deberían partir a mediados del 2019, por lo que José Luis Uriarte, enfatizó que por ahora el proyecto no tendrá retrasos, pese a la resolución del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, "La sociedad concesionaria está trabajando en la ingeniería propia del proyecto y no está dentro de la calendarización el inicio de las faenas de construcción propiamente tal. Por lo tanto, esto no significa un retraso en el proyecto. Será la sociedad concesionaria quien presente los antecedentes al tribunal ambiental y ahí veremos cuál será la resolución final. Esta como su nombre lo indica es una medida precautoria que se establece mientras se entra al fondo del asunto", detalló el Jefe Territorial del MOP
Debe cumplir con la ley
Otro de los aspectos que dejó claro Uriarte en su visita a la capital de Ñuble, tiene que ver con que la ejecución del proyecto debe ceñirse a lo que establece la normativa. "El estudio de impacto ambiental aprobado por la Resolución de Calificación Ambiental 18, del 2010 le dio luz verde a este proyecto y establece como mediada de compensación un proyecto de desarrollo social para el proceso de relocalización de los afectados. Lo establecido ahí es lo que se debe cumplir, ni más ni menos", enfatizó Uriarte, quien agregó que la toma de los terrenos en cuestión, se realizó previa autorización de los tribunales competentes y de acuerdo a la ley de expropiaciones.
Si bien está consciente que cualquier proyecto de esta envergadura tiene efectos, tanto es así que la normativa establece que deben tomarse todas las medidas para compensar, mitigar o reparar, José Luis Uriarte destacó lo positivo de la iniciativa. "Estamos convencidos que las virtudes de este proyecto, son infinitamente mayores que los problemas que acarrea. La necesidad de mejorar las certezas y aumentar las hectáreas de riego son muy importantes. Tenemos sobre todo a pequeños agricultores, año a año sufriendo con mayor intensidad los problemas de la sequía, de la falta de acceso a agua y esta iniciativa va en el sentido de solucionar eso, por lo tanto es muy positivo para la región", aseguró Iriarte.
Cabe recordar que el que permitirá pasar a regar de las actuales 20 mil a cerca de 70 mil hectáreas, beneficiando a cinco mil regantes de las comunas de San Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás, Coihueco y San Fabián de Alico.
A las dificultades ambientales, otro de los eventuales contratiempos que podría enfrentar el embalse Punilla pasa por la difícil situación económica que pasa Astaldi, la empresa que se adjudicó la licitación para la construcción de la mega obra que significará una inversión de más de 600 millones de dólares. Sin ir más lejos, en su visita a Chillán hace unos días, fue el propio Juan Andrés Fontaine, ministro de Obras Públicas, quien reconoció los problemas económicos de la firma italiana, lo que generó de pasó la inquietud de la Asociación de Agricultores de San Carlos, que preside Alfredo Smith, quien auguró debido a ello un posible atraso en las obras.
Sin embargo, José Luis Uriarte, descartó por ahora que Astaldi de un paso al costado, independiente del escenario económico que vive. A nosotros la empresa nos ha comunicado que no tienen ninguna intención de dejar el proyecto de lado y los inconvenientes financieros que aparentemente han tenido internacionalmente, no afectan a la constructora propiamente tal", explicó el Jefe Territorial del MOP.
Críticas a arrau
Una vez producido el desalojo de las primeras familias generó los cuestionamientos en contra de las autoridades, principalmente del intendente de Ñuble, Martín Arrau, a quien han acusado de falta de manejo de la situación, lo que fue descartado por Ignacio Vera, seremi de Obras Públicas de Ñuble.
"El intendente ha sido súper respetuoso del mandante actual que es el Ministerio de Obras Públicas, la verdad es que ha estado en constante coordinación tanto a nivel central y nacional, y todas las medidas que se han adoptado las ha liderado el Ministerio con todo el apoyo que ha tenido, a través de la coordinación que él lidera frente a Carabinero. Nos hemos apegado estrictamente a los procedimientos que se establecen, a las leyes", afirmó Vera.
A juicio del senador Felipe Harboe, si bien el primer responsable es la empresa que ha tenido una mala relación con la comunidad ya que no pudo solucionar los conflictos a tiempo con diálogo, "la autoridad debiera hacerse cargo, no pueden los funcionarios del MOP opinar como extraños, si es un proyecto impulsado por el Ejecutivo. Puede la empresa tener un conflicto con los vecinos, pero las autoridades pueden actuar como mediadores. Eso es lo que echo de menos, capacidad política para buscar soluciones, eso debería hacerlo el intendente", remarcó el legislador PPD por Ñuble.
En una línea similar se mostró la diputada Loreto Carvajal (PPD), quien fustigó el accionar de Arrau, acusándolo de desconocer cómo funciona el servicio público. "El intendente de servicio público no entiende nada, no es solo tener capacidades técnicas, sino que también humanas, y en ese sentido queda muy al debe su gestión", remarcó Carvajal, quien además agregó que solicitó que se realizara una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar la situación de San Fabián. "Existe acuerdo en realizarla, lo que debería producirse en la primera o segunda semana de enero", aseguró la parlamentaria.
Hacerse responsable
Para el abogado de la ONG Defensa Ambiental, Ricardo Frez, es lamentable la postura que sigue manteniendo el MOP (titular del proyecto). "Aunque la resolución que dictó el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia se basa en los incumplimientos que efectivamente la concesionaria. No obstante también hay una falta de accionar del MOP en cuanto a permitir que la concesionaria no avance con el plan de desarrollo social. El Ministerio de Obras Públicas no puede desprenderse de sus responsabilidades ya que es un proyecto de Estado y éste debe cumplir con lo que señala la Resolución de Calificación Ambiental y el bienestar de los vecinos", puntualizó Frez.
En los próximos días se debería estar presentando la demanda por daño ambiental, paso indispensable para abrirse el juicio en el Tribunal Ambiental. Ricardo Frez, se mostró esperanzado que se falle en favor de los vecinos. "Creemos que lo que ya resolvió el Tribunal Ambiental va en la línea de lo que debiese ser un fallo definitivo, que declare que el accionar de Astaldi y el MOP significó un daño ambiental gravísimo, e irreparable", cerró el abogado de la ONG Defensa Ambiental.