"Jamás dejaremos que de manera gratuita enloden el nombre de ningún militante del partido. Nunca más"
Paola Becker, Gobernadora de
Diguillín durante cena anual de RN.
"Terminando diciembre hemos cumplido con todas las metas a nivel regional"
Doris Osses, Seremi de
Desarrollo Social en Ñuble.
Resulta retórico afirmar que la ciencia y tecnología son los principales desafiantes del derecho, pero en verdad, si hasta ayer la ley iba a la siga de la realidad, hoy ésta última mira con distancia lo que la vieja legislación fue capaz de regular ¿Será el proceso de formación de la ley capaz de adecuarse a la realidad? Si la ciencia, tecnología y la filosofía han modificado valores, principios y reglas éticas, ¿cómo no será capaz la ley?
Las leyes plasman en un texto una visión de sociedad para adecuar una conducta social, sea obligándola, permitiéndola o prohibiéndola. Se trata de un intento por adecuar dicha conducta social y para ello, debe adelantarse a ella, o al menos, llegar oportunamente. Tal es la vorágine de los avances tecnológicos, que nuestra ley es cada vez más carente de eficacia. Algunos verán en la falta de norma un espacio de libertad, pero el "vacío legal" puede constituir un riesgo para los derechos ciudadanos, la convivencia social y la libertad.
A diario drones viajan encima de nuestras cabezas, y a pesar del intento regulatorio de la DGAC, no existen normas legales que reglamenten y sancionen adecuadamente las afectaciones a nuestra privacidad o seguridad con dichos dispositivos. Se discute y trabaja en inhibidores de drones para evitarlos en zonas estratégicas, o para bloquear "killers drones", que con reconocimiento facial y armamento de precisión, pueden ubicar a una persona y disparar certeramente.
La impresión 3D es un enorme avance de la tecnología, que permite obtener soluciones "caseras" a demandas cotidianas: reemplazo de prótesis, partes de vehículos o artefactos domiciliarios. Pero también se ha transformado en un dolor de cabeza para las autoridades norteamericanas. Michael Crumling, un aficionado armero de Pensilvania, presumía en una red social sus municiones caseras especiales, que tienen la virtud de no arruinar las armas de plástico. Armas manufacturadas a través de la impresión 3D. Sin registro de creación, sin número de serie, no perceptibles por los detectores de metal y desechables, debido a su rápida fundición en una parrilla casera.
Los legisladores y gobernantes debemos entender el mundo en que estamos, diseñando políticas públicas y leyes que se hagan cargo de esta realidad ¿Qué sacamos con centrar los esfuerzos legales y fiscalizadores sobre armerías convencionales, si hoy cada ciudadano puede fabricar sus propias armas y municiones?
Debemos asumir esto y crear "leyes marco", dejando a la potestad reglamentaria la dictación de "directivas especializadas" por materia, consignando definiciones científicas y tecnológicas con la flexibilidad suficiente para adecuarlas administrativamente sin reiniciar el proceso legislativo. Son los desafíos del derecho en la era de la cuarta revolución industrial.
Felipe Harboe Bascuñán Senador de la República.
Oriunda de Concepción, Asistente Social de profesión, pintora y de un gran
espíritu solidario, fueron parte de los atributos de la personalidad que cultivó Marta Collao Lermanda, propietaria de la tradicional Radio Ñuble, quien dejó de existir por causas naturales ayer en su residencia particular
en Chillán.
El alcalde de San Ignacio, el UDI Osiel Soto, sostuvo que desde su llegada al municipio se detectaron montos impagos sobre los $600 millones, los cuales corresponden al periodo edilicio de Wilson Olivares. "Hay deudas con la central de abastecimiento, con el Hospital de Chillán, con un taller mecánico y más", expresó preocupado.
La polémica en San Ignacio sigue respecto a las millonarias deudas previsionales con los docentes del Departamento de Educación, ahora con las declaraciones cruzadas entre el actual alcalde Osiel Soto y el anterior jefe comunal, Wilson Olivares. Ambos se responsabilizan por los $56 millones adeudados en cotizaciones previsionales.
Según un catastro realizado en 2015 por un grupo de profesionales de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, la población de lobos marinos que viven en el Santuario de la Naturaleza Islote Lobería e Iglesia de Piedra de Cobquecura llegaría a unos 2.700 ejemplares, número que se ha mantenido prácticamente invariable desde el año 2008, cuando comenzó un censo de esta colonia de mamíferos.
Pero esta situación no siempre fue así. Antes de 1992, se vivía una cruel explotación de estos especímenes por parte de inescrupulosas empresas que los cazaban en gran número para vender su piel y fabricar aceite de lobo, aprovechando la débil fiscalización de las autoridades. Fue sin embargo hace unos 25 años que el cura párroco, padre Andrés Lacalle, hijo ilustre de Cobquecura, inició una cruzada para proteger a este patrimonio de la fauna costera de Ñuble y gracias a su tesón y convicción logró la firma del Decreto Nº 544 del Ministerio de Educación, el 1 de septiembre de 1992, que declaraba Santuario de la Naturaleza a una extensión total de 250 hectáreas, que comprendían 5 kilómetros de costa y de 0,5 kilómetros de ancho. Desde entonces, el Santuario de la lobería se ha convertido en una atracción turística para los más de 25 mil personas que arriban a la zona durante la temporada estival.
En los últimos años, sin embargo, la gran afluencia de visitantes ha generado un nuevo problema para los mamíferos estrellas de la comuna pues su arribo coincide con la época en que nacen las crías y que muchas veces perecen ahogadas al intentar escapar del asedio humano.
Para evitar esto, cada año voluntarios de la Corporación Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) arriban a la comuna con la finalidad de proteger a las crías de lobos marinos y a la vez educar a la población respecto de la mejor forma de apreciarlos sin atentar con su ecosistema. En enero de 2018, el municipio y Codeff firmaron un convenio para ejecutar un programa permanente en el tiempo que se extiende desde mediados de enero hasta la mitad de febrero, el cual ha sido ampliamente valorado por la comunidad.
Cabe recordar asimismo que el propio municipio mantiene vigente una ordenanza que prohíbe a los turistas acercarse al santuario, norma que considera multas que pueden llegar a los $2 millones 500 mil para quienes incumplan la medida que apunta a proteger a un atractivo natural y una fauna que, gracias a la conciencia ambiental de su gente, es considerada un verdadero patrimonio local.