María Antonieta Meleán
El Obispado de Chillán hizo pública las decisiones de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede respecto a cinco sacerdotes que actualmente están bajo investigaciones o proceso canónico por denuncias de presunto abuso sexual contra menores de edad, cuyos procedimientos son independientes a los que efectúa el Ministerio Público.
El Vaticano adoptó la sanción más severa el pasado 10 de enero, al decidir la expulsión del presbítero Luis Montenegro Fuentes, quedando excluido definitivamente del ejercicio ministerial. "El Papa Francisco ha concedido la dispensa del celibato y la pérdida del estado clerical, al presbítero Luis Ricardo Montenegro Fuentes, cuya investigación previa por abuso de menor fue remitida a Roma en agosto de 2018. La dispensa ha sido concedida a petición del presbítero, por el bien de la Iglesia, y luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe hiciera al Santo Padre una relación del caso", dice el comunicado.
Sobre la investigación canónica en curso contra el sacerdote Héctor Bravo, solicitaron al administrador apostólico de la Diócesis, Sergio Pérez, suspender el proceso que estaba abierto desde junio de 2018. Cabe recordar que Bravo es el capellán del Ejército, del Colegio Padre Hurtado y párroco de San Pablo, y se encontraba suspendido de sus funciones.
"La investigación diocesana no había llegado a la certeza moral de la comisión de un delito y, por otra parte, el presbítero no ha sido imputado de ninguna falta en el ámbito civil. Esta medida significa que el sacerdote no tiene restricciones para ejercer su ministerio, y que la investigación no se retomará hasta contar con elementos que muestren indicios de un delito o hasta que la justicia civil haga una imputación", explica el Obispado.
En relación al presbítero Renato Toro, la Congregación para la Doctrina de la Fe dejó sin efecto la prescripción de los delitos por los que se acusa y "ha autorizado al administrador apostólico a realizar un proceso penal administrativo, con el fin de ahondar en la investigación iniciada en julio de 2018 y llegar a imponer, si es el caso, una pena justa".
La investigación tiene un plazo de cuatro meses y durante este periodo Toro estará suspendido de cualquier función en el ministerio.
Por otra parte, la investigación contra el párroco de Cobquecura, Jaime San Martín Solís, quien fue denunciado en enero por abuso sexual contra una joven, tuvo resultado verosímil, por ende, los antecedentes será remitidos al Vaticano. "Los hechos denunciados de actos impropios contra el sexto mandamiento, incluido un abuso de menor de edad, han sido acreditados como verosímiles. El expediente de la investigación ha sido enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que determina los pasos a seguir. Se mantiene la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal", detallaron.
Por último, el Obispado de Chillán informó que "sigue en curso el proceso administrativo penal contra el presbítero Osvaldo Salgado Coe, iniciado a fines de octubre de 2018 y a cargo del canonista Claudio Soto. Se espera que dicho proceso pueda cerrarse en el plazo de un mes, luego de lo cual debe imponerse, si es el caso, una sanción penal".
Red laical de chillán
Satisfechos y sorprendidos, fue la respuesta de la Red de Laicos de Chillán por el pronunciamiento del Vaticano sobre los sacerdotes acusados de abusos contra menores. "Estamos satisfechos, ya es la segunda vez que el Obispado ha informado formalmente los distintos estados en que se encuentran las situaciones que afectan a ciertos sacerdotes del ministerio de Chillán", dijo Ramón Solá, vocero de la red laical.
Aseguró que seguirán el caso del sacerdote Héctor Bravo, quien es investigado por Fiscalía. "El tema del padre Héctor Bravo nos pilla un poco de sorpresa, nos hubiera gustado que hubieran ahondado más en las diligencias (...) es un tema que complica a muchos laicos y creemos que la investigación no debiera haberse cerrado, entendemos las razones procesales que tiene el Administrador Apostólico y él no tiene todas las atribuciones a su haber pero la gente va a estar atenta a este caso, que aún no está cerrado, y a otros posibles que puedan seguir apareciendo", dijo Ramón Solá.
Luis Montenegro: Solicitó la dispensa del celibato y la pérdida del estado clerical, las cuales fueron concedidas por el Papa Francisco, siendo excluido definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal.
Héctor Bravo: Su investigación canónica fue suspendida tras no encontrar elementos que comprueben el abuso contra un menor. Puede ejercer el sacerdocio hasta que aparezcan indicios o sea imputado por la fiscalía.
Renato Toro: El administrador apostólico nombrará a un instructor para un proceso penal administrativo que profundice la investigación iniciada en 2018. Se mantiene suspendido de todo ejercicio en el ministerio.
Jaime San Martín: La investigación previa iniciada en julio de 2018 acreditó hechos como verosímiles. Los antecedentes fueron remitidos a la Santa Sede y se mantiene suspendido del ejercicio ministerial sacerdotal.
Osvaldo Salgado: Sigue en curso el proceso administrativo penal iniciado en octubre de 2018, el cual se estima culmine dentro de un mes. De demostrarse el delito, se adoptará la sanción correspondiente.