El pronóstico de incendios forestales más alto de los últimos 20 años fue lo que auguró ayer el ministro de Agricultura, Antonio Walker, para la temporada 2019-2020, la que ya acumula en el periodo 6.662 hectáreas afectadas, es decir, un 305% más que el año pasado, con 996 siniestros registrados en el país, lo que además representa un alza de 103% en comparación a 2018.
Estas cifras no incluyen los últimos incendios que tienen en Alerta Roja a la Región de Valparaíso, donde las autoridades han constatado la acción de terceros en actos intencionales, toda vez que inclusive se han hallado bidones con combustible en medio de las áreas quemadas.
La situación es preocupante por lo que pueda desencadenarse a nivel nacional en la época de verano, considerando que se esperan temperaturas máximas muy altas, humedad relativa baja y alta velocidad del viento, tres factores que unidos a la presencia de combustible natural en las ciudades (presencia de pasto seco) se convierten en la mezcla que en años anteriores ha detonado los "megaincendios".
Entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, la Región de Ñuble fue afectada por más de 300 incendios forestales que dejaron un saldo de superficie quemada sobre las 2 mil hectáreas. Esto se tradujo por ejemplo en escenarios de catástrofe, como el que vivieron las localidades de Caravanchel, Guarilihue y Cantarrana en Coelemu en febrero de este año, donde las llamas arrasaron con 12 viviendas y más de 300 hectáreas, obligando a evacuar a más de 60 vecinos.
Para evitar que se repita este horror en los rostros de las familias que perdieron sus casas y debieron recibir albergue de emergencia, entre ellos adultos y niños, es que el Gobierno dispuso un presupuesto histórico para el combate de incendios forestales: más de $100 mil millones y 6 mil brigadistas de Conaf, Ejército y empresas privadas, que en nuestra región se traducirá en recursos por $1.200 millones, 500 brigadistas de Conaf y 3.400 de empresas forestales, además de medios terrestres y aéreos. No obstante, es importante señalar que ni todos los recursos del Estado serían capaces de combatir el fuego cuando éste es provocado en acciones criminales e intencionales concertadas, como las vistas estos días. Ante ello la comunidad no puede dudar en denunciar oportunamente, cuando sea testigo de acciones sospechosas o negligentes que pongan en peligro la vida de las personas, para dejar que se apliquen sobre los responsables todo el peso de la ley.