Previo al inicio de la discusión del Padem 2014 de Chillán, el Colegio de Profesores, presidido por Brígida Hormazábal, denunció los casos de dos docentes que tendrían que devolver millonarias sumas de dinero al municipio, a raíz de lo que califican de "errores administrativos" por parte del Departamento de Educación.

La compleja situación la viven Manuel Chávez y José Bustamante, a raíz del uso de horas gremiales que fueron otorgadas por el municipio a estos dos dirigentes del Colegio de Profesores. Hace diez años que estas horas son utilizadas para diversas actividades de los dirigentes. Quien decide si se les otorga o no es el alcalde.

Cabe destacar que la instrucción de otorgarlas viene de la Seremi de Educación, quien da la posibilidad de contar con esas horas fuera del contrato respectivo de los profesores que integran el gremio.

El año pasado surgieron algunas complicaciones referentes a este tema. Contraloría comenzó a investigar presuntas irregularidades sobre la cancelación de esas horas, determinando que no correspondía el pago. Desde el Magisterio dicen haber acordado esas horas con el municipio y que jamás les dieron algún instructivo de ir a firmar esas horas.

Ahora se les solita que devuelvan el dinero correspondiente a todas las horas gremiales que utilizaron, la suma de ellas es de alrededor de 6 millones de pesos. "No fue culpa de los dirigentes porque la horas si las cumplieron. Si la propia autoridad permite esas horas gremiales uno no puede ir a discutirle al jefe. Cecilia Aguilera tendría que haber respondido por esto", precisó Hormazábal.

Manuel Chávez no aparecía firmando la entrada ni salida en el departamento de educación del municipio. "La jefa del Daem nunca me dio una instrucción de ir a la oficina a firmar esas horas". Chávez dijo que desde mayo de este año nunca hubo alguna observación del Daem con ellos sobre lo que estaba sucediendo, ni siquiera un llamado telefónico. "Las doce horas que yo tenía de extensión, siempre pensando en la buena fe por parte de la municipalidad, fueron para realizar mis quehaceres y compatibilizar mi trabajo gremial y sindical", argumentó Chávez.

Para Chávez la solución era sencilla, sólo deberían haberle dicho que asistiera a la oficina a firmar y todo hubiera quedado en orden. Pero la salida que le dieron en el Daem fue que exigiera en la escuela donde él trabaja unas horas de Enlace, programa de computación que se imparte en el establecimiento. Esas horas de computación estaban repartidas en varios otros profesores. El total de las horas eran 30, de esas horas donde él tenía que quitar 12 horas a sus colegas.

El profesor y dirigente habló con el director de la escuela y le dijo que no haría eso ya que perjudicaría a sus colegas. "Para mí, esa solución atentaba contra la ética y en el fondo era para desprestigiarme como persona", enfatizó.

Este dirigente se ha visto perjudicado en un tercio de su sueldo. Del 100% que tenía en febrero hoy sólo cuenta con el 60%. "No he podido pagar deudas, los proyectos que tenía con mi familia no los he podido realizar. Me han destruido moralmente, impidiendo realizar mi labor con normalidad", expresó Chávez.

"Se ensañaron con Manuel. Le quitaron horas de docencia, perjudicando su vida familiar", puntualizó Brígida.

Situación similar es la que vivió José Bustamante, quien a raíz de está situación renunció a las horas gremiales. A él tampoco se le dijo que debía firmar en la oficina del Daem.

A este dirigente también se le está solicitando devolver el dinero. Durante diez años fue parte del gremio, gozando de tiempo para actividades del Colegio de Profesores. Hace una semana pasó de ser inspector general del Liceo Nueva Vida de Chillán a ser director subrogante de otro colegio.

José Bustamante se refirió a su situación, señalando que ahora tenía otro cargo y que su gran preocupación es pagar esos 6 millones de pesos.

Según su colega Manuel Chávez, "a él le solucionaron el tema corrigiendo la observación que hizo Contraloría".

La apelación a la Contraloría regional por parte de estos dirigentes se realizó el día 27 de septiembre. La presentación consiste en la reconsideración de la medida que se hizo contra ellos. Según Bustamante, ambas partes actuaron de buena fe. Al preguntarle a la jefa del Daem por estos dos casos, Cecilia Aguilera evidenció su molestia y evitó referirse a las indagaciones, afirmando que ella "no estaba involucrada" y que ella sólo había enviado los antecedentes del caso a la Contraloría.