Este 2013 ha sido bueno para la economía chilena. Completa un ciclo de cuatro años consecutivos de crecimiento, con altos niveles de empleo y salarios reales en alza. Aunque hay señales de cierto freno en la expansión, no parece avecinarse un 2014 difícil en este aspecto y las proyecciones de los especialistas se ubican en torno al 4 a 4,5%. Para la agricultura, en cambio, los últimos años han sido complejos por la sostenida pérdida de competitividad y los adversos escenarios climáticos que ha enfrentado en esta ya cuarta temporada de sequía, agudizada por las recientes heladas que afectaron a la fruticultura. Por esto, estimamos que el crecimiento del sector silvoagropecuario este año será muy modesto, en torno al 1%, con secuelas negativas el próximo, con una caída de hasta 2%.

La progresiva recuperación de las economías desarrolladas, la corrección de las tasas de interés y los anuncios de retiro de estímulos monetarios, han revertido la tendencia del tipo de cambio en las últimas semanas, lo que es una buena noticia, aunque no necesariamente para la competitividad del sector, pues los precios externos comienzan a ajustarse a la baja.

Lamentablemente en la deliberación política que ha rodeado la elección presidencial, no han estado tan presentes los desafíos que el país debe abordar para fortalecer el crecimiento del país. La discusión se ha centrado más bien en cómo se "repartirá la torta" que ya tenemos y no en qué haremos para agrandarla.

Los desafíos de la competitividad son enormes y urgentes si queremos atender las aspiraciones de los chilenos. Tema ineludible para el próximo gobierno será, por ejemplo, enfrentar la emergencia energética que se avecina, cuyas primeras manifestaciones serán las alzas de tarifas previstas para el próximo otoño.

Otro asunto estratégico será el destrabar las inversiones, como también dar certeza en materias tan estratégicas para la agricultura como son los derechos de aprovechamiento de las aguas, sobre los cuales se abre una gran incertidumbre ante propuestas que buscan cambiar la naturaleza jurídica de los derechos sobre los recursos naturales. Innovar en materia tributaria sin afectar las decisiones de inversión será igualmente crucial, como también actualizar y flexibilizar las normas laborales para asegurar más y mejores empleos.

Por último, modernizar nuestras instituciones públicas, profesionalizar sus equipos humanos y renovar las prácticas es también necesario, a fin de contar con instituciones públicas al servicio de los ciudadanos y capaces de cumplir cabalmente su rol. La calidad de las respuestas a estos desafíos definirá las vías por las cuales transitará el país en los próximos años y su capacidad de responder a las aspiraciones de nuestros compatriotas.