Abstención electoral
Para algunos, este porcentaje deslegitima la elección, pero al no presentarse a las urnas están también ejerciendo su derecho.
La abstención fue protagonista de las elecciones del pasado domingo. La lenta constitución de mesas, marcaron el día de la segunda vuelta y terminaron con la elección de la nueva Presidenta de la República, con uno de los porcentajes de preferencias más bajos de la historia nacional.
En nuestra Región del Bío Bío cerca de 720 mil personas concurrieron a las urnas del millón 633 mil habilitados para emitir su opinión a través del sufragio, lo cual sin duda es preocupante.
Pero, más allá de inquietarse por la baja presencia de ciudadanos en los locales de votación, es necesario asumir que en todos los países que tienen voto voluntario sucede lo mismo. Son más de cien naciones que asumen esta forma de participación y en todas la baja asistencia de la gente es un tema en cada proceso eleccionario.
Con la excepción de Venezuela, que presenta niveles de votación cercanos al 90%; todos los demás bordean el 50 por ciento. Portugal eligió al Presidente Aníbal Cavaco Silva en 2011 con un 46% de los votantes; en Estados Unidos la reelección de Obama tuvo un 41% de abstención; en Austria, Heinz Fischer venció en un proceso donde faltó el 50,8% de los ciudadanos.
En Chile, la cifra de votantes alcanzó su máxima expresión a principios de los años noventa y desde ahí ha venido en disminución constante. La del domingo fue una prueba de ello, sin apelaciones.
Para algunos este porcentaje menor de electores motivados deslegitima la elección, pero olvidan que al no presentarse a las urnas las personas están también ejerciendo su derecho y, con el, enviando un mensaje sobre la gran desconfianza que tiene la ciudadanía frente a la clase política. De hecho, en la última encuesta Cerc solo un 7% de los consultados dijo confiar en autoridades y parlamentarios para solucionar los problemas del país.
Así vista, la abstención en una señal dada sobre la base de la libertad. Sin embargo, también es un indicador de desigualdad: los que más se abstienen son los más pobres y los sectores con niveles bajos de educación. Osea, también hay una barrera económica en esta materia.
Por lo anterior, la solución no pasa por revocar un derecho adquirido, sino por mejorar la información al electorado y modernizar dar más facilidades para que ejerza ese derecho con facilidad y plenas facultades.