Diversos representantes locales, tanto municipales y policiales de Quillón, participaron en una reunión en la jornada de ayer, en la que se les informó a ribereños y dueños de naves acuáticas sobre las drásticas medidas que se adoptarán en la Laguna Avendaño a quienes circulen en sus embarcaciones sin cumplir con las medidas establecidas.

Sanciones, que en el caso ser graves, podrían terminar en el retiro de circulación de las naves desde la laguna, situación que se realiza para proteger la seguridad de los bañistas y veraneantes.

Las fiscalizaciones contemplan supervisar el cumplimiento de las normas vigentes mínimas como la prohibición de uso de naves en horarios no establecidos para la navegación, el que rige desde las 15 a las 21 horas, restricción en la conducción de menores y a menos de tres metros con la ribera, además de hacerlo en el sentido opuesto a los minuteros del reloj, como también cumplir la exigencia de circular con chalecos salvavidas.

El alcalde de Quillón, Alberto Gyhra, comentó que serán rigurosos en la fiscalización y si hay que sacar naves de circulación, se hará sin clemencia a fin de acabar con ello.

"La fiscalización se realizará preferentemente durante los festivos y fines de semanas, contando además con equipos náuticos de la Armada y con la colaboración de ribereños que poseen lanchas rápidas, lo que permitiría dar alcance a quienes tras cometer incumplimientos de las nomas de uso de la laguna se puedan dar a la fuga", sostuvo Alberto Gyhra.

En la reunión participaron además del alcalde, representantes de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones, abogados, inspectores municipales, dueños de complejos turísticos ribereños y prestadores de servicios de navegación turística.

Más de 2.700 millones de pesos se aprobaron en la última sesión del Consejo Regional, en proyectos para distintas comunas de la provincia de Ñuble. El primero es "Mejoramiento Ruta N-45 3 esquinas Cato-Nahueltoro" inversión que superará los 2.490 millones de pesos.

El proyecto consiste en la pavimentación de la ruta entre el kilómetro 15 y 21.8, donde se considera una solución en concreto asfáltico. Gracias a esta iniciativa se potenciarán los procesos de desarrollo productivo y la conectividad de la ruta precordillerana.

El alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, que estaba presente en la sesión y se hizo acompañar por más de 100 vecinos de los sectores de Tres Esquinas, Nahueltoro y Copihual, agradeció al Intendente y los Consejeros Regionales por la aprobación del proyecto, manifestando además que con esta ruta se mejora la calidad de vidas y se convierte en una alternativa a la ruta 5 cuando ocurre algún accidente en el puente Ñuble, favoreciendo incluso a comunas como San Carlos, San Fabián de Alico, Ránquil, la ruta turística de Pinto y San Ignacio.

Esta obra, que debiera partir dentro del año en curso, es una aspiración que los habitantes del sector han esperado por casi 15 años, según relató la Presidenta de la Junta de Vecinos de Nahueltoro, Lidia Montecinos. Asimismo, la dirigente vecinal destacó la labor del alcalde Carlos Chandía en la gestión de este proyecto que, además, permitirá mejorar su calidad de vida.

En el Core además se vieron proyectos de maquinarias que resultan muy importantes para las comunas, de esta forma se aprobó la iniciativa denominada "Adquisición de 2 camiones tolvas para la municipalidad de Ñiquén", por más de 109 millones de pesos. Lo anterior es fundamental para la mantención de caminos rurales.

En tanto la comuna de Coelemu también resultó beneficiada con el proyecto "Adquisición maquina motoniveladora" por más de 165 millones de pesos, lo que les permitirá trabajar en la adecuada mantención de la red vial.

Gabriel Muñoz

Diversas reacciones ha generado la condena a 5 años y un día de presidio efectivo que dictó la Corte Suprema de Santiago en contra Patricio Jeldres Rodríguez, por el delito de secuestro calificado de dos dirigentes campesinos desaparecidos, hechos ocurridos a partir del 22 de octubre de 1973.

Se trata de las desapariciones de Enrique Cádiz Cortés, quien era obrero agrícola y secretario de la Federación de Sindicatos Campesinos Isabel Riquelme y militante del Partido Socialista, además de Gilberto Pino Baeza, obrero agrícola, ambos detenidos por Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, donde Jeldres era teniente.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chillán, Rosario Peña, comentó que la pena que se aplicó es "una burla" para los familiares.

"Es una irrisión lo que hace la justicia al condenar con penas tan bajas a estos criminales, porque causaron mucho daño en la provincia, porque además Jeldres participó en la muerte del ex alcalde de Chillán junto con otro grupo de Carabineros, que mataron y escondieron los cuerpos de muchos chillanejos, incluido el de mi viejo, Leopoldo Martínez".

Rosario Peña lamentó además el hecho de que en Ñuble figuran 93 detenidos desaparecidos, pero sin embargo la justicia muy pocas veces condena a los responsables, y la mayoría de estas condenas son cumplidas en libertad, sostiene.

En este mismo sentido, la presidenta nacional de la AFDD, Lorena Pizarro, comentó que lo que ocurre en Chillán, donde hay muy pocos casos de condenas hacia violadores de derechos humanos, es una realidad también nacional.

"Aquí no hay más culpables, son los mismos que están enjuiciados desde hace años, que no superan los 100, y que en su mayoría gozan de libertad, o bien en cárceles especiales, pero lo que es peor, existe un terrorismo de Estado que avala estas situaciones, existiendo muchas personas que participaron activamente y que hoy tienen participación política, como los casos de Rosauro Martínez o de Cristián Labbé", afirmó.

Otra de las medidas que adoptó la Corte Suprema en esta causa, fue condenar al Fisco al pago de $500 millones a las familias de Gilberto Pino y de Enrique Cádiz, dinero que será repartido entre 10 familiares de los detenidos desaparecidos, quienes que recibirán $50 millones cada uno.

Sergio Cádiz fue detenido en su domicilio, mientras que Gilberto Pino fue aprehendido en su lugar de trabajo, los dos producidos el 22 de octubre de 1973. Ambos fueron detenidos por Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, primero retenidos en la unidad policial y luego en el regimiento local. Carabineros consignó que al día siguiente de la detención quedaron en libertad con la obligación de concurrir a firmar al cuartel de Carabineros de Cato, sin embargo desde ese día hasta la actualidad no se han producido novedades respecto de sus paraderos.