El Gobierno argentino anunció ayer que enviará un millar de agentes federales para reforzar la seguridad en la provincia de Córdoba (centro) ante el riesgo de nuevos motines policiales, como los que a principios de diciembre derivaron en una ola de violentos saqueos.

Por instrucción de la Presidenta Cristina Fernández, la Secretaría de Seguridad dispuso el envío de mil agentes federales "en materia de seguridad preventiva, frente a eventuales acciones por parte de la policía de Córdoba", explicó el jefe del Gabinete de ministros, Jorge Capitanich. "La seguridad pública es competencia de las provincias. En este sentido, el gobernador (cordobés) José Manuel de la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federales", aclaró Capitanich.

"En consecuencia, se establece un mecanismo de prevención, pero lo que tiene que quedar claro es que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos", añadió el ministro.

Capitanich destacó que la intención del Gobierno es mostrar un apoyo "contundente" para evitar cualquier medida de "carácter extorsivo" y hacer valer el orden institucional frente a las amenazas de nuevas huelgas policiales. Recordó que el Tribunal de Conducta policial de Córdoba sancionó el miércoles a cuatro agentes por promover acuartelamientos. Los policías cordobeses iniciaron una huelga el pasado 3 de diciembre en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

Ante la ausencia de agentes en las calles, una oleada de saqueos se extendió sobre la capital y dejó dos muertos y doscientos heridos.

El fiscal Rául Garzón, uno de los persecutores que investiga las causas iniciadas por los saqueos ocurridos en Córdoba en diciembre pasado, ordenó la detención de 16 policías por presuntos delitos cometidos durante el autoacuartelamiento, que derivó en un caos social en la provincia y generó un efecto réplica en otros puntos del país. Según destacó el diario "Clarín", los efectivos fueron imputados por los delitos de "desobediencia a la autoridad" e "instigación a cometer delitos".

Mabel González / Agencias

El Vaticano fue sometido ayer a un duro e inédito escrutinio público sobre los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes en todo el mundo, instancia en la que la institución reconoció la existencia de pederastas entre los miembros del clero y el personal de la Iglesia Católica.

"Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la Iglesia", dijo monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra, durante la presentación del Vaticano ante la Comisión de la ONU sobre los Derechos del Niño.

El jefe de la delegación enviada por el Vaticano reconoció que la cuestión de los abusos contra niños es particularmente grave cuando se trata de personas que gozan de una gran confianza y están llamadas a proteger todos los elementos de la persona, incluida su salud física, emocional y espiritual. "Esta relación de confianza es crítica y requiere de un gran sentido de responsabilidad y respeto hacia la persona que se sirve", dijo Tomasi.

El órgano de la ONU dedicó su sesión de ayer a evaluar la manera cómo la Santa Sede cumple los compromisos asumidos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño.

La autoridad moral de la Iglesia ha sido minada por los escándalos surgidos en los últimos años en relación a abusos sexuales perpetrados por sacerdotes en diversos países del mundo y que han intentado ser minimizados por la alta jerarquía católica.

En esta ocasión, Tomasi sostuvo que frente a esa situación, el Vaticano ha "delineado políticas y procedimientos para ayudar a eliminar tales abusos y colaborar con las autoridades estatales respectivas para luchar contra este delito".

Frente a los casos de abusos sexuales de menores bajo custodia o influencia de clérigos, la posición de las autoridades de la Iglesia ha sido que, cuando se comprueba la comisión de un crimen, éste debe ser castigado aplicando las leyes del Estado donde ocurrió. En su comparecencia, Tomasi aseguró que la Santa Sede "está comprometida a escuchar cuidadosamente a las víctima de abuso y a abordar el impacto de tales situaciones en los sobrevivientes y sus familias".

La sesión del comité estuvo centrada en las sanciones contra los responsables de pederastia y quienes ocultaron casos de este tipo. No obstante, no hubo respuestas claras. El comité pidió cifras sobre los casos de los que ha tenido conocimiento el Vaticano. La única referencia a cifras la hizo Tomasi, quien señaló que para 2012 se habían documentado 612 casos. Sin embargo, organizaciones civiles afirman que sólo en EE.UU. se registraron más de 100 mil casos desde 1960.