Daniela Méndez Aedo

Un nuevo caso de un presunto "falso pobre" salió a la luz en la comuna de Quillón, donde el principal sindicado es el concejal Miguel Peña, quien estaría recibiendo ayudas del Estado, sin ser merecedor de éstas.

Según fuentes conocedoras del caso de Miguel Peña, éste presenta un puntaje de 4.997 puntos en la Ficha de Protección Social, además, según un informe de transparencia de la Municipalidad de Quillón, dicho concejal posee Fonasa en tramo B, uno de los grupos en los que participan las personas de escasos recursos. En tanto que el año 2004 obtuvo ayuda estatal para acceder a un subsidio habitacional, cuya vivienda recepcionó en el 2007.

Si bien al municipio no le consta que Peña haya falsificado alguna documentación para obtener recursos estatales, la primera semana de febrero tendrán la nueva información referida al puntaje de la Ficha de Protección Social que el mismo alcalde Alberto Gyhra solicitó, momento en el que evaluará si procederá con una investigación sumaria administrativa en contra de la persona que realizó anteriormente la ficha del concejal Peña, siempre y cuando exista una discrepancia entre ambas fichas.

Los rumores de que Miguel Peña era un "falso pobre" llegaron a sus oídos hace un tiempo, cuando según sus declaraciones, sus hijos recibieron alimentación de Junaeb en la escuela municipal donde estudian.

"Corrió el rumor de que mis hijos recibían alimentación del Estado, pero eso fue porque en dos o tres oportunidades faltó algún estudiante a la escuela y esos almuerzos se los dieron a mis hijos, pero nunca he recibido recursos, ni sé qué entregan ahí, fue algo circunstancial y no algo permanente", comentó el propio Peña a .

Respecto de su puntaje en la Ficha de Protección Social, declaró que jamás tuvo interés en conocerlo y que, por lo mismo, "no tengo idea cuántos puntos tenía en la Ficha anterior, nunca había ido a preguntar cuántos puntos tenía, y por eso hicimos una nueva encuesta, hace 10 días fueron a mi casa a hacérmela. Por lo demás, tengo un hijo que está siendo matriculado en este establecimiento y hasta donde yo sé no es ilegal que tenga un hijo en un colegio público", afirmó el edil. Según él, "alguien de mala leche anda hablando".

Hace meses atrás se dio a conocer en varios medios de comunicación el caso del alcalde Richard Irribarra, de Quirihue, cuya polémica estuvo fundada en la adquisición de una vivienda con un subsidio de reconstrucción que otorgó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El mismo organismo, mediante su delegada provincial, Doris Osses, pidió recientemente que el edil, mediante una demanda civil en el Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, devolviera los dineros obtenidos por dicho subsidio, que en ese momento equivalían a 455 UF.

Serviu fundó su demanda en el hecho de que Irribarra no habitaba la vivienda recién construida, ni tampoco los miembros de su círculo familiar más cercano.

Es por esto que, según la Ley, Serviu está pidiendo la restitución del dinero, equivalente al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha efectiva de la resolución, es decir, unos $11 millones.

En dicha demanda, Serviu expresó que "la naturaleza de esta acción de restitución, es de aquellas que requieren de una tramitación rápida para ser eficaz (...), se está infringiendo una obligación por parte del beneficiario, que demuestra que el subsidio habitacional no ha sido utilizado para adquirir una vivienda que solucione la problemática habitacional de una familia, sino por el contrario, viene a constituir un lucro que imposibilita el otorgamiento de esos recursos a familias que realmente presenten vulnerabilidad y urgencia habitacional".

Dicha denuncia ya pasó por varios alegatos, y su fallo debería ser dado a conocer durante las próximas semanas.

Richard Irribarra, además, fue denunciado el año 2012 por la Seremi de Desarrollo Social, debido a que habría adulterado su Ficha de Protección Social, donde aparecía con un puntaje de 4.164 puntos, los que hoy en día ascienden a más de 14 mil.

La actual seremi de Desarrollo Social, Paulina Villagrán, manifestó que "en el caso del alcalde de Quirihue, se está investigando, hay un proceso, y dentro del proceso se está llevando adelante a través de una investigación, y esperamos que pueda fallarse lo antes posible, dentro de la autoridad municipal presentaba bastantes medidas dilatorias, lo cual ha impedido que pueda fallarse hasta ahora", mencionó ayer en Chillán.

En este sentido, la seremi afirmó que muy que pronto, durante el mes de febrero, el alcalde deberá ir a declarar sobre este caso.

La interrogante que surge a partir de casos como los de adulteraciones de datos en documentos oficiales como una Ficha de Protección Social, es si existen sanciones a quienes han incurrido en alguna falta.

De acuerdo a lo comentado por la seremi de Desarrollo Social del Bío Bío, Paulina Villagrán, "uno de los grandes inconvenientes que tenía la actual Ficha de Protección Social, es que no tenía los mecanismos suficientes de verificación respecto a la información, por eso es que este Gobierno implementó y se desarrolló un instrumento mucho más seguro, con más preguntas, y con más elementos, y esperamos que pueda ser implementado por las nuevas autoridades, porque ya está toda la información que será entregada al nuevo ministro".

Si bien el Ministerio de Desarrollo Social no tiene las facultades para sancionar a los ciudadanos con la Ficha de Protección Social, cuando una persona ha incurrido en el ocultamiento de la información la falsificación puede ser fácilmente denunciada al Juzgado de Policía Local, o bien, a la Fiscalía, dependiendo del caso. "En caso de que se note acreditar falsificación en el documento, el Juzgado de Policía Local le puede aplicar una multa, y en el caso en que por la rebaja del puntaje haya recibido algún beneficio en especial, como un subsidio, se hace una denuncia en la Fiscalía Local, quienes investigan e inician un proceso penal por adulteración de instrumento público o fraude al Fisco", explicó Gustavo Apablaza, asesor jurídico de la Seremi de Desarrollo Social.

Asimismo, recalcó que las multas van desde 1 hasta 10 UTM. El Ministerio, en tanto, de comprobarse la falsificación en el documento, deberá hacer una revisión de ésta, y una vez sancionado, se realizará una nueva Ficha de Protección Social y una nueva encuesta, con los datos reales.

Falsos pobres en San Carlos: Corría el año 2011, cuando tres funcionarios de la Municipalidad de San Carlos fueron investigados por falsos pobres. Según los antecedentes, habían modificado sus datos en la Ficha Social.

Ficha de Protección adulterada de alcalde: El alcalde de Quirihue, Richard Irribarra, fue ampliamente cuestionado durante el año 2012, debido a que sus datos de la Ficha Social no coincidían con su realidad, y por lo cual obtuvo beneficios.

Investigación y sumario en la Dideco de Chillán: Dos funcionarios de Dideco en Chillán, en el verano 2013, fueron investigados y sancionados por facilitar el falsear datos en la Ficha Social, en especial al encargado de la Ficha, Christopher Carrasco.

En San Carlos, tres personas del círculo de confianza del alcalde Hugo Gebrie fueron investigados por Contraloría en 2011, cuando la administradora Ximena Pacheco, la funcionaria del Daem Pilar Salinas, además de la actual pareja del edil, Nayaret Domínguez, también funcionaria del Departamento de Educación Municipal, habrían adulterado la Ficha de Protección Social, obteniendo bajos puntajes para recibir beneficios estatales. Una situación similar se vivió en el Departamento de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Chillán, donde el mismo encargado del instrumento de medición, Christopher Carrasco, habría facilitado que algunas personas se rebajen el puntaje de la Ficha de Protección Social.

Bajo puntaje en la ficha de concejal de Quillón: El alcalde de Quillón, Alberto Gyhra, pidió hacer una nueva encuesta al concejal Miguel Peña, para corroborar su puntaje y aplicar sanciones a sus funcionarios, si es que prueba que hubo adulteración.