Hace pocos días se aprobó el Proyecto de Ley que Fortalece la Probidad y Transparencia en las Municipalidades. Esta noticia es muy positiva y un paso muy importante en materia de mejorar la gestión municipal. La futura ley recoge muchas inquietudes que han sido planteadas por los municipios en los últimos años.

La norma introduce importantes cambios, generando una mayor profesionalización, al disponer que las cinco áreas más relevantes del municipio estarán servidas por funcionarios profesionales. Hasta la fecha, sólo algunas de ellas contaban con estos cargos y hay muchos casos en que esas unidades simplemente no existían. Ello permitirá mejorar la atención a los vecinos y la gestión municipal.

A modo de ejemplo, la norma impedirá que un concejal sea pariente cercano del alcalde, y éstos últimos estarán sometidos a un control efectivo ya que se faculta a los Tribunales Electorales Regionales para que, a instancia de los concejales, les impongan sanciones como amonestación, multa, suspensión del empleo y destitución cuando incurran en infracciones a las normas vigentes, para lo cual la responsabilidad del alcalde podrá hacerse efectiva hasta seis meses después de haber cesado en su cargo, imponiéndosele la obligación de confeccionar un acta de traspaso con toda la información de su gestión, la que podrá ser conocida por la comunidad.

A su vez, se transparenta la votación de los concejales y las razones de éstos para inhabilitarse o abstenerse. Asimismo, los concejales dispondrán de iniciativa para someter materias a conocimiento del concejo, en la medida que no tengan incidencia presupuestaria. Ello quiere decir que podrán incorporar puntos en la tabla de sesiones y no estar sólo a lo que el alcalde decida.

La iniciativa regulará la contratación de una auditoría externa por el concejo cada vez que se inicia un ciclo alcaldicio, con el fin evaluar la situación financiera de la respectiva municipalidad. Finalmente, en otro ámbito, se faculta a las Municipalidades, por el plazo de un año, y previo acuerdo de concejo, para celebrar convenios de pago por deudas por derechos de aseo, permitiéndoles condonar multas e intereses por dicho concepto.

Esta nueva ley sin duda mejorará con creces la gestión de los municipios y la profesionalización de sus funcionarios, permitiéndoles tener una mejor capacidad para enfrentar los escenarios actuales.

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo

En el curso del segundo semestre de 2012, el Ejecutivo firmó el proyecto de ley que propone la división del actual Servicio Nacional de Menores, hoy a cargo del Ministerio de Justicia. El proyecto contempla, en lo medular, la creación de dos nuevas instituciones: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia.

El primero busca proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, contribuyendo a la restitución de esos derechos, reparando el daño causado y buscando la integración familiar y comunitaria, además de hacerse cargo de las adopciones. El segundo, se especializará en adolescentes infractores de la ley, apuntando a una intervención socioeducativa de calidad, orientada a la reinserción social.

Con este proyecto de ley, se está dando un paso importante en la búsqueda de una respuesta eficaz ante las falencias que son evidentes en el actual sistema. Así, al separar funciones, se posibilitará una mayor focalización en la asignación de recursos humanos y financieros, lo que puede incidir en el mejoramiento de la gestión.

Sin embargo, la discusión de este proyecto se ha visto dilatada en la Comisión de Constitución y Justicia del Congreso porque --habiendo consenso allí acerca la división del Sename- se ha estimado que se requieren otras leyes, entre ellas, una de protección integral de niños y adolescentes que remplace a la Ley de Menores actualmente vigente. Asimismo, se ha propuesto una Defensoría de la Infancia y una enmienda a la Constitución que especifique la centralidad de la defensa de los derechos de niños y adolescentes.

Este debate para perfeccionar las distintas normativas no debiera dilatar la tramitación del proyecto de ley que crea los dos nuevos servicios, ya que ello sólo demorará las medidas para proteger a menores que ya han visto gravemente violentados sus derechos. A veces, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y en este caso la urgencia es dar curso a esta reforma, lo cual no impide continuar mejorando la legislación.

El proyecto de ley que propone dividir el Sename en dos instituciones distintas es un paso importante para remediar las falencias del actual sistema, pero su discusión obviamente se ha dilatado en el Congreso.