Hace algunos días las sonrisas y los rostros alegres se repetían en cada uno de los rincones del Palacio de Gobierno, en calle Moneda.

La última encuesta Adimark elevó, en cuatro puntos la aprobación al Presidente Sebastián Piñera, que de esta forma alcanzaba un 49% de apoyo, el mejor resultado del mandatario desde fines de 2010. Paradojas de la vida, el mayor nivel de aprobación de Piñera, llegó a poco más de un mes de dejar La Moneda. Atrás quedaban las bajas cifras de apoyo, gatilladas por movilizaciones sociales, principalmente, el conflicto estudiantil de 2011. Cuando Piñera lograba reencantar a los chilenos, una cuestionada asesoría realizada al Minsal por el ex candidato a diputado de la UDI, Pablo Zalaquet, tras perder las elecciones, vuelve a dar un dolor de cabeza al gobierno. El problema es que no es uno sino más de 10 los casos similares a los de Zalaquet. Para algunos, un premio de consuelo para las apuestas partidistas de la Alianza que no pudieron llegar al Congreso. Para otros, la lógica posibilidad de poner a disposición del aparataje público los servicios de profesionales capacitados y aptos para tal función. Ñuble, no se quedó afuera de la polémica. La ex candidata a senadora por RN, Rosa Oyarce y el ex candidato a diputado de la UDI, Rodrigo Saavedra, aparecen en los casos de las llamadas "Becas Piñera".

Ambos ex funcionarios de gobierno hicieron una arriesgada apuesta política y decidieron dejar de prestar sus servicios para el Minsal y el Injuv, respectivamente. Sin bien no hay conductas delictivas, ni siquiera faltas administrativas, la pregunta es si éticamente es correcto que el gobierno vuelva a requerirlos o reubicarlos en otras reparticiones solo por haber sido derrotados. Por otra parte, si hoy los cuestionados funcionarios públicos tenían las capacidades técnicas y profesionales para colaborar con el Estado , ¿es imperativo prescindir de ellos, solo por haberse embarcado en una apuesta con miras a lograr un escaño en el parlamento?.

Quizás cuando un gobierno llega con el título de barrer con las malas prácticas de las que acusó a su predecesor, y cuando se promete que solo se llamara a colaborar a los mejores, se debe ser aún más precavido y evitar propiciar conflictos innecesarios.El debate, de seguro, continuará en algún café, oficina o almuerzo familiar. La respuesta, por cierto, se expresara cuando los ciudadanos vuelvan a emitir su sufragio.

Como se sabe, el 16 de enero una delegación del Vaticano compareció ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño con sede en Ginebra, para explicar cómo la Santa Sede ha afrontado los casos de pedofilia que se han dado en la Iglesia. Posteriormente, el 5 de febrero, este Comité ha elaborado un durísimo reporte -además, con un lenguaje y una publicidad inusitada para este tipo de documentos, que suelen pasar inadvertidos para la opinión pública-, en que critica que la Santa Sede no haya tomado todas las medidas necesarias para combatir este problema, acusándola así de violar la Convención de Derechos del Niño. Y como si fuera poco, y saliéndose de sus competencias, reprocha severamente al Vaticano por sus enseñanzas respecto de la sexualidad, la familia, el derecho de los padres de educar a sus hijos y el aborto. En suma, se trata de un festín de ataques y críticas contra la Iglesia Católica.

A tal punto ha llegado esta situación, que el mismo Vaticano ha hecho una declaración bastante fuerte sobre el aludido informe, al que califica de "anómalo". Ello, no sólo porque en él no se menciona ni siquiera tangencialmente, todo lo que ha hecho la Iglesia en los recientes años (de acuerdo a las respuestas escritas y orales que los representantes del Vaticano dieron en su momento), como reconocer errores, renovar las normativas y desarrollar medidas formativas y preventivas (lo que no ha hecho ninguna otra institución en el mundo), sino que en palabras de su portavoz, Federico Lombardi, debido a que en el reporte "se ha dado mayor atención a las organizaciones no gubernamentales (ONG), con prejuicios negativos hacia la Iglesia católica y al Vaticano, que a la posición de ésta".

¿Casualidad? Parece difícil. En realidad, esto es parte de una campaña global de desprestigio contra la Iglesia Católica. No se trata de esquivar culpas, pero las cosas deben verse en su justo contexto. De esta manera -aunque se trata de un problema algo distinto-, si hace poco en Estados Unidos se reconocía que una de cada cinco estudiantes ha sido víctima en algún grado de abuso sexual en las universidades del país, totalizando cerca de 22 millones de mujeres, y que sólo el 12% ha sido denunciado, parece que en el presente caso existe una clara animadversión y una atención desproporcionada hacia la Iglesia Católica.

Dr. Derecho, profesor de Filosofía del Derecho U. San Sebastián