A un año del primer aniversario del 27/ f solo dos comunas de la provincia de Ñuble poseen radiofrecuencia, vital para comunicarse en caso de emergencia. Se trata de las comunas de Cobquecura y Quirihue quienes están en permanente contacto con la gobernación provincial de Ñuble.

Desde enero los ginecólogos de Chillán dejaron de atender a través del sistema de Isapres. Esto provoca que las mujeres afiliadas al sistema de salud privado, solo puedan atender pagando una consulta privada, lo que se traduce en un costo de $28 mil por atención.

Las autoridades locales manifestaron su preocupación luego que la encuesta Casen ubicara a la comuna de Coihueco en el noveno puesto de comunas del país catalogadas como de mayor pobreza. El caso opuesto es el de la comuna de Portezuelo que logró bajar las cifras negativas.

En septiembre del 2012 entró en vigencia la nueva Ley de Incentivo Tributario a la I+D, normativa que a diciembre de 2013 ya permitió la certificación de 97 proyectos de empresas privadas que representan un inversión de casi $24 mil millones. La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) se triplica gracias a nueva Ley. Esta cifra contrasta con lo conseguido entre los años 2008 y 2012, periodo en que rigió la Ley anterior, cuando se realizaron proyectos por $7.275 millones. Es decir, en un año de vigencia de la nueva modalidad que facilita el desarrollo de I+D al interior de las empresas, la inversión en Investigación y desarrollo en el país se triplicó en comparación a los cuatro años anteriores.

Además, la nueva Ley aumentó el tope anual al que las empresas pueden optar como crédito tributario desde 5.000 a 15.000 UTM, lo que representa un incentivo para la inversión en I+D, junto con eliminar el requisito de que el crédito tributario no superara al 15% del ingreso bruto anual de la empresa.

Este último punto permite que empresas más pequeñas también puedan beneficiarse e incentiva la innovación en las pymes, todo esto con la idea de que ganen competitividad en un mercado cada día más exigente.Sin embargo, y pese a que los números son auspiciosos, las empresas chilenas aún están muy por debajo de los gastos en investigación y desarrollo que realizan sus pares en otros países: en Chile la cifra de inversión recién alcanza el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de un 2,3% del PIB.

Respecto de los desafíos y proyecciones que esta nueva normativa conlleva, creemos que aún hay un tremendo espacio para avanzar.

Queremos que sean muchísimas más las empresas que inviertan en I+D, y que con ello se vuelvan más competitivas y contribuyan al desarrollo económico del país. Las cifras son muy auspiciosas: si sumamos a los proyectos que actualmente estamos evaluando las manifestaciones de intención de acogerse a la Ley de I+D, para este 2014 estimamos debieran certificarse unos 420 proyectos, por montos cercanos a los $152 mil millones.

La presencia de gran cantidad de población flotante se hace favorable para la actividad económica local, especialmente en rubros determinados, como el gastronómico y el de hospedaje, pero lamentablemente también se presta para la proliferación de actividades ilegales. Peor aún, para la aparición de inescrupulosos que se visten de comerciantes, pero que sólo pretenden lucrar a costa de las necesidades de los demás, apuntando sobre todo a los viajeros.

Estas personas apuntan en todas las direcciones y apuntan a la bandada. Generalmente aciertan y sus víctimas se van convencidas de que han hecho la mejor de las transacciones cuando en realidad acaban de ser timadas en aspectos tan diversos como el vestuario, la música y la alimentación.

Es en este último punto donde las autoridades del país han intensificado la búsqueda de responsables, pero más que nada se pretende enseñar a la población a no colaborar con quienes están probadamente dispuestos a jugar con la salud de sus eventuales clientes.

Para ello es que se recomienda a la gente que no consuma alimentos de procedencia dudosa y desconocida, como la que se ofrece en puntos callejeros que están muy lejos de garantizar mínimamente la higiene necesaria para no provocar ningún tipo de problemas a los consumidores.

Por ejemplo, han proliferado de manera considerable este tipo de ventas clandestinas, donde decenas de personas ofrecen variados tipos de alimentos -en su mayoría sandwich y preparaciones caseras- sin los permisos correspondientes.

Sin embargo, en los últimos años ha crecido en el país y también en nuestra Región la costumbre de comer en la calle, lo que se traduce en que se ha perdido el miedo a contraer enfermedades, ya sea por influencia extranjera como por la comodidad que representa consumir sin tomarse la molestia de trasladarse hacia un establecimiento que cumpla con todas las exigencias sanitarias.

Las consecuencias pueden ser muy graves, sobre todo porque muchas veces la gente se ve tentada e incluso alimenta a sus hijos de esta forma.

Hay que tener claro que no se trata de una forma de discriminación contra quien no está en condiciones de montar un local de acuerdo a las exigencias sanitarias, sino de algo más serio, como cuidar la salud.