En septiembre del 2012 entró en vigencia la nueva Ley de Incentivo Tributario a la I+D, normativa que a diciembre de 2013 ya permitió la certificación de 97 proyectos de empresas privadas que representan un inversión de casi $24 mil millones. La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) se triplica gracias a nueva Ley. Esta cifra contrasta con lo conseguido entre los años 2008 y 2012, periodo en que rigió la Ley anterior, cuando se realizaron proyectos por $7.275 millones. Es decir, en un año de vigencia de la nueva modalidad que facilita el desarrollo de I+D al interior de las empresas, la inversión en Investigación y desarrollo en el país se triplicó en comparación a los cuatro años anteriores.
La flexibilización de los requisitos exigidos a las empresas, que promueve la nueva normativa, admite que toda inversión o gasto en I+D realizado por las empresas cuente con un crédito tributario del 35%. Esto permite que las empresas postulen a este beneficio tributario no sólo a través de gastos asociados a la contratación de un centro de investigación inscrito en Corfo, sino que también a los gastos que incurren si realizan internamente proyectos de I+D, lo que se conoce como investigación, desarrollo e innovación intramuros.
Además, la nueva Ley aumentó el tope anual al que las empresas pueden optar como crédito tributario desde 5.000 a 15.000 UTM, lo que representa un incentivo para la inversión en I+D, junto con eliminar el requisito de que el crédito tributario no superara al 15% del ingreso bruto anual de la empresa. Este último punto permite que empresas más pequeñas también puedan beneficiarse e incentiva la innovación en las pymes, todo esto con la idea de que ganen competitividad en un mercado cada día más exigente. Sin embargo, y pese a que los números son auspiciosos, las empresas chilenas aún están muy por debajo de los gastos en investigación y desarrollo que realizan sus pares en otros países: en Chile la cifra de inversión recién alcanza el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de un 2,3% del PIB.
Respecto de los desafíos y proyecciones que esta nueva normativa conlleva, creemos que aún hay un tremendo espacio para avanzar. Queremos que sean muchísimas más las empresas que inviertan en I+D, y que con ello se vuelvan más competitivas y contribuyan al desarrollo económico del país. Las cifras son muy auspiciosas: si sumamos a los proyectos que actualmente estamos evaluando las manifestaciones de intención de acogerse a la Ley de I+D, para este 2014 estimamos debieran certificarse unos 420 proyectos, por montos cercanos a los $152 mil millones.
Gobernador de Ñuble