Los problemas derivados de la adquisición de libros y determinados útiles por parte de colegios particulares y subvencionados son un cuento de larga data, en parte incomprensible considerando que a estos últimos el Estado les dota de los textos correspondientes, en forma gratuita. Así se puede comprobar, año a año, cuando los medios de comunicación empiezan a dar cuenta de las compras al aproximarse el periodo escolar. Sin embargo, los mismos contenidos, con alguna modificación más que nada cosmética, son exigidos por ciertos establecimientos sin que medie ningún razonamiento pedagógico sólido. Qué motivos se esconden tras esta exigencia, que obliga a pagar altísimos precios por textos que, en lo sustantivo, son iguales y el Estado proporciona sin costo, es algo que sería interesante de averiguar. Para la gran mayoría de las organizaciones de consumidores del país, se está en presencia de una especie de monopolio, en que un par de editoriales manejan a su antojo este lucrativo negocio educacional.

En el mundo de la educación, existe una larga lista de irregularidades a las que los padres no pueden oponerse. Las listas no deben incluir ciertos elementos de aseo, como papel sanitario, jabones y otros; resmas de papel para impresión, etcétera, pero aparecen en ellas, casi sin excepción. Los padres desean, naturalmente, que sus hijos asistan a clases en el mejor establecimiento educacional posible, según sus medios. En consecuencia, negarse a cumplir con lo que a todas luces parece irregular es quedarse sin matrícula; así de simple. Todos lo consideran una cuestión de costo/beneficio y con esa actitud se institucionaliza una política abusiva que pretende rebajar en forma importante los costos propios de cada colegio, incrementando aún más sus ganancias. A mayor prestigio del establecimiento educacional, menor es la posibilidad de presentar una mínima oposición a estos requerimientos que elevan fuertemente los gastos de los padres.

Para nadie es un misterio que en Chile nuestros adultos mayores aumentan en población cada día más. De hecho, según el Censo del año 2012, este grupo etario creció de un 44% en el 2002 a un 67,1%; sin embargo, sus beneficios aún son bastante limitados. De ahí que uno de los grandes compromisos que asumió el Presidente Piñera cuando inició su mandato, fue precisamente generar políticas sociales que les permitieran contar con ciertas garantías en pos de mejorar su calidad de vida y disfrutar sus años de vejez. De esta forma, y tras una ley impulsada por nuestro Gobierno, desde noviembre del 2011 los adultos mayores que reciben una pensión del Sistema de Pensiones Solidarias, están exentos de realizar la cotización del 7% para cobertura en salud. Sin duda, una política pública muy valorada por el sector a quienes se les cumplió un anhelo histórico en lo que se refiere a materias de protección social.

Asimismo, son variadas las muestras de programas que buscan incorporar y dignificar la participación de este grupo, prueba de ello, son el Fondo Nacional del Adulto Mayor, el programa de Asesores Juniors, el de Prevención contra la violencia y el abuso al Adulto Mayor, el Bono Bodas de Oroy el reciente proyecto sobre disminución en el pago de contribuciones; todos, teniendo como eje principal el generar mejores condiciones para que nuestros adultos mayores se desarrollen y desenvuelvan en un país cada vez más justo. Son este tipo de iniciativas las que nos deben convocar como ciudadanos y autoridades, a construir una sociedad donde prime el respeto; ya sabemos que una persona que cumple 60 años en Chile, en promedio tiene 20 años por delante, y las mujeres más que los hombres, por lo mismo, debemos hacernos cargo como sociedad, como Estado, del desafío que significaba esta nueva sociedad chilena. Frente a este panorama, el camino a seguir parece más o menos claro: contribuir con políticas públicas al desarrollo de nuestros adultos mayores, transformando la realidad actual, en una oportunidad para resolver las necesidades y problemáticas de este grupo, cimentando el camino para los que siguen.

Diputado RN

Los robos de cables suman y siguen. Esta vez la sustracción de conductores de cobre dejó sin suministro eléctrico a los vecinos de las comunas de Cobquecura, Ninhue, Quirihue y San Nicolás. La empresa Trasnet informó que el hecho afectó un tramo de la línea Cocharcas- San Carlos.

De visita en Chillán, el ministro de Justicia Teodoro Ribera infamó que una comisión se encuentra trabajando para escoger el terreno más adecuado donde se emplazará la nueva cárcel de Chillán. El secretario de Estado indicó que son cuatro los predios que se están analizando con sistema GPS.

El progresivo aumento de cultivos caseros de marihuana, también conocidos como "indoor" preocupa a las policías que están realizando estrategias para contrarrestar este tipo de cultivos. A la fecha Carabineros ha realizado 8 incautaciones de marihuana sembrada en patios de viviendas de Chillán.