Justicia prioriza la defensa de menores
Ministro José Antonio Gómez definió en la protección de los derechos de la infancia uno de los ejes prioritarios de su gestión, ante la Cámara de Diputados.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo esta semana una reunión con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que preside el diputado DC Ricardo Rincón, en la cual delineó parte de los programas esenciales que abordará su cartera entre las iniciativas más urgentes contempladas en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet.
La sesión entregó detalles importantes acerca del rol que asumirá esta secretaría de Estado, esencialmente a nivel país. Ello, porque no se tocó en la ocasión la crisis que mantiene el sistema carcelario, ni tampoco los proyectos pendientes sobre la construcción de nuevos recintos penales, como el que desde hace casi una década se evalúa edificar en la Región Bío Bío Cordillera. Como se recordará, en la pasada administración de Michelle Bachelet, la posibilidad de construir un recinto penal en Ñuble fue una realidad que nunca llegó a concretarse por la dificultad para encontrar terrenos idóneos y por la fuerte oposición vecinal. Durante el gobierno del Presidente Piñera también hubo intención de avanzar en el tema e incluso fue el ministerio de Justicia el que elaboró una propuesta de cárcel Modelo para la zona, la que chocó con las mismas problemáticas.
El ministro Gómez no abordó el tema con los diputados, sin embargo en materia de Seguridad Ciudadana, aclaró que no continuarán con el proyecto de reforma al Código Penal presentado el 10 de Marzo pasado por la administración Piñera.
Por el contrario, Gómez enfatizó que las prioridades de su gestión estarán más centradas en modificaciones a la Ley de Divorcio, a la Corporación de Asistencia Judicial, las normas relativas a los notarios, fortalecimiento al Ministerio Público, matrimonio igualitario, y cambios a la institucionalidad relacionada con la infancia. En ese sentido, un aspecto deficitario de nuestra actual legislación lo constituye efectivamente la necesidad de una ley de protección a la infancia, que establezca la figura de un defensor de los derechos del niño, antes las evidentes dificultades que enfrenta el Sename para cumplir con dicho rol.