Gianina Zúñiga Torres

A poco más de un año de conocerse las primeras denuncias por no pago a proveedores que habrían prestado suministro de bienes y servicios a la Municipalidad de Chillán Viejo, ayer se dio a conocer a la opinión pública el informe de la Contraloría General de la República que acreditó irregularidades en la Dideco y eventuales pérdidas por más de $100 millones de pesos.

El documento fue dado a conocer por el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, quien además presentó una denuncia por eventuales delitos en la Fiscalía de Chillán.

El caso estalló el 4 de febrero del 2013, tras el regreso de un feriado legal del alcalde Felipe Aylwin, luego que algunos proveedores ya habían comenzado a reclamar por deudas impagas por parte del Municipio, entre otros, servicios referidos al transporte público, juegos inflables, zapatos escolares, canastas familiares, etc.

Por esos días, el alcalde ordenó a la encargada de Control Interno realizar una auditoría, documento que habría confirmado los reclamos de los proveedores.

Los servicios habrían sido solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), cuyo ex director, Andrés León, renunció el 25 de marzo 2013, en pleno proceso de investigación interna.

Con los primeros informes de auditoría se comprobó la existencia de infracciones e irregularidades administrativas que vulneraban las normas legales y reglamentarias necesarias en los procesos de suministro de bienes y servicios.

En cuanto al monto adeudado, Contraloría señala que sería de $103.195.209 millones, que mantendría la Municipalidad de Chillán Viejo con proveedores por la adquisición de bienes y servicios efectuados al margen de la ley de compras y del reglamento interno de adquisiciones, sin que se emitiera previamente la orden de compra, ni el respectivo contrato.

A partir de estos antecedentes se cuestiona principalmente al ex director de Dideco, Andrés León, quien, según enfatizó el alcalde Felipe Aylwin "era el hito, vale decir la persona encargada de velar por el buen funcionamiento y el manejo económico de los programas respectivos con los proveedores. Él va a tener que responder porque la firma de él está en cada una de las facturas autorizando los pagos respectivos", aseveró.

El Municipio deberá elaborar un informe fundando de las obligaciones reales que sostiene con los suministros objetados, considerando la documentación que respalde las transacciones, el comprobante contable que refleje la materialización de su registro en los soportes de información, y en caso de proceder, el egreso que acredite el pago.

Por su parte, Contraloría Regional dará inicio a un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que no ejercieron el control correspondiente.

De igual forma Contraloría realizará un juicio de cuentas por cartas que no fueron redactadas ni firmadas por los dirigentes de instituciones comunitarias, pago de bienes y servicios a proveedores en más de una oportunidad, colaciones y otras especies que no fueron recepcionadas por los dirigentes de organizaciones sociales, sobre viajes no realizados y pagos al proveedor, gastos insuficientemente acreditados y pago de bienes y servicios sobrestimados.

Al respecto, el alcalde de Chillán Viejo expresó que no se cuestiona la administración del municipio. "No se pone en tela de juicio el municipio completo, sólo una unidad. Llama la atención que la unidad pertinente, el director respectivo era el encargado, el hito de los convenios con los proveedores, por tanto él tenía la misión de cautelar los recursos estatales".

"El 2013 hemos tenido un año de ordenamiento, donde muchas de estas irregularidades y problemas administrativos están resueltos, ahora bien, dado que la Contraloría encuentra elementos constitutivos de delitos, nosotros como Municipalidad, el 24 de marzo (lunes), presentamos los antecedentes y la denuncia ante la Fiscalía".

Según Contraloría, este tipo de procedimientos irregulares se extendieron por 4 años.

Por su parte, el propio Andrés León -quien declaró voluntariamente ante la Contraloría- expresó a los investigadores que "el alcalde se encontraba en conocimiento que se efectuaban compras sin respaldo presupuestario, aspecto que le fue advertido en las oportunidades en que dicha autoridad requería que se efectuaran compras originadas como resultado de las audiencias que sostenía con integrantes de la comunidad".

En su defensa, sin embargo, el alcalde Aylwin manifestó no tener conocimiento del procedimiento escrito, pese a que durante 2012 presentó continuas modificaciones presupuestarias al Concejo Municipal para su aprobación, las cuales contaban con los antecedentes informativos que sustentaban las respectivas modificaciones, establece el informe.

En relación a los juicios de cuenta que llevará a cabo la Contraloría, el alcalde declaró "si existen dineros cancelados en forma adicional, o que no corresponde, estas personas que salieron de la Municipalidad también tienen que pagar sí así lo dice la Contraloría. Por ese motivo una de las preocupaciones que tenía es que aquellos funcionarios que quedaron en la Municipalidad iban a tener que cancelar en deudas que podrían haber sido emitidas por gente que no está en el municipio, en ese sentido la alegría nos embarga de saber que aquellos que no están también son responsables desde el punto de vista pecuniario".

Consultados al respecto algunos concejales de la comuna, Rodolfo Gazmuri expresó que "revisaré el documento y voy a emitir mi apreciación. Voy a cumplir mi deber que va a mandar la comunidad, leer el documento que emitió la Contraloría y emitir un juicio contra eso".

De igual modo, la concejala Susana Martínez relató "espero que sea un informe como corresponde, sin haber ocultado nada y que sea lo que todos esperábamos".

Por su parte, consultado sobre el tema, el concejal Jorge del Pozo declinó dar declaraciones a Diario y expresó que analizará el informe antes de emitir un juicio.

Sin embargo, a través de su cuenta de facebook escribió que, "sobre la investigación realizada a la Municipalidad de Chillán Viejo el 2012, año electoral donde se gastaron cientos de millones de pesos que no se pudieron justificar, les adelanto que el verdadero responsable se lavará las manos por todos los medios posibles".

Al mismo tiempo, Del Pozo citó el Art. 61 del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales (Ley 18.883) que establece que "serán obligaciones especiales del alcalde y jefes de unidades las siguientes: A) Ejercer un control jerárquico del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como en la legalidad y oportunidad de sus actuaciones".

De esta manera muy explícita apuntó a la eventual responsabilidad jefe comunal por la falta de fiscalización a sus funcionarios directos y que derivó en las irregularidades conocidas, algo que en definitiva será Contraloría y los tribunales los encargados de aclarar.

En relación al tema, el informe de Contraloría General de la República señala que se vulneraron las bases administrativas especiales de las licitaciones de suministro de tortas y juegos inflables, mecánicos y otros por parte de la Municipalidad, al aprobar una segunda prórroga de los contratos respectivos, sin que ello estuviera contemplado en el pliego de condiciones de las bases. En lo anterior Contraloría Regional incluirá la materia en el sumario administrativo que la entidad de Control iniciará en el municipio, de igual forma se señala que corresponderá a la corporación edilicia adoptar las medidas necesarias sobre la materia cuestionada, con el objetivo de mitigar el riesgo de que futuras situaciones similares se repitan, la efectividad de las medidas será verificada en futuras fiscalizaciones de Contraloría.

Otro de los puntos cuestionados fue la entrega de canastas familiares. En relación a lo anterior el informe señaló que se recepcionaron 90 canastas familiares navideñas en el mes de diciembre del año 2012, por parte de algunos trabajadores de la Municipalidad de Chillán Viejo y otros que tendrían contrato con empresas o entidades que prestan servicios a la corporación edilicia, sin evaluación social previa de los beneficiarios. La Contraloría General de la República incluirá la materia en el sumario administrativo que realizará en el municipio, de igual forma se le pide a la administración que adopte las medidas necesarias sobre la materia cuestionada con el objetivo de evitar el riesgo de que situaciones como la anterior se repitan, la efectividad de las medidas adoptadas por la Municipalidad de Chillán Viejo deberá ser validada por el encargado de Control del municipio.

En relación a la entrega de calzado escolar sin contar con una evaluación previa de ello; sobre la recepción parcial de los pares de zapatos por parte de las organizaciones comunitarias, deficiencias administrativas en las actas de entrega de zapatos y sobre la adquisición de una cantidad de zapatos superior a la matrícula de estudiantes de la comuna, sin contar con la documentación de respaldo pertinente, la Contraloría General de la República incluirá la materia dentro del sumario administrativo que la entidad Control realizará sobre el Municipio de Chillán Viejo en los próximos meses, de igual forma, el Municipio deberá adoptar las medidas necesarias con el objetivo de evitar repetir futuras situaciones similares, la efectividad será verificada en próximas fiscalizaciones que realice el organismo de Control.

En relación al transporte de pasajeros, el informe de Contraloría señala que existen viajes no realizados y que fueron pagados al proveedor, en ese sentido se relata que existiría un pago de $4.500.000 a la empresa Silvana Ríos Steckler Transportes E.I.R.L, por diversos viajes de organizaciones comunitarias rurales de la comuna, cuyos recorridos no se realizaron, de igual modo se señala un pago de $1.940.000 a la misma empresa por traslados de organizaciones comunitarias de la comuna a diferentes lugares de esparcimiento de la Región, sin que tales recorridos se hayan efectuado, según las validaciones hechas en terreno. En relación a lo anterior Contraloría General de la República procederá a efectuar un juicio de cuentas respectivo, de igual forma el tema será incorporado dentro del futuro sumario administrativo que el Órgano de Control iniciará.