Concejal se reúne con fiscal y entrega información al C. de Defensa del Estado
Gabriel Muñoz Gallardo
Una ajetreada mañana tuvo ayer el concejal de Chillán Viejo Jorge del Pozo, debido a que a primera hora se dirigió hasta el Consejo de Defensa del Estado y posteriormente se trasladó hasta la Fiscalía de Chillán para declarar en torno a la denuncia de irregularidades al interior del municipio que apuntan a un millonario desfalco en la Dideco.
Cuando eran cerca de las 10.00 horas el concejal fue hasta las dependencias del Consejo de Defensa del Estado en Chillán, con la finalidad de entregar nuevos antecedentes y lograr que el organismo se haga parte en la causa.
"Presenté un escrito que confeccionamos con mi abogado, además adjuntamos el informe de Contraloría, y otros antecedentes que creemos son importantes, la verdad es que hoy, después de un año de haber realizado la denuncia y tener más antecedentes de lo que está ocurriendo en nuestra comuna, consideré oportuno solicitar oficialmente al Consejo de Defensa del Estado que se hiciera parte de esta investigación", explicó Del Pozo, a lo que sumó que espera que el organismo establezca responsabilidades en el presunto desvío de dinero que sumaría los $300 millones, según del Pozo, y no $107 millones como se planteó en primera instancia por el municipio.
Del Pozo presentó ante el CDE una copia del informe de investigación especial de la Contraloría Regional de Bío Bío, el que contiene un detalle de irregularidades en cuanto a la administración de dineros en el periodo del actual alcalde, Felipe Aylwin.
Entre las presuntas irregularidades se cuenta con la adquisición al margen de la Ley de Compras y del reglamento por una suma de más de $103 millones de productos y servicios tales como: el pago de bienes y servicios a proveedores en más de una oportunidad, lo que suma más de $28 millones a la empresa Silvana Ríos Steckler Transportes EIRL, por el traslado de organizaciones municipales, además de un pago duplicado a la misma empresa por $480 mil, entre otros.
Dicha empresa también es mencionada en el ítem que se refiere a viajes pagados al proveedor que no habrían sido realizados, por $6 millones.
También se cuenta con antecedentes del pago de alimentos y bebidas no recepcionadas por los beneficiarios, como se detalla a la empresa Clara Cea, que recibió un pago de más de $9 millones por colaciones que dirigentes de organizaciones afirmaron nunca recibieron.
Otro hecho entregado en dicho informe da cuenta de cartas de organizaciones con solicitudes de bienes y servicios que alcanzan los $10 millones en el total de sus peticiones, pero que no fueron redactadas, ni firmadas por los dirigentes de dichas organizaciones. En este mismo punto, en otra oportunidad, funcionarios de la Dideco habrían solicitado a dirigentes de organizaciones los timbres de sus organizaciones para adulterar documentos.
La principal crítica del concejal apunta, principalmente, al alcalde y al ex director de Dideco de la municipalidad de Chillán Viejo, Andrés León, por lo que catalogó como una mala administración y poca transparencia en la entrega de recursos que afectan a todos los habitantes de la comuna.
Posterior a asistir al Consejo de Defensa del Estado, el edil se trasladó hasta la Fiscalía local para reunirse con el Fiscal de Yumbel, Alvaro Serrano, debido a una citación tras la denuncia realizada por Del Pozo por el delito de malversación de caudales públicos.
"La justicia debe hacer su trabajo, la verdad es que algunos abogados me han planteado de acuerdo a los antecedentes que vienen viendo desde hace tiempo, que aquí de acuerdo a lo que dice el Código Penal, cuando se unen más de dos personas para delinquir, podríamos eventualmente estar frente a una asociación ilícita, y que tiene penas aflictivas que van desde los 3 a los 6 años de cárcel", dijo Del Pozo.
Jorge del Pozo manifestó que no intervendrá más sobre este caso sin tener nuevas pruebas, sin embargo, enfatizó en que con las irregularidades se ha jugado con las familias más humildes de la comuna, ya que vieron como no pudieron obtener ayudas sociales cuando se requerían, puesto que "no puede ser posible que en un municipio la gente se junte para robar a la gente más pobre, desviando más de $300 millones para fines que no son los del accionar municipal, sino que en este caso tengo casi la certeza de que fueron para que algunos agranden la piscina, para que otros promuevan sus campañas, creo que eso es un despropósito, es una crueldad con la gente que necesita realmente y yo tengo el deber ético de hacer todas las acciones", afirmó.