Pareciera que originar tendencias es una de las tareas más complejas a nivel de sociedad, y naturalmente una de ellas es la preocupación que como país se debiera tener ante quienes aparecen como desvalidos ya sea por su situación de salud o su condición etarea. Nuestra Región ha sido testigo de grandes desgracias colectivas, en las que un incendio cobra la vida de muchas personas, por lo general de edad avanzada, que permanecen en hogares de larga estada y muy lejos de todo control de los organismos del Estado que debieran preocuparse de ello. Por cierto, en estos establecimientos quienes corren todo el riesgo son personas cuya condición socioeconómica les impide acceder a hogares donde se cuenta con comodidades, atención médica, personal especializado, etcétera. En consecuencia, recurren a lo que pueden pagar con sus escuálidas pensiones. Algo similar sucede con las familias que dejan en estos lugares a quienes sufren enfermedades mentales. ¿En cuántos casos se han producido incendios, grandes tragedias, y las personas ni siquiera tuvieron la oportunidad de escapar porque se les mantiene encerrados y bajo llave, sin personal responsable que se preocupe por la seguridad de los enfermos o ancianos?. Son incontables y, ahora, se suma lo ocurrido en el pueblo de Reumén, comuna de Paillaco, en la Región de Los Ríos, donde diez personas dejaron de existir, en un incendio de proporciones. Un estudio indica que el 37 por ciento de estas casas de larga estada son "informales", sitios donde se producen los atentados más flagrantes en contra de los derechos humanos de las personas. Sin embargo, ninguna autoridad se preocupa de inspeccionar, supervisar y sancionar a estos establecimientos donde los ancianos muchas veces sufren las mayores iniquidades. Pareciera ser que la sociedad se conforma pensando en "es lo que hay" y "peor sería que ...". Pero no, el Estado debe aceptar las responsabilidades que le competen y disponer, en cualquiera de las formas, de establecimientos donde la ancianidad desvalida reciba un trato digno.

En el imaginario colectivo, un juicio penal se resuelve con la sentencia y la idea de las garantías asociadas a un juicio justo parece esfumarse una vez que la decisión condenatoria del juez adquiere un carácter inamovible. El conflicto parece resuelto. Jurídicamente lo está, o al menos eso dirá el derecho. Eso no significa que la alusión a las garantías deje de tener sentido. Probablemente, la tiene más que nunca. Desde que la sentencia condenatoria comienza a ejecutarse y la persona cumple una pena de cárcel, su destino parece importar poco. Pues bien, entenderlo de esta manera es algo inadmisible en un verdadero Estado de Derecho. Un privado de libertad debe soportar y sufrir un castigo que le fue impuesto con justicia. Pero cuidado, precisamente esos castigos se aplican a personas, que no dejan de serlo pese a que hayan delinquido. Un preso puede también ser sancionado dentro de la cárcel y su calidad de condenado no lo priva del derecho a ser escuchado. Un privado de libertad tiene derecho, por qué no, a formar o mantener una familia, a informarse, a educarse, a profesar sus creencias, a practicar deporte, a cultivar un hobby. En fin, a seguir una vida normal dentro de la anormalidad que significa el encierro. Nada de ello se pierde con la condena. No obstante, declaraciones de principio como éstas constituyen vana tinta derramada si no reconocen en la práctica un camino institucional que habilite al condenado para exigir y obtener el pleno respeto de sus derechos más básicos. Esto fue advertido oportunamente por la Defensoría Penal Pública, que reaccionó creando la figura del hoy denominado "Defensor Penitenciario". Esto es un abogado calificado para asesorar al condenado en todo trámite que se vincule con la afectación de sus derechos más esenciales. La labor de este defensor resulta entonces tanto o más relevante que la de aquél que defiende mientras se tiene la calidad de imputado. Es decir, mientras aún no se es declarado culpable. Se trata de una función activa, de asistencia al condenado en el plano administrativo y judicial, porque pese a lo que equivocadamente se puede creer, aquel que recibe una condena no deja de ser persona. Aunque en el imaginario colectivo la idea que prime sea la de jamás abrir las celdas y perder para siempre las llaves.

Abogado, Unidad de Estudios Defensoría Regional.