Carolina Collins
Luego de haber sostenido reuniones con diferentes actores sociales, como estudiantes secundarios, universitarios, profesores, rectores, trabajadores y alcaldes, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, aclaró algunas de las dudas que han surgido en torno a la reforma educacional que busca impulsar el Gobierno de Michelle Bachelet.
"Este ministerio ha escuchado y lo seguirá haciendo, porque en este diálogo hemos aprendido", manifestó Eyzaguirre ante la prensa. El ministro enfatizó que con la reforma se busca hacer un cambio en el paradigma de la educación, "desde la educación entendida como un bien de consumo a un derecho social, donde la sociedad asegura que todos sus miembros recibirán lo mismo no importando su origen".
Tal como se había anunciado hasta el momento, el ministro confirmó ayer que la primera etapa de la reforma estará enfocada en la educación escolar, con el envío de un proyecto de ley en esa dirección durante los primeros cien días de Gobierno. Dicha legislación buscará terminar con el lucro, el copago y la selección escolar. "No será posible que la calidad germine en todas las escuelas de Chile si es que no partimos por nivelar, por arar toda la tierra para poder posteriormente lanzar la semilla", dijo el secretario de Estado, quien agregó que "si las familias por sí mismas quieren pagar la educación de sus hijos nosotros eso no se los vamos a negar".
El secretario de Estado además anunció que durante los primeros cien días de Gobierno también se enviará un proyecto enfocado en la educación parvularia. "Ha sido un sector extremadamente desregulado por mucho tiempo", dijo Eyzaguirre.
Sobre la falta de claridad de la reforma que acusó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) tras reunirse con el ministro, Eyzaguirre manifestó que "hay temas que están planteados para el segundo semestre, donde entra particularmente el cambio del modelo de financiamiento de la universidad y también el tema de la gratuidad. Por tanto, en lo que a la Confech se refiere el diálogo no ha concluido, por cuanto todas las iniciativa legales del segundo semestre continuarán siendo objeto de conversación con ellos".
Ante casos como el ocurrido en la Universdidad del Mar, el ministro anunció que el Gobierno enviará un proyecto de ley que posibilitará que el Estado pueda intervenir en caso de que se regstren problemas con el fin de proteger los derechos de los estudiantes. "Hay investigaciones en curso y queremos estar preparados en la eventualidad que alguna de estas universidades ameritara intervención", aseguró el ministro.
Será en ese mismo sentido que Educación buscará reforzar su rol ficalizador en la materia. Para esto, la reforma contempla la creación de una Superintendencia de Educación Superior, que cumplirá la función de fiscalizar que no exista el lucro y que la gratuidad sea efectiva. El programa de Gobierno establece que la gratuidad alcanzará el 70% en los sectores más vulnerables durante los primeros cuatro años, para llegar a ser universal al cabo de seis.
El ministro hizo hincapié en que se mantendrá la libertad de los alumnos para elegir entre instituciones privadas o públicas, siempre y cuando cuenten con la acreditación y con el requisito de tener un 20% de alumnos de los dos primeros quintiles.
Otra parte de la reforma que comenzará a gestionarse durante el segundo semestre, corresponde al proyecto de desmunicipalización de la educación escolar pública. Dicha iniciativa incluirá un nuevo proyecto de Carrera Profesional Docente, que es precisamente uno de los que retiró el Gobierno al asumir la administración por haber sido ingresados por el Gobierno anterior.