Defensa de diputado Martínez espera con tranquilidad fallo por desafuero
Ingrid Acuña Caballero
En 10 días más se conocerá la resolución del fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia referida al desafuero del diputado Rosauro Martínez.
"Ahora viene el fallo, el que se puede dictar en cualquier momento desde ayer (lunes) y puede ser dentro de 10 días, y luego si se concede el desafuero técnicamente uno puede apelar a la Corte Suprema. Mi costumbre, como abogado, es jamás dar un veredicto del resultado. Hago el esfuerzo profesional y defiendo los derechos de las personas y dejo a los tribunales que resuelvan y luego que resuelvan opinaré del fallo. Por ahora no emito opiniones", dijo su abogado, Fernando Saenger.
La parte querellante asocia al parlamentario de Ñuble, quien el año 81 era capitán de la Compañía de Comandos Nº8 del regimiento Llancahue, Valdivia, como responsable de la muerte de los tres militantes del MIR, en el marco de la "Operación Machete".
"Estos son sucesos que ocurrieron el año 81 cuando Rosauro era capitán en el sector de Neltume, en que hubo enfrentamientos con miristas que entraron ilegalmente a Chile en 1980 o comienzos del 81 y se internaron en la cordillera para hacer la guerrilla con el fin de derrocar el régimen de Pinochet. Ellos se entrenaron en Cuba, Libia, en Francia, y entraron por Argentina de manera ilegal", detalló Saenger.
Cabe recordar que el tribunal dejó sin efecto el estado de acuerdo de la audiencia del 7 de abril, debido a los argumentos presentados por Saenger, quien en ese momento aseguró que la ministra subrogante, Ruby Alvear, se había declarado implicada en la causa ya que habría emitido comentarios con conocimiento de causa y estar presente en el pleno de la Corte de Apelaciones. Según el abogado, la ministra carecía de competencia en agosto del 2011 y sin embargo después actuó en 20 oportunidades proveyendo querellas, declarando diligencias e incluso interviniendo en la Corte de Apelaciones en segunda instancia.
"Hice una denuncia en la Corte Suprema hace 1 mes en contra de ella, porque era una aberrante situación. Es un delito que comete un juez de prevaricación, cuando a sabiendas actúa estando implicada. Esto fue en agosto del 2011, entonces su situación es muy grave y actuar en segunda instancia, en circunstancia que un juez de primer instancia, aunque sea un Ministro en Visita, no puede después intervenir en segunda instancia, sería ridículo. Es un absurdo", sentenció Saenger.
En la última audiencia también se alegó la figura de "la cosa ya juzgada", en el sentido de que el diputado ya fue juzgado por los tribunales militares y por la Corte Marcial.
"Fue investigado por la justicia militar y llegó a la Corte Marcial donde habían dos ministros que después fueron de la Corte Suprema: Bañados y Álvarez, y se aprobaron los sobreseimientos y que no tuvo participación criminal, sino que nada más que como capitán del destacamento donde hubo un enfrentamiento que duró 5 horas y murieron tres miristas", afirmó Saenger.
El profesional a cargo de la defensa de Martínez agregó que "los abogados querellantes sostuvieron que en la justicia militar no hay justicia y les expuse una cosa muy simple, que la justicia militar subsiste en Chile en plenitud y gloria. Lo que pasa es que hay justicia militar cuando se condenan a los militares como en el caso Antuco, y no hay justicia militar cuando hay otros antecedentes".
Desde que comenzó el caso, en el 2003, y luego se reabrió el 2010, a la fecha han aparecido nuevos testimonios de ex conscriptos que estuvieron bajo el mando del ex capitán. Martínez no ha reconocido responsabilidad. "No es responsable de los hechos, él estuvo en la cordillera y había muchísima gente más, había helicóptero, había aviones y murió mucha gente más", dijo su abogado.
"Él no es responsable de los hechos, él estuvo en la cordillera y había muchísima gente más, había helicóptero, había aviones".
Fernando Saenger
abogado defensor del diputado.
En 10 a 15 días la Corte de Apelaciones de Valdivia dará a conocer resolución del fallo.
La audiencia había sido programada para el 23 de marzo, fecha en que fue pospuesta de común acuerdo de las partes para el 31 de ese mismo mes. Finalmente quedó fijada para el 7 de abril.
El estado de acuerdo establecido en la audiencia del 7 de abril quedó sin efecto, ya que la defensa alegó que existía un proceso viciado.