El jueves pasado se cumplieron 54 años del terremoto más grande la historia registrado hasta el momento. Un 9,5, que tuvo como rostro a Valdivia, pero que asoló a toda la zona sur del país sumiéndola en décadas de pobreza, porque destruyó gran parte de sus industrias e infraestructura productiva, especialmente las ubicadas en la costa (puertos, caletas pesqueras, poblados) debido al gran maremoto que lo acompañó. El recuerdo de esta tragedia se encuentra muy presente en la memoria colectiva de los habitantes del sur del país, por la magnitud del desastre, pero también por lo difícil que ha sido desde entonces volver a ponerse de pie, confiar y emprender proyectos de largo plazo. Desde esa experiencia traumática es posible entender a las familias de nuestra Región del Bío Bío, que han visto no con la celeridad que quisieren la reconstrucción después del 27/F; o a las de Iquique y Arica, que todavía no reciben toda la ayuda prometida; o las de Valparaíso, que enfrentaron un incendio con resultados tan graves como un gran sismo. Por lo mismo es que se aplauden las iniciativas de apoyo para esos lugares que aún siguen vigentes en la zona. Esa solidaridad se entiende en comunidades que conocen los mismos dolores, porque saben que una campaña ocasional no basta para levantarse. También, a propósito del aniversario del principal terremoto del país, es oportuno revisar qué tan preparados estamos para enfrentar en el futuro otro hecho similar. Vivimos en un país donde los terremotos son normales y es preciso mantenerse alertas para enfrentarlos de la mejor manera posible: saber reaccionar, tener planes de emergencia, adoptar medidas de seguridad en los hogares, colegios, lugares de trabajo y espacios públicos. Realizar simulacros debiera formar parte de nuestra rutina habitual, porque nadie exagera si se adelanta a los hechos. Prevenir y ser solidarios pueden constituir una manera constructiva al recordarse las principales tragedias que han golpeado al país, como ocurrió el 22 de mayo de 1960.

Progresivamente va avanzando en su tramitación legislativa el proyecto de Reforma Tributaria impulsado por el Gobierno. Uno de los aspectos más debatidos se centra en las nuevas facultades del Servicio de Impuestos Internos para recalificar operaciones en caso que estime que se está en presencia de figuras elusivas destinadas a no pagar impuestos y sancionar a los asesores que intervengan en estas planificaciones tributarias agresivas. Dicha normativa encuentra precedente en la realidad europea, en particular España y Alemania, en que la doctrina y jurisprudencia, nos da cuenta de dificultades en su aplicación. Se trata de la Cláusula General Antielusiva, que en síntesis le permite al Servicio de Impuestos Internos establecer que en un caso concreto se ha abusado de las posibilidades de configuración jurídica para eludir impuestos. Como complemento, los asesores que intervengan en su diseño y planificación pueden ser objeto de multas. De convertirse en ley exigencias ineludibles se imponen para garantía de sus destinatarios. Es así que la vigencia de normativa de esta naturaleza requiere precisión y claridad conceptual y acatamiento del principio de legalidad en la fijación de tributos. De otro lado, la aplicación de una sanción administrativa debe sujetarse a la garantía constitucional de tipicidad, en orden a que la conducta que se reprime se encuentre descrita en la ley. Salvadas estas prevenciones, es esperable que el criterio del Servicio de Impuestos Internos, se oriente a utilizar esta delicada herramienta en casos calificados y debidamente comprobados. No nos olvidemos que toda ley tributaria tiene su correlato en Circulares del Servicio en que se fija su sentido y alcance y en que se establece la operatoria interna y cadena de roles para una ulterior decisión. Además de ello la certeza jurídica y la calidad de lo que se resuelva se optimiza con la intervención de abogados especializados, profesionales que en número creciente se han incorporado en el último tiempo a la institución fiscalizadora. Por último, el test definitivo lo realizarán los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros que rigen en plenitud en la totalidad del territorio nacional. Órganos jurisdiccionales letrados, especializados e independientes, a los cuales no les obliga la interpretación del Servicio de Impuestos Internos.