La reforma del 2005 es un gran avance en el sistema de salud, ya que establece Garantías Explícitas exigibles para patologías priorizadas que representan los problemas de salud más relevantes del país.

Desde el 2005 hasta 2013 se han atendido más de 17 millones de pacientes GES. Sin embargo, no hay mediciones del impacto de estas intervenciones, tampoco hay evaluaciones de la calidad con que fueron entregadas. Las estadísticas disponibles en Chile nos siguen señalando que lo que importa a las autoridades y, en general, a los prestadores y seguros público y privados, es cuánto se hace y cuánto cuesta, pero importa mucho menos evaluar si lo que se ha hecho ha servido y si se hizo con niveles de eficiencia, calidad y riesgo adecuados. En este escenario es de la mayor relevancia que la garantía de calidad se exija en forma obligatoria y se transparente, a través de la acreditación, cuáles establecimientos públicos o privados cumplen con los estándares exigidos.

La garantía de calidad puede considerarse como la 'garantía postergada', ya que a 9 años de la publicación de la ley que la exigió, aún no se aplica. En efecto, la acreditación que permite constatar si esta garantía se cumple, hoy es voluntaria y sólo han logrado alcanzarla 15 hospitales públicos y 25 privados, más una serie de establecimientos ambulatorios, lo anterior es un porcentaje mínimo respecto del total de instituciones a acreditarse.

Tres gobiernos sucesivos han postergado su aplicación obligatoria, de hecho el actual Ejecutivo también posterga la exigencia de esta garantía hasta junio del 2016, es decir, pasarán 10 años para cumplir con esta exigencia. Las razones de las postergaciones son de diversa índole: falta de convicción y sesgos ideológicos para 'proteger al sistema público' no transparentando su actual nivel de calidad; decisión política para asignar los recursos financieros y técnicos que necesita un sistema de salud; decisiones políticas para introducir cambios culturales y organizacionales en los establecimientos de salud que permitan mejorar las prácticas y procesos; y finalmente, no querer enfrentar el impacto de esta medida en el mercado privado de prestaciones de servicios de salud tanto en la oferta como en los precios.

Es más impactante mostrarle a la población 'cuantas personas se han atendido' que transparentar el nivel de calidad con que se hizo y el riesgo al cual fueron sometidas.

Es de esperar que la postergación de esta garantía sea la última, pero sólo será posible si las actuales autoridades del Ministerio de Salud asumen con convicción la necesidad de exigir a todos los establecimientos que deban acreditarse lo hagan, sean públicos o privados, y ser coherentes con esa decisión política asignando recursos financieros para inversión y operación. Por otro lado, asumir los costos políticos de implementar los cambios que se requieren en los hospitales públicos para lograr los cambios que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad que exigen los procesos de acreditación.

Director Instituto de Salud Pública

De los 128 casos de delitos sexuales que ha registrado durante este año Policía de Investigaciones (PDI), un 97 por ciento de ellos son violaciones a menores, guarismo que marca el aumento de denuncias que se está convirtiendo en la tónica del 2011. Según la PDI, el aumento de denuncias se debe a las capacitaciones en colegios.

Ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) declaró ayer Guillermo Valdés,

quien es testigo en el caso de colusión de las bencineras, investigada por la institución que vela por la libre competencia en Chile y que a partir de esta declaración podría sancionar con multas equivalentes a las 20.000 UTM a las empresas implicadas.

Hace algunos días, en una edición de Diario , el alcalde de San Nicolás, el DC Víctor Toro, se mostraba contrario a desmunicipalizar la educación, tomando en consideración la exitosa experiencia que ha significado en la comuna el Liceo Polivalente Bicentenario de San Nicolás, el cual no sólo ha liderado resultados educativos de pruebas como el Simce, también ha sido todo un éxito en cuanto a afirmar las matrículas de un sistema que en Chillán ha perdido 10 mil alumnos en la última década.

Y en efecto, los resultados del ejercicio del Simce 2013 que entregó la Agencia de Calidad de la Educación este martes parecen darle la razón. Ello, por cuanto así como el liceo de San Nicolás se posicionó con el tercer lugar provincial en el nivel de octavo año básico, por su parte también el Liceo Bicentenario Marta Brunet se consolidó a nivel comunal con el cuarto lugar en Chillán, al obtener 306 puntos en octavo año básico.

Los Liceos Bicentenario fueron un esfuerzo del gobierno anterior por mejorar el nivel de educación que entregan establecimientos emblemáticos del país, en manos de municipios. Tanto el de San Nicolás como el Marta Brunet fueron escogidos por el entonces ministro Joaquín Lavín, dentro de un listado acotado de recintos a nivel nacional. El resultado se observa cuatro años después, con una mejoría sustancial en los puntajes; incluso el Marta Brunet se consolida como uno de los ejemplos del nivel municipal en esta prueba que midió los conocimientos de Comprensión de lectura, Matemáticas y Ciencias Naturales, junto con la Escuela Italia de Chillán.

El compromiso del cuerpo docente, una mayor diversidad en materias electivas parece ser el secreto que ostentan estos establecimientos, mientras que en San Nicolás el compromiso de la empresa privada en la formación técnica resulta vital para mejorar la empleabilidad juvenil.

Corresponde analizar estos ejemplos en momentos en que el gobierno impulsa una Reforma Educacional que desmunicipalizará el sistema y eliminará el copago, es decir el aporte adicional de los padres para obtener una mejor educación en su comuna. Ello, por cuanto los resultados municipales en el Simce 2013 fueron más bajos en Chillán que la medición del año anterior, por ejemplo de hasta 10 puntos menos en cuarto año básico, lo que invita a revisar los esfuerzos y énfasis que está poniendo el sistema.