Ha sido una de las iniciativas del actual Gobierno más criticadas por parlamentarios de la Alianza. Luego de dar a conocer en marzo la suspensión de las bases para licitar el futuro hospital de Chillán bajo el sistema de concesiones, inmediatamente empezaron a resurgir los reproches en contra de la administración Bachelet.

Según el senador, Víctor Pérez (UDI), un informe del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entregado a la Cámara de Diputados, demostró que la construcción del hospital no era más cara bajo concesiones, lo que a su juicio echa por tierra los argumentos iniciales del Minsal para frenar el proceso.

estudios

Tras el estudio del MOP sobre los costos de la ejecución de la obras, el senador Varela dijo que los hospitales concesionados sí son eficientes para el Estado, por lo que bajar las licitaciones sólo perjudicó a Chillán y la provincia.

Para el senador de la circunscripción Cordillera, 'quedó en evidencia un conflicto entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud y parece que este último tiene una posición ideológica que no tiene justificación', dijo.

Además, el parlamentario sostuvo que los que apoyaron la bajada del proceso de licitación del Hospital de Chillán deben dar una explicación a la ciudadanía, especialmente, a la gente más desposeída.

A juicio del senador, lo que es más grave es que con la detención el proyecto está en la incertidumbre de si se va a construir o no el recinto asistencial.

Finalmente, Varela insistió en la factibilidad que tienen los hospitales concesionados para el país, hecho que se vio demostrado con el estudio del MOP.

'Las concesiones hospitalarias son una vía eficiente para superar el déficit de infraestructura en salud en el país, y esto está avalado por los análisis del MOP, que posee la capacidad técnica para definir los costos de la infraestructura pública', recalcó el senador UDI.

Diversas reacciones ha causado en el mundo político el desafuero del diputado de Renovación Nacional (RN), Rosauro Martínez Labbé. Conocido el fallo de la Corte Suprema, inmediatamente distintos sectores se manifestaron a favor y en contra del parlamentario de la zona.

Ese fue el caso de las juventudes socialistas de Chillán, que ayer se manifestaron en el frontis de la oficina parlamentaria del diputado en la comuna. Los jóvenes del PS estuvieron por varios minutos al frente del recinto expresando su repudio en contra de Martínez, para posteriormente lanzar al interior de la oficina una ofrenda floral.

Por su parte, el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) también se refirió al tema y le solicitó a la justicia que resuelva lo antes posible el caso para sancionar a quienes resulten responsables de los crímenes acaecidos el 20 de septiembre de 1981, en el sector de Remeco Alto, en Panguipulli.

FUNA AL DIPUTADO

Esperanzados. Así se mostraron los jóvenes de las juventudes socialistas con el desafuero del diputado Rosauro Martínez. Según su vice presidenta, Roberta Briones, la ratificación de la Corte Suprema es un gran paso para hacer justicia.

'Como jóvenes no tenemos que estar exentos de la justicia que se está haciendo ahora, donde de a poco van ir cayendo cada una de las personas que torturaron y asesinaron. Es trabajo de nosotros también luchar para que se haga justicia y nos sentimos felices y muy contentos que al fin un violador de los derechos humanos no siga impune en la calle', expresó Briones.

La dirigente del PS de paso criticó a la justicia por la tardanza en el proceso de Martínez y lo asoció a que -a su juicio- anteriormente la administración Piñera protegió al legislador de la zona.

'Se sabía que en el periodo anterior no iba a haber justicia, ya que era un Gobierno de derecha, pero sabemos que ahora los procesos se están agilizando y que haya llegado el momento de Rosauro Martínez es un avance tremendo y que nos deja ver que se está haciendo justicia y se están inculpando a las personas que corresponda', comentó la vice presidenta de las juventudes del PS.

Y agregó, 'esperamos que él no se siga aprovechando de la ciudadanía, que no se siga llenando los bolsillos, que no siga prometiendo cosas que no va a cumplir y que no siga poniendo caras para lo foto sin ningún remordimiento por sus actos'.

OPINIONES

Otro de los políticos que se refirió al tema fue el diputado radical, Carlos Abel Jarpa. El parlamentario, cauto en sus declaraciones, sólo espera que se haga justicia en el caso y se sancione a los responsables.

'Confío en la decisión que ha tomado el pleno de la Corte Suprema permita que la justicia esclarezca estos hechos que ocurrieron hace más de 32 años y en donde están involucradas la muerte de tres personas. Yo creo que aquí lo más importante es que lo más pronto posible la justicia pueda esclarecer estos hechos y determinar al responsabilidad que le pueda caber a algunos agentes del Estado y, por supuesto, sancionar a quienes resulten responsables y también reparar a los familiares de las víctimas', declaró Jarpa.

El diputado Martínez, por su parte, a través de un comunicado público en su página, informó que se encuentra tranquilo y esperando la resolución de la justicia. Además, señaló que seguirá trabajando en su labor parlamentaria, pese a su desafuero.

'Frente a la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia quiero manifestar mi tranquilidad e inocencia. Como siempre lo he dicho, soy respetuoso de la justicia y voy a hacer uso de las instancias que ésta me da', afirmó Martínez.

'El que se haya acogido el desafuero en mi contra, en primera instancia, en ningún caso significa tener responsabilidad de lo que se me acusa'.

El viernes 13 de junio la Corte Suprema ratificó el desafuero, que había sido dictaminado por la Corte de Apelaciones de Valdivia.